Venezuela tiene dos de cada en cuanto a las principales instituciones del país. Ahora cuenta con dos presidentes y dos parlamentos. Lo que no tiene es un legislativo en que Gobierno y oposición debatan sobre la situación del país. La Asamblea Nacional está controlada por la oposición, pero fue despojada de sus competencias por el Tribunal Supremo, controlado por los chavistas. La Asamblea Constituyente –que es prácticamente monocolor porque la oposición boicoteó su elección en las urnas– fue convocada por Maduro en una decisión que se produjo al año siguiente de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2016.
Ahí es donde entra el Parlamento español que debate sobre Venezuela con una dedicación que poco tiene que ver con el interés esporádico que diputados y senadores suelen prestar a la política exterior. Pero con Venezuela se desata una mutación y todos tienen opiniones sólidas al respecto, todos reprochan al rival su impresentable conducta y todos se presentan como defensores del pueblo venezolano.
A todo ello hay que unir dos expresidentes españoles alineados con la oposición y un tercero que protagonizó un intento de mediación sin resultado entre chavistas y antichavistas. Una parte de la izquierda defiende al chavismo a muerte y la derecha lo considera un ejemplo de dictadura parecido al de Cuba. Un observador extranjero diría que los españoles se dividen en dos tipos: los que tienen una opinión sobre Venezuela y la cuentan, y los que la tienen, pero aún no la han revelado.
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