La mayoría de los lectores lo habrá olvidado, pero en noviembre de 2020 la democracia española recibió un golpe mortal. La oposición denunció que se había instalado en Moncloa un «Ministerio de la Verdad» y varios periódicos de Madrid compraron la moto con todos los accesorios en sus portadas. Una orden ministerial del Departamento de Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno, había decretado la formación de una comisión que sería la interlocutora ante la Comisión Europea para todo lo relacionado con la lucha contra la desinformación originada en estados extranjeros. Pablo Casado afirmó que el objetivo del Gobierno era vigilar a los medios: «Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad». ¿Cumpliendo órdenes de Bruselas?
El PP amenazó con llevar el tema a la Comisión Europea y el Parlamento. Luego se olvidó del tema, entre otras cosas porque la Comisión pasó de ellos. La comisaria europea de Justicia confirmó que lo aprobado se ajustaba a lo solicitado por Bruselas y no tenía nada que ver con tomar decisiones sobre el contenido de los medios de comunicación.
Otros lectores recordarán que unos meses después, en febrero, se consumieron páginas y declaraciones sobre si España era una democracia plena, marca registrada. Los mismos que invocaron en vano a George Orwell dijeron indignados que desde luego que España era una democracia intachable, plena y faldicorta. ¿Pero cómo podía serlo si una simple orden ministerial publicada en el BOE había anulado supuestamente la protección de derechos fundamentales garantizada por la Constitución?
Antes de tomar el camino del exilio, conviene tranquilizarse. Todo era otro incendio atizado por pirómanos que más tarde ignoraron la polémica para pasar a la siguiente. Cerillas, no les faltan.
El Congreso tuvo el lunes la oportunidad de que Miguel Ángel Ballesteros –el general que dirige el Departamento de Seguridad Nacional– explicara a qué se dedica esa comisión. Todos aquellos interesados en la amenaza de la desinformación que siguieron la sesión debieron de quedarse bastante deprimidos. Algunos grupos parlamentarios continuaron ignorando que el trabajo de la Comisión y los gobiernos europeos sobre desinformación está enfocado a posibles amenazas exteriores (para la Comisión, el mayor peligro procede de Rusia). Les dio igual, porque ocuparon el tiempo en lanzar críticas al Gobierno español o a los medios de comunicación.
El representante del PP plegó velas un poco con respecto a lo que dijo su partido en noviembre. Pero sus preguntas estaban siempre relacionadas con lo que ocurre en España. Fernando Gutiérrez no dijo que la democracia está en peligro después de escuchar las explicaciones del general. «¿Diferenciamos adecuadamente al Gobierno del Estado?», se preguntó. Él es diputado, así que debería conocer el funcionamiento del Estado. «A veces es conveniente proteger a la sociedad de sus gobernantes». Suena un poco sombrío en una democracia, pero después de todo para eso están los tribunales de justicia. «¿Quién controla al controlador?», dijo refiriéndose al Gobierno. La respuesta es muy sencilla: el Parlamento (además de los tribunales). Los votantes suponen que los diputados saben a qué se dedica el Parlamento. Quizá sean demasiado optimistas. Nada de todo eso tiene que ver con la lucha contra la desinformación que plantea Bruselas.
Gutiérrez acabó su intervención de forma algo confusa, pero original. Sostuvo que hay que estar prevenidos ante la tentación de utilizar políticamente los recursos del Estado «sea el gobernante Donald Trump, Adolf Hitler o Pedro Sánchez». Se echó a reír, quizá porque le gustó el chiste o porque se dio cuenta de lo que había dicho y rápidamente precisó que no había querido comparar a Hitler con Sánchez.
Vox tampoco tuvo mucho interés en hablar del asunto que ha justificado la formación de una ponencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que celebraba el lunes su primera sesión. Básicamente, su intención era acusar al Gobierno de mentir. «¿Qué hacemos cuando el principal emisor de esa información (falsa) es el presidente del Gobierno?», preguntó Julio Utrilla al general.
Ballesteros, que es un alto cargo de Moncloa, no cayó en la trampa. Le dijo que es fundamental que el responsable de Seguridad Nacional no entre en las luchas entre partidos. «Si yo entrara en el debate político que usted plantea, debería dimitir esta misma tarde». Ya había contado antes que la comisión sobre desinformación realiza una labor «técnica». Algunos diputados optaron por no prestarle atención.
Un día antes de que el diputado de Vox denunciara complots contra su partido por el Gobierno y las televisiones, su líder enarboló en Sevilla la teoría de la conspiración llamada ‘el gran reemplazo’, una idea racista surgida en Francia y extendida por todo el mundo según la cual las élites han decidido reducir la mayoría de raza blanca de sus países para sustituirla por extranjeros del resto del mundo. Santiago Abascal calificó el plan España 2050, presentado por Sánchez, como «una agenda de sustitución poblacional» para atraer a España a miles de inmigrantes cada año. Con Vox, la posible amenaza exterior de la desinformación ha cobrado un carácter local. No hay que irse al extranjero para encontrar bulos con los que desacreditar las instituciones y difundir ideas xenófobas.
Rafael Mayoral introdujo el tema de los medios de comunicación que «pretenden alterar el funcionamiento político», en relación a las acusaciones a Podemos no probadas en los tribunales. Se preguntó «qué mecanismos tiene el Estado para prevenir eso». Para esa función, sólo sirven los tribunales y el Código Penal. Los generales que trabajan en Moncloa no pueden dedicarse a hacer crítica periodística en público, a diferencia de los políticos y de los propios periodistas. «Nunca entramos en el análisis partidista ni en el debate político interno», respondió Ballesteros.
En su intervención inicial, Ballesteros explicó qué reclama la Comisión Europea a los gobiernos desde 2015, con ocasión de la anexión rusa de Crimea, y en qué términos debe llevarse a cabo la lucha contra la desinformación. El apoyo a los medios de comunicación resulta esencial, dijo. Otra labor es «fomentar el pluralismo en los medios». Ballesteros puso un ejemplo: «Un Gobierno no puede dar ayudas económicas a sus medios afines». Verás cuando se enteren en el PP de Galicia, Castilla y León u otras zonas de España. Ese es otro tema del que es mejor que Bruselas no se entere.
Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, puso sobre la mesa la crisis reciente de Ceuta por las noticias sobre cómo las autoridades marroquíes propiciaron con bulos que miles de personas intentaran superar la frontera por el mar. Dijo que «un Estado (refiriéndose a Marruecos) puede desinformar a sus ciudadanos», lo que es perfectamente posible. Sobre ese tema, Ballesteros prefirió no contar nada, porque el Gobierno «está trabajando en ello».
Lo cierto es que los grupos parlamentarios podrían preguntar a la directora del CNI qué informaciones tuvo sobre ese ataque de Rabat y su origen. Pero no pueden, porque sólo están en condiciones de hacerlo en la Comisión de Secretos Oficiales y en esta legislatura ni siquiera se ha formado.
Antes de pegar gritos sobre fantasmales Ministerios de la Verdad, convendría que los diputados hicieran su trabajo. En relación a la amenaza de la desinformación, van a necesitar muchas sesiones para ponerse al día.
