Si vas a chantajear al Estado más poderoso del planeta, mejor hazlo a lo grande, piensan los saudíes. NYT:
Arabia Saudí ha comunicado a la Administración de Obama y a miembros del Congreso que venderá sus activos en EEUU por valor de centenares de miles de millones de dólares si el Congreso aprueba una ley que permitirá hacer responsable al Gobierno saudí ante los tribunales norteamericanos por cualquier intervención en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El Gobierno presiona al Congreso para que no salga adelante esa ley que facilitaría el camino a demandas ya presentadas en los tribunales por familiares de las víctimas del 11S. Los demandantes pretenden demostrar que los miembros de Al Qaeda contaron con el apoyo de organismos públicos saudíes u organizaciones benéficas sostenidas por el Gobierno.
Adel al-Jubeir, ministro saudí de Exteriores, entregó personalmente el mensaje del reino el mes pasado en un viaje a Washington. Contó a los congresistas que Arabia Saudí se vería obligada a vender hasta 750.000 millones de dólares en deuda del Tesoro y otros activos en EEUU antes de correr el peligro de que sean bloqueados por los tribunales norteamericanos.
Como son tan buenos aliados, hay que anotar ese «se vería obligada» como el muy poco oculto intento de que el ultimátum no parezca lo que realmente es. Obviamente, como recuerdan algunas opiniones citadas en el artículo, Arabia Saudí se vería tan perjudicada económicamente como EEUU por esta venta masiva de activos en un corto plazo de tiempo por debajo de su precio normal.
Pero es sin duda indicativo de las relaciones entre ambos países. La monarquía saudí tiene, ahora como en el pasado, la garantía del apoyo de la Casa Blanca, que vetaría una ley de esas características si saliera adelante en el Congreso. El proyecto tiene el apoyo de congresistas de ambos partidos, con lo que existe la posibilidad, de momento sólo eso, de que obtenga una mayoría que pueda anular el veto presidencial. Y eso es lo que ha comenzado a preocupar a Riad.
El informe de la comisión parlamentaria del 11S no incluía ninguna prueba de la implicación oficial saudí. Hay otro informe de una comisión parlamentaria, sobre los errores de los servicios de inteligencia antes del atentado, del que 28 páginas fueron declaradas secretas por el Gobierno de George Bush y que nunca han sido difundidas. El exsenador Bob Graham formó parte de esa comisión, y como otros de sus integrantes, ha pedido que sean hechas públicas.
Graham conoce esas páginas, pero no puede hablar de su contenido. Lo que sí dice es que en esa parte del informe se describe una red de personas que supuestamente pudieron prestar ayuda a los secuestradores de los aviones. Según Graham, estos recibieron un apoyo sustancial en Arabia Saudí. En un programa reciente de ’60 Minutes’, en CBS, le preguntaron si se refería a gente en el Gobierno de Riad, millonarios de ese país u organizaciones benéficas. «Todos ellos», respondió.
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