El Ministerio de Sanidad ha decidido aplazar la vacunación del personal sanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la Covid para adelantar el inicio de la inmunización de las personas mayores. Otros se han dado más prisa. Un grupo numeroso de políticos, sobre todo en pequeños ayuntamientos, ya se ha saltado el protocolo aprobado para colarse en la lista de vacunaciones con todo tipo de excusas. Es una de esas cosas que no resulta sorprendente en este país. Habrá quien piense que esto es inaudito en mitad de una pandemia. En realidad, es al revés. Estaba cantado que algunos iban a ocuparse de hacer valer su posición en un momento de tantas urgencias como este.
Lo peor de todo es que se han vacunado en secreto y sólo se ha sabido gracias a los medios de comunicación. En la parte positiva, hay que apuntar que estos chanchullos se han conocido muy pronto, cuando aún no se ha consumido el primer mes de un proceso que será muy largo, y se supone que se tomarán las medidas necesarias para que algo así no se repita.
Entre las revelaciones inesperadas está la de que las Fuerzas Armadas ya han recibido su cupo personal e intransferible de vacunas. Antes de que los médicos de urgencias en los hospitales reciban su dosis, nos hemos enterado de que los generales ya han enseñado el brazo para que les pinchen. Y evidentemente nadie se había molestado en comunicarlo. De hecho, ni siquiera lo sabía la ministra de Defensa. La sanidad militar tiene su propia estructura, pero eso no justifica que tenga su propio protocolo por el que los que tienen más estrellas no deben esperar mucho tiempo.
Puestos a encontrar razones de peso, no parece un error que se vacune a los militares destinados a misiones internacionales en países con una infraestructura sanitaria inferior a la española o que partan en una misión en un buque durante varias semanas. Lo que es más difícil de aceptar es que el jefe de Estado Mayor de la Defensa, que trabaja en un despacho, haya recibido su primera dosis. El general Miguel Ángel Villarroya tiene 63 años. Los españoles de más de 70 años que viven en su casa aún no han sido vacunados.
Villarroya animó las primeras ruedas de prensa del comité gubernamental de gestión del coronavirus con esas frases tan castrenses. «En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado luchar, todos somos soldados», dijo en marzo.
Todos somos soldados, pero cuando llegan las vacunas los generales van los primeros en la lista. Lo contrario que en el campo de batalla, donde son los soldados los que saltan los primeros en la trinchera. Villarroya no es el único que ha demostrado el «espíritu de servicio» del que alardeaba en sus ruedas de prensa. Otros militares del Estado Mayor, más jóvenes que él, también se han sacrificado. Todo sea por España.
Los hay como Albert Rivera –qué raro que se metiera en la polémica en calidad de político jubilado– que han pedido que se vacune con independencia de su edad «para dar ejemplo». Es algo que no parece ya necesario. Según una encuesta internacional de YouGov, ha aumentado de forma notoria el porcentaje de europeos que se han vacunado o están dispuestos a hacerlo. Veinte puntos más en Reino Unido, 19 puntos más en Italia o 18 puntos más en España. Incluso en Francia, el país europeo con más oposición a las vacunas.
El premio gordo de la lista de políticos con privilegios lo encabeza el ya exconsejero de Salud de Murcia, que incluyó a 400 altos cargos y funcionarios de su departamento en la vacunación exprés. En segundo lugar, se encuentra el consejero de Salud de Ceuta, que tiene el privilegio de haber ofrecido la explicación más surrealista (y la ventaja de que su presidente, del PP, no le cesará). Él no quería, porque ni siquiera le gustan las vacunas. No dijo por qué. Afortunadamente.
Después, aparecen una serie de alcaldes de pequeñas localidades que aprovecharon su oportunidad. El récord del descaro podría estar en la localidad vallisoletana de Villavicencio de los Caballeros. El alcalde, dos concejales y el cura del pueblo fueron inscritos como trabajadores de una residencia de ancianos que no habían pisado con el fin de inmunizarlos. Todo porque forman parte del patronato que controla la residencia.
El alcalde de La Nucía, en Alicante, alegó que es el médico del equipo de fútbol de la localidad. Mucho más peligroso que ser médico en un hospital. Otro argumento recurrente de otros cargos políticos es que «sobraban dosis», como si eso significara que había barra libre para los voluntarios. El senador tinerfeño Antonio Alarcó justificó sus privilegios por ser cirujano y población de riesgo, aunque aún no ha empezado la vacunación para esos grupos. El alcalde de Villahermosa del Río, en Castellón, dijo que era administrador de una residencia, un puesto que de momento se considera que no es personal sanitario.
Esta pandemia servirá para que no se contemple con tanta ternura eso que se llamado la picaresca española.
Entre los elegidos, hay nueve cargos electos del PSOE y siete del PP. No hay que ser un genio para saber que el partido que mire a otro lado al saberse que sus políticos le están echando mucha cara va a pagar un precio muy alto. Tras el papelón de Murcia, el PP ha prometido que reaccionará con «ejemplaridad» si se conocen casos de este tipo en su partido. El PSOE anunció el viernes que pedirá la dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de vacunación, porque «no consiente este tipo de actitudes insolidarias». Se ha referido en concreto al alcalde de Asín, un pueblo de 98 habitantes.
No importa el tamaño del municipio. Ahora mismo no hay nada peor que recurrir al poder, por pequeño que sea, para saltarse la cola.
