David Cameron tenía muchas ganas de llegar a un acuerdo con la Comisión Europea con vistas al referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la UE. Cualquier acuerdo. Dirige un partido que no tiene un sector euroescéptico potente, como en la época de Thatcher. En realidad, todo el partido es euroescéptico, con alguna excepción. Pero Cameron siempre ha dado la impresión de que nunca lideraría una campaña por el no a Europa, y como es el primer ministro no puede ponerse de perfil ante un tema tan importante.
La City londinense juega un papel básico en la financiación de las campañas electorales tories, así como algunos de los grandes empresarios del país. Todos ellos están en contra de romper con Bruselas para siempre. No se creen la versión de los partidarios de la salida, entre los que hay miembros del Gobierno, según la cual las normas de la Organización Mundial del Comercio impiden que el país pierda el acceso a los mercados europeos. Eso es un sueño no basado en hechos reales que el mundo de la empresa no se traga.
El acuerdo al que llegaron Cameron y Donald Tusk está muy por debajo de lo que pretendían los sectores antiUE, pero entra dentro de lo que el primer ministro creía que podía conseguir. Para estar a la altura de la obsesión contra la inmigración que su partido y los medios de comunicación conservadores han inculcado durante años, debía obtener algo en relación a los derechos de los trabajadores comunitarios en Gran Bretaña. No podía dejarles sin acceso a prestaciones sociales, pero necesitaba algo que sirviera para armar un titular.
Ya lo tiene, aunque se queda muy lejos de lo que reclamaban los euroescépticos tories y también de lo que ha comentado en los últimos meses. Pretendía que los ciudadanos de la UE que van a trabajar al Reino Unido no puedan tener la posibilidad de solicitar los mismas prestaciones que los británicos, por ejemplo el subsidio de desempleo y las ayudas por hijo o para pagar la vivienda. Eso siempre que hubieran trabajado el tiempo suficiente en el país. La idea de los euroescépticos es que si alguien se quedaba en el paro se viera obligado más tarde o más temprano a regresar a su país.
Alemania, Polonia y otros países no lo aceptan porque en la práctica supone poner fin al derecho a la libre circulación de los trabajadores europeos dentro de la UE. El problema de los tories es que están muy a favor de la libre circulación de capitales, pero no son tan liberales cuando piensan en los trabajadores.
De ahí que Cameron presionará a la Comisión para que su Gobierno pudiera imponer lo que se llamó «un freno de emergencia», es decir, interrumpir el derecho a recibir esas ayudas durante al menos cuatro años a partir de la llegada de esas personas al país. Nadie vive cuatro años seguidos si no obtiene ningún ingreso. Es una forma indirecta de expulsarlos.
La concesión que se le ha dado es permitir a Londres que esa posibilidad exista, pero no será automática. En primer lugar, tiene que ganar el ‘sí’ en el referéndum, y después Londres tiene que promover un proceso que, teniendo en cuenta cómo funciona todo en la UE, se podría prologar durante muchos meses, quizá hasta 18. No exigirá un cambio en los tratados, lo que aseguraría un proceso interminable y condenado al fracaso, sino una reforma legislativa convencional. Aun así, no será automático ni rápido como pretende hacer creer Cameron, y no es seguro que lo pueda conseguir.
La recepción del acuerdo por la prensa conservadora deja claro que Cameron no tendrá el apoyo de aquellos que ya han apostado por el Brexit, lo que no es nada sorprendente. Lo que le importa para poder culminar esta legislatura que acaba de comenzar, y que será para él la última, es que los pesos pesados del partido le apoyen ante el referéndum. Si gana el ‘no’, todos están pringados y nadie podrá reclamar su dimisión, al menos nadie que esté en condiciones de derrotarlo en una votación en el grupo parlamentario.
Parece que eso es lo que ha conseguido de momento porque la ministra de Interior, Theresa May, y el alcalde de Londres, Boris Johnson, no se van a rebelar. Lo mismo obviamente se puede decir del número dos del Gobierno, el ministro de Hacienda, George Osborne. Ellos son los que se disputarán el liderazgo de los tories para la próxima legislatura.
Eso sí, la prensa tory le va a machacar hasta que se celebre el referéndum, probablemente el 23 de junio. Pero ya contaba con eso. Ahora pedirá el sí en la consulta a la UE, y si pierde en las urnas, se quedará en Downing Street.
