Los políticos son los primeros que no creen en las instituciones. O al menos sólo creen en ellas cuando las circunstancias les favorecen. Si no es el caso, ignoran lo que dice la ley, su espíritu y lo que ellos mismos dijeron tiempo atrás. El PP se considera amo y señor del constitucionalismo –con independencia de lo que eso signifique– y ahora se niega a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que está pendiente desde finales de 2018. El PSOE alega ser un gran defensor del municipalismo y ahora no permite que los ayuntamientos gasten su superávit en medidas sociales (como también impuso años atrás el PP). Ciudadanos dice que «el Gobierno se ha lavado las manos de la gestión cotidiana de la pandemia», cuando la gestión de sanidad y educación está en manos de las autonomías. Son ellas quienes deciden cuántos médicos, enfermeras, rastreadores y profesores se contratan, porque además son ellas quienes pagan sus salarios. Y en política, quien paga, manda.
«Nos ha dejado a la buena de Dios», ha dicho Carlos Carrizosa, de Ciudadanos. Una parte de esa crítica no está equivocada. Sólo falla la última palabra. El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado a los españoles «a la buena» de Díaz Ayuso, Feijóo, Torra, Urkullu y otros. Todos ellos fueron elegidos después de elecciones y votaciones de investidura. Tienen la legitimidad y las competencias, pero varios han preferido mirar a Madrid a la espera de que les llegue la inspiración. O quizá cuando el panorama empezó a empeorar en agosto y se vio que el verano iba a terminar mal, llegaron a la conclusión de que no querían cargar con todo el marrón y debían buscar «chivos explicatorios», como decían Les Luthiers.
Lo que es indudable es que Sánchez decidió que agosto sería el mes especial autonómico y pasó a segundo o tercer plano. En primavera la oposición le había incinerado por la gestión de la crisis. El PP terminó votando en contra de las prórrogas del estado de alarma y presumió de que el Gobierno madrileño había derrotado al coronavirus y salvado a España. «Nos tienen rehenes y amordazados», denunció Isabel Díaz Ayuso en mayo. Han aplicado «un 155 sanitario», dijo Quim Torra, también en mayo.
Los ‘rehenes’ salieron de las celdas en verano, cegados por la luz y la responsabilidad. Sánchez les entregó las llaves y les deseó buena suerte. Cogió la maleta y las gafas de sol y se fue de vacaciones. A ver qué tal se os da esto. Si tenéis algún problema, no me llaméis. Voy a tener apagado el móvil. Fernando Simón estará en contacto con vuestra gente.
En los gobiernos de Rodríguez Zapatero, hubo una emergencia sanitaria de la gripe A y otras dos crisis menores. Comparadas con el coronavirus, eran casi una broma, aunque podían tener serias repercusiones económicas. Las competencias también estaban entonces en manos de las autonomías, pero el Ministerio de Sanidad realizó una labor de coordinación que facilitó las cosas. Nada de lo que está ocurriendo ahora tiene precedentes. Esta vez, Sánchez decidió que durante un tiempo otros debían pasar por la máquina de picar carne.
Al ver que los gobiernos que preside en Madrid, Galicia, Andalucía o Castilla y León comenzaban a quemarse, los dirigentes del PP ofrecieron dos respuestas: estaban los que acusaban a Sánchez de estar tirado en la tumbona mientras aumentaban los casos y los que decían que estaba tumbado en la hamaca. Es un partido muy disciplinado en esto del mensaje y no pasa nada si hay que obviar qué institución tiene las competencias. No mencionaron a Díaz Ayuso, que ha estado de vacaciones durante buena parte de agosto (es un derecho para todos los trabajadores y también para los políticos) o haciendo yoga en su despacho, porque no se le ha oído mucho. La hiperactiva Ayuso ha dejado que sus consejeros lleven el peso de la respuesta pública ante la realidad de que Madrid vuelve a encabezar el ranking de casos de coronavirus confirmados. Los malos datos del sur de la capital y de la comunidad han obligado al Gobierno madrileño a recomendar a los ciudadanos que «intenten quedarse en casa en las zonas en las que hay más incidencia de casos». Al mismo tiempo, descarta el confinamiento por zonas.
«Nos consta que la gente no sigue nuestras recomendaciones», se ha quejado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Mal asunto si la única carta que le queda a un Gobierno es echar la culpa a la gente.
Si todo esto suena a una aparente contradicción, en Moncloa no deberían reírse del mal ajeno, porque puede ser que en septiembre le toque al Gobierno central lanzar mensajes similares.
Esta es la semana en que el Gobierno reanuda su actividad y está por ver cómo afectará a sus relaciones con las CCAA. El martes, hay Consejo de Ministros y se reúne el secretario de Estado de Educación con los viceconsejeros autonómicos. Dos días después, tres ministros se verán con los consejeros de Educación y Sanidad. Díaz Ayuso dará este martes una rueda de prensa con su titular de Educación.
La posición de partida del Ministerio de Educación: ya se acordó en junio que la vuelta al colegio se produjera en las fechas habituales y de forma presencial. Lo que pasa es que, en términos de evolución de la pandemia, junio ya no vale para mucho. Es como si se refirieran a la anterior legislatura. Si el Ministerio insiste en que las clases deben ser presenciales, es muy posible que esté vendiendo una quimera. La única salida viable sería revertir por completo la tendencia en el aumento de los contagios que se está viendo en las últimas semanas. El incremento es evidente en otros países de Europa, pero los datos de España son muchísimo peores. 19.382 nuevos contagios desde el viernes al lunes, 5.992 en Madrid y 3.570 en Catalunya.
Otro aviso de Educación ha sido recordar que se destinó 2.000 millones de euros del fondo Covid para Educación y casi 260 millones para el Plan Educa en Digital. Es decir, gasten el dinero y luego ya hablamos.
El discurso público sobre la pandemia se está viniendo abajo. Tenemos a políticos reclamando a la gente que controle sus relaciones sociales y a muchas personas acusando en redes sociales a los gobiernos de no realizar su labor. Ambos tienen su cuota de razón, aunque en esta competición no hay ganadores si alguien pierde. Las autoridades no están en condiciones de volver al confinamiento total de la primavera –Macron también lo ha descartado en Francia–, porque el impacto económico sería inimaginable y porque ni siquiera están convencidos de que se vaya a respetar como se hizo entonces. Tenemos un déficit evidente de rastreadores en Madrid («en cada área hoy, sólo de la última semana, hay de cientos a miles de positivos a los que no se les ha llamado. No hemos hecho nada con ellos. Hemos perdido el control de la pandemia. Es criminal decir que esto está bajo control», ha dicho una epidemióloga a El País). Tenemos jueces que se dedican a interpretar el papel de epidemiólogos amateurs y deciden en qué poblaciones se aplican restricciones básicas y en cuáles no. Tenemos brotes en bodas, discotecas, comidas familiares en las que la mayoría de asistentes acaba contagiado, y hasta en burdeles (quién iba a pensar que el distanciamiento social y el sexo eran difíciles de compatibilizar). Y tenemos una feria taurina prevista en Alcalá de Henares, Madrid, con aforo para más 4.000 personas que puede generar imágenes que se verán en el resto del mundo como un ejemplo de que los españoles han perdido la cabeza por pasar demasiado tiempo al sol.
Siempre se puede a ir a peor, pero hay que intentarlo con ganas para llegar a este punto.
