La prensa de derechas decía que había un «clamor» para que el Gobierno central asumiera el liderazgo en la lucha contra el coronavirus y pasara por encima de las competencias de las Comunidades Autónomas. Era también el mensaje del PP, preocupado por el impacto de la enfermedad en la reputación de sus gobiernos autonómicos. Ambos eran los mismos que desdeñaron primero y rechazaron después las últimas prórrogas del estado de alarma, ese instrumento legal excepcional que concede todo el poder al Gobierno central. Por la gravedad de la situación y por las decisiones contradictorias o simplemente absurdas de algunos jueces metidos en el papel de expertos en pandemias, se decía que varias autonomías exigían «instrumentos jurídicos» de los que carecían.
Tanto marear con la Constitución y ahora resulta que algunos de sus principios básicos son sólo unas simples directrices.
Ya tienen una respuesta de Pedro Sánchez. ¿Quieres más seguridad jurídica? Ahí tienes un estado de alarma a medida solo para tu territorio que los partidos del Gobierno de coalición no tendrán inconveniente en ratificar en el Congreso. ¿Os faltan manos para el rastreo de casos? Allá van 2.000 militares. ¿Hay dudas sobre la vuelta al colegio? Os dimos 16.000 millones a fondo perdido para que contratarais profesores y acometierais inversiones. ¿Queréis que Moncloa y Sanidad asuman el control absoluto y por tanto asuman las consecuencias negativas? «El Estado autonómico no es un invento de quita y pon. Está en el Título VIII de la Constitución», explicó el presidente.
Sánchez regresó de sus vacaciones dispuesto a mantener la apuesta. El desgaste brutal sufrido en primavera no pareció notarse mucho en las encuestas, pero es un error pensar que eso va a continuar siendo así. En especial, cuando los datos de contagios en España son ahora muy malos, mucho peores que en el resto de Europa y todavía no ha llegado el otoño cuando el riesgo será mucho mayor, aunque algunos hayan tenido ahora mucha prisa en decretar la inauguración oficial de la segunda oleada de la pandemia. Todos los esfuerzos y sacrificios del confinamiento corren el riesgo de quedar amortizados. Lo mismo se puede decir de los gobiernos que no se pongan las pilas.
La omnipresencia de Sánchez en primavera, con un presidencialismo propio de los amantes de ‘El Ala Oeste’, ha dado paso a la cautela. Mientras los hospitales aguanten en la mayor parte del país, Moncloa ha decidido que es mejor volver al sistema parlamentario y autonómico. Las autonomías cuentan con las competencias y los recursos, después de que hayan recibido la ayuda del Estado, para ejecutar sus funciones. Si hay que ir más lejos, ahí está la opción del estado de alarma para los valientes, que no conlleva necesariamente un confinamiento generalizado.
No se sabe cuándo empezaron a sudar algunos presidentes autonómicos ante el dilema. Algunos ya han salido corriendo para negar que eso sea necesario. Otros más inteligentes se limitan a no precipitarse y afirman que tomarán las medidas necesarias en cada momento. Cuando alguien con mando en plaza dice que cada palo aguante su vela, es conveniente que cada uno tenga claro cuánto pesa esa vela.
Quien no deja que la realidad constitucional le frene es Pablo Casado. Le convenía esperar a ver cómo reaccionaban sus barones regionales, pero ya se sabe que el líder del PP habla más rápido de lo que piensa. Pocos minutos después, acusó a Sánchez de «dejación de funciones» y dijo que no puede ampararse en «el burladero de las Comunidades Autónomas». Cómo son los antisistema. Qué poca confianza tienen en la Constitución.
Sánchez incurrió en el optimismo antropológico que fue la nota predominante de la propaganda oficial de hace unos meses. Quiso dar «un mensaje de alerta y serenidad», una recomendación un tanto contradictoria que suele ser difícil de interpretar. Si estás alerta después de 28.924 fallecidos y un exceso de muertes de 45.000, resulta difícil estar tranquilo. «No nos podemos permitir que la pandemia vuelva a adueñarse de nuestra vida, como en la primavera. Y quiero ser claro en este punto: no lo vamos a permitir. Repito: no lo vamos a permitir», dijo. Por mucho que insista, el caso es que se adueñó de nuestras vidas en el confinamiento, las ha condicionado por completo en el verano y lleva camino de volver a marcarlas en otoño. Es verdad que los gobiernos que sólo ofrecen un mensaje tétrico y fatalista no disfrutan de mucha esperanza de vida. Aun así, ser creíble te obliga a no alejarte demasiado de la realidad.
Más promesas en el tema que más preocupa ahora mismo a millones de españoles. Aunque las competencias de educación sean de las autonomías, Sánchez utilizó la primera persona del plural en este caso. «Vamos a hacer de los centros educativos centros seguros de Covid», prometió. «Les garantizo a los padres y madres y al personal docente que los centros educativos van a ser libre de Covid». Eso es poner el listón muy alto y, por otro lado, es lo que esperan escuchar los progenitores.
«Mi pregunta es: ¿cómo lo va a garantizar?», le respondió un escéptico Casado abriendo los brazos. Resulta que es el mismo compromiso que había anunciado Isabel Díaz Ayuso. «No mandamos a los alumnos a lugares de riesgo. Mandamos a los alumnos a lugares seguros», dijo la presidenta madrileña.
¿Qué otra cosa pueden prometer las autoridades? Se ve que en este tema Díaz Ayuso ha estado al final más despierta que Casado.
Nadie puede ignorar los riesgos. Como le habían exigido los sindicatos, Ayuso anunció la contratación de un alto número de profesores, 11.000, y la reducción a veinte del número máximo de alumnos por aula. Dado que ya se echa encima el curso escolar, la reapertura de las clases se hará de forma gradual por edades. Se asegura la educación presencial a los alumnos de infantil y primaria, y sólo de forma parcial a los de secundaria. La Generalitat catalana de momento deja que cada centro establezca sus criterios, aunque se compromete a abrir todas las instalaciones de enseñanza. Euskadi garantiza la educación presencial en todas las edades. Como cada año, cada autonomía tomará las principales decisiones y algunas, las más afectadas por los nuevos brotes, deberán comunicar muy claramente qué harán si se producen positivos entre alumnos y profesores. Será casi imposible impedirlos. Una vez más, la habilidad en comunicar las malas noticias será la clave que distinga a unos gobiernos de otros.
Póngame todo lo que hayan pedido Euskadi y Catalunya. Esa fue la tendencia de los gobiernos autonómicos cuando optaron por aumentar sus competencias hasta el límite. Ahora algunos desearán no estar tan expuestos. Es lo malo de llevar tatuada la palabra Constitución en la frente. Lo puede ver todo el mundo.
