Las campañas electorales hacen que se eleven las pulsaciones de los políticos hasta niveles muy perjudiciales para la salud. En los tiempos de crispación como los que vivimos, los cargos electos compiten en una carrera en que parece que lleva ventaja el que la suelta más gorda. Los medios de comunicación hacen su aportación corriendo para hacerse eco de las declaraciones más intempestivas. Una buena parte de los lectores contribuye dando más tráfico a esos artículos cargados de pólvora. Pero la mayor responsabilidad está en el punto que origina este proceso: los políticos que deciden que hay que comenzar cada día con una buena patada en la entrepierna del adversario.
El debate caliente de los últimos días gira en torno al concepto de «normalidad democrática» a partir de las declaraciones de Pablo Iglesias al diario ARA. «En España, no hay una situación de plena normalidad democrática», dijo, porque los líderes de los dos partidos que gobiernan Catalunya están en prisión (Oriol Junqueras) y en Bruselas (Carles Puigdemont). «Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie». Tampoco Rajoy ha matado a nadie y Unidas Podemos reclama con justicia que se haga responsable de la corrupción producida en sus años de Gobierno. Los gobiernos y los políticos están obligados a cumplir la ley. Si no lo hacen, debe haber consecuencias.
¿Dónde hemos escuchado eso de que la democracia española no da la talla, está agonizante o ya ha perecido? En muchos sitios. Pocos se han distinguido tanto como la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ve Venezuelas por todas partes. «España va camino de ser una democracia sólo de nombre», dijo en noviembre. Se están «arrasando derechos fundamentales». No perjudicando o dañando. Arrasando. No es que vayamos mal, es que «vamos camino del totalitarismo». Está claro que Ayuso sólo conoce del totalitarismo lo que le ha leído a Jiménez Losantos.
Para los independentistas catalanes, España ya no es una democracia. Sin más. De Vox ya ni hablamos. La extrema derecha sostiene que el Gobierno forma parte de una conspiración «globalista» y se dedica a matar a sus ciudadanos.
La diferencia con Iglesias es que el líder de Unidas Podemos es vicepresidente del Gobierno. Los partidos que están en un Gobierno no suelen tener mucho futuro en Europa si afirman que el país es un desastre sin paliativos. Por definición, es un mecanismo desmovilizador de sus votantes. Si has apostado tanto para estar en el Ejecutivo como segundo partido, y todos sabemos que se trataba de una apuesta estratégica de Iglesias, tienes que defender a muerte que las cosas están cambiando, que lo que antes parecía oscuro, ahora se empieza a aclarar.
Iglesias sí ha defendido en numerosas ocasiones con ejemplos concretos el impacto de la presencia de los miembros de Unidas Podemos en el Gabinete. Es sólo que no resiste la tentación de ejercer de analista político de largo recorrido con la intención de resaltar las deficiencias del sistema político. Y luego no puede quejarse de que se destaque más lo segundo que lo primero.
Podemos no puede presentarse en la próxima campaña nacional como si fuera un partido de la oposición, porque muchos de sus votantes pensarán que fue un error unirse al Gobierno.
En el partido, no se hace nada sin un vídeo. El emitido estos días no es tan cutre como el que se hizo superponiendo la banda sonora de la serie ‘Narcos’ a un montaje con imágenes de la monarquía que podría haber mejorado hasta un estudiante. Aun así, la pregunta que se debe hacer un partidario de Podemos puede ser: ¿qué están haciendo los ministros para que esto siga así?
La opinión del vicepresidente ha causado estupor en los ministros del PSOE. Es frecuente leer críticas socialistas a Iglesias y otros dirigentes de Podemos por desvelar en público las diferencias internas entre los dos partidos. Es bastante hipócrita. Los ministros socialistas también hablan del tema, pero lo hacen de forma anónima. «Pablo Iglesias no está en la acción de gobierno, no tiene gestión, no hace nada, y cada día se ve obligado a ir más allá y hacer declaraciones más escandalosas para llamar la atención», han dicho a El Mundo.
Qué buen rollo. Al menos, los dirigentes de Podemos no andan diciendo que Pedro Sánchez se pasa el día mirándose al espejo o que no mueve un pie sin que lo autorice Iván Redondo. Sus críticas no son tan personales, de las que crean un mal ambiente que se guarda para la siguiente embestida.
Los socialistas no son tan elocuentes cuando les preguntan por las dos ocasiones de los últimos días en que el PSOE le ha hecho la cama a sus aliados. Ocurrió con la propuesta socialista de ley de igualdad de trato en la que ignoraron olímpicamente a la ministra de Igualdad. Esta semana, repitieron la jugada con una nota con un par de párrafos enviada por Moncloa a las nueve de la noche anunciando el proyecto de eliminar las penas de cárcel en los delitos de opinión. Lo hicieron al enterarse de que Podemos iba a presentar una proposición de ley con una intención muy similar. Como presentarse a un examen presumiendo de que has estudiado mucho cuando te han pasado las preguntas el día anterior.
La coincidencia con las elecciones de Catalunya es un factor que ha agravado esa confrontación. Es un hecho inevitable que se sabía que se iba a producir. El escenario catalán no ha perdido su capacidad de condicionar la política española y de mantenerla con fiebre alta sin que nadie sepa qué es lo que puede estabilizar al paciente. Esa es la única victoria efectiva que han conseguido los independentistas. Con eso están tan lejos de la independencia como el primer día, pero es obvio que la idea, que no se basaba en nada, de que el conflicto había pasado al congelador se ha visto desmentida por la realidad.
La respuesta más inteligente al follón creado por las palabras de Iglesias la dio el miércoles la ministra de Trabajo que apoyó ese mensaje por la vía de los hechos, no golpeándose el pecho. «Fíjese si es tan evidente lo que piensa el Gobierno que ayer mismo se registraba una iniciativa para corregir esta anomalía democrática», dijo Yolanda Díaz en referencia a la futura entrada en prisión del rapero Pablo Hasel. Si el PSOE y Podemos quieren impedir que un ciudadano acabe en prisión por un presunto delito de opinión, están cambiando algo que figura actualmente en las leyes y que hará que la democracia sea más plena, como dicen tantos ahora.
Lo que dice Díaz debería ser obvio para cualquier político en el Gobierno. Lo que importa no es lo que opinas sobre una mayor o menor injusticia, sino lo que haces para que no se vuelva a repetir. Todo lo demás es comentario de texto.
