El desprestigio por razones políticas de las fuerzas de seguridad tras un atentado terrorista se paga caro. Una vez que se entierra a los muertos y que finaliza lo que podríamos llamar el duelo civil (aunque en España no es costumbre esperar tanto), es el momento de revisar procedimientos, asignación de recursos y niveles de coordinación entre los diversos cuerpos policiales, y también de investigar los errores cometidos, si los ha habido. Hay que hacerse preguntas siempre que se tenga claro que no encontraremos respuestas a todas.
Ayudará bastante saber que no todos los atentados se pueden impedir. Ayudará aún más conseguir que las luchas políticas previas y posteriores a la matanza no pongan en peligro la seguridad de todos los españoles. Porque no nos engañemos. Un atentado similar al de Barcelona volverá a producirse, no necesariamente con las mismas consecuencias.
El aviso de que las fuerzas policiales españolas y catalanas recibieron en mayo desde EEUU sobre un posible atentado se ha convertido en el último motivo de discordia. Su texto revela la escasa información que contenía y el carácter nada preciso de su contenido. «Información sin concretar de veracidad desconocida». «Atentados terroristas sin especificar» que están siendo preparados por el ISIS. A pesar de esto último, sí hay un objetivo específico señalado como posible: la Rambla de Barcelona.
Por lo que sabemos, tanto el Gobierno central como la Generalitat no le dieron mucho valor al no aportar información sobre la que se pudiera actuar. Blindar la Rambla como si fuera una calle de Bagdad en 2007 no era una opción razonable. En el caso de que hubiera un atentado en marcha, los terroristas habrían elegido otro objetivo. No se puede convertir una arteria central de Madrid o Barcelona en el equivalente a una terminal de pasajeros de un aeropuerto durante meses. A menos que queramos que cunda el pánico.
Ahora sabemos que el plan de los terroristas –está en el auto del juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional– no era atentar en la Rambla de la forma que se hizo. Eso fue una acción desesperada, y desgraciadamente letal, decidida después de que la explosión de Alcanar acabara con su líder y los artefactos explosivos que estaban preparando. Supongamos que sí pretendían atentar en la Rambla, una larga avenida con tráfico de vehículos y zona peatonal, con una furgoneta cargada de explosivos. Todos los bolardos del mundo no habrían impedido una matanza.
Hasta ahí los hechos básicos conocidos. Ahora empieza el espectáculo. El ruedo de acusaciones políticas se ha reanudado estaba semana. La Generalitat desmintió en su momento de forma tajante la noticia de El Periódico que informó sobre el aviso de mayo el mismo día del atentado. El Gobierno central no desmintió en este punto al catalán. Nadie en Madrid dijo que ellos sí habían dado credibilidad al aviso. Las policías reciben cada año decenas de esas advertencias genéricas procedentes de servicios extranjeros. Si no aportan datos concretos sobre los que se puede trabajar, son descartadas.
Hay que quedarse con ese dato, por lo demás ya conocido. Madrid y Barcelona, es decir, sus respectivas fuerzas policiales, recibieron el aviso en mayo. Le dieron la misma valoración.
La polémica suscitada en Barcelona por el nuevo artículo de El Periódico de este jueves con la transcripción del aviso (no el documento original, algo que el diario ocultó a sus lectores hasta que se apuntaron algunas inconsistencias ortográficas) provocó horas después un nuevo desmentido de la Generalitat, este más virulento que las declaraciones anteriores, y en el que se implicó directamente en la respuesta al jefe de los Mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, en una rueda de prensa.
El conseller de Interior, Joaquim Forn, lo calificó de una «campaña de desprestigio contra los Mossos con intencionalidad política». Las acusaciones, también procedentes de Trapero, alcanzaron directamente al director de El Periódico con insinuaciones.
Forn y Trapero sí admitieron que en mayo recibieron una alerta sobre la Rambla «de baja credibilidad», pero no de la CIA.
La referencia a la CIA ha adquirido un carácter simbólico absurdo, también en las declaraciones de los gobernantes catalanes. Da la impresión de que se han metido ellos solos en un agujero para disfrute de sus enemigos. Como si los espías norteamericanos no pudieran estar equivocados, y por lo tanto su mención dejara sin argumentos a quien la negara. Venga de la CIA, Francia o el Reino Unido, el aviso era el que era. No servía, y en esto coincidían Madrid y Barcelona.
Las referencias de Forn a una «campaña» –¿hay algo en política que no forme parte de una campaña?– confirman que el desmentido inicial y el del jueves tenían también intencionalidades políticas, el interés en vender toda la polémica sobre un informe vago e impreciso como un ataque a las instituciones catalanas. Esta línea argumental la conocemos de sobra. A veces se ha hecho con fundamento, el caso de la Operación Cataluña urdida en el Ministerio de Interior de Fernández Díaz; otras sin él.
A última hora del jueves, El Periódico publicó un documento posterior al atentado, este sí íntegro, no una transcripción chapucera, cuya fecha y destinatario son los únicos elementos novedosos, y en cierto sentido alarmantes. El remitente es el mismo y el contenido, también. Los servicios de inteligencia norteamericanos vuelven a enviar el mismo aviso que trasladaron en mayo, y que no sirvió de mucho.
¿Para qué reiterar lo que ya se conoce? Para guardarse las espaldas, no. Nadie había acusado en España a EEUU o la CIA de no haber hecho lo suficiente para impedir el atentado. Ahí es donde entran la fecha y el destinatario. Se envía el 21 de agosto, cuatro días después del ataque de la Rambla. El destinatario es un organismo del Ministerio de Interior, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), que obviamente tenía que haber recibido copia del informe de mayo, al igual que la Policía, la Guardia Civil y los Mossos.
Un detalle más. En el asunto del mensaje, figura: «Texto de la nota enviada a los Mossos el 25 de mayo de 2017», una referencia que vuelve a aparecer en el texto antes de copiar el mensaje de mayo. No hay referencias a los otros cuerpos policiales que recibieron el primer aviso. En el encabezamiento aparece descrito como «secreto» y en cuanto a la preferencia de envío se marca como «prioritario».
¿Por qué los servicios norteamericanos envían en agosto el aviso que ya habían enviado en mayo a un organismo que también lo había recibido en mayo? Por hacerle un favor a El Periódico, seguramente no. Los espías de EEUU no tienen tanta consideración por los periodistas. ¿Los servicios de inteligencia de EEUU suelen enviar sus avisos dos veces, siendo ya inútil la segunda vez? No creo que quieran provocar a los destinatarios. ¿Lo pidió el CITCO que dirige el comisario José Luis Olivera, implicado en algunas de esas operaciones policiales sospechosas con marcado acento político? ¿Necesitaba alguien que apareciera la palabra «Mossos» en una reproducción del aviso de mayo? ¿O era sólo para el archivo?
Cada uno puede responder a esas preguntas como quiera, pero hay algo que no deberíamos olvidar. Habrá otro atentado o intento de realizarlo y no querremos entonces que la bronca de costumbre de la política de este país haga que las fuerzas policiales que deban intervenir estén vigilándose mutuamente, no tengan entre ellas la confianza necesaria o estén siendo utilizadas en operaciones políticas originadas en Madrid, Barcelona o donde sea.
El precio de esa irresponsabilidad sería demasiado alto. Sería jugar con fuego.
