Arabia Saudí ejecutó a 189 personas en 2019, la cifra más alta de las registradas en el país por Amnistía Internacional. Se confirma una tendencia constante en el reinado de Salmán, que ha aumentado de forma significativa la aplicación de la pena de muerte. Desde su inicio, 879 personas han sido ajusticiadas con el uso de la decapitación por espada. Su hijo, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, prometió en 2018 un descenso de las ejecuciones, lo que nunca ha cumplido.
En realidad, lo que ha caracterizado su Gobierno, del que el príncipe controla las principales áreas, ha sido un reforzamiento de la represión, dirigida contra disidentes políticos, defensores de los derechos humanos y miembros destacados de la comunidad chií. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi demostró que ni siquiera estaban protegidos aquellos que se habían refugiado en el extranjero.
La mayoría de los ejecutados son presos condenados por delincuencia común, como el tráfico de drogas, en juicios en el que los acusados no gozan de los mínimos derechos. En abril de 2019, 37 de ellos fueron decapitados, de los que 32 eran chiíes de la Provincia Oriental.
El informe de Amnistía Internacional estima que en 2019 se produjo un descenso en la aplicación de la pena de muerte por cuarto año consecutivo. Veinte países suponen la inmensa mayoría de los casos. Irak dobló su número, Irán fue el segundo país y China siguió encabezando esta macabra lista. Su cifra real de ejecuciones se desconoce al ser secreto de Estado.
