Las mascarillas han sido un gran símbolo en la lucha contra la pandemia por la conveniencia de su uso y como símbolo de todas las cosas que han cambiado. Durante un tiempo, se dijo que era casi imposible que en las sociedades individualistas de Europa la gente aceptara llevarlas siempre y en todo momento a diferencia de países como Japón y Corea del Sur. Si no llegaron desde el primer minuto, fue porque no había suficientes en ningún país europeo. Luego se asumieron con naturalidad, excepto en Estados Unidos y Reino Unido, donde sectores libertarios de la derecha o simplemente ultras las definieron como un bozal con el que se pretendía amordazar a los ciudadanos libres. Incluso en Madrid, el territorio donde el PP ha copiado muchas de esas ideas, las autoridades autonómicas las aceptaron sin problemas.
Como muchas de las cosas que hemos presenciado, había una cierta contradicción en la obligación del uso en exteriores. La gente llevaba la mascarilla cuando andaba por la calle, una situación de riesgo bajo en general, y se las quitaba para entrar en un bar o restaurante, cuando los espacios cerrados son los lugares más peligrosos. La realidad es que eran necesarias y ayudaban a que la gente entendiera que se encontraba ante una situación excepcional. También era una de esas medidas que los gobiernos y parlamentos podían tomar sin coste económico alguno para sus presupuestos. No como reforzar la Atención Primaria, por dar un ejemplo.
Gracias al buen ritmo de vacunación, los gobiernos han tenido que limitar la obligatoriedad. No se podía seguir manteniendo un discurso positivo o casi eufórico con el aumento constante del número de inmunizados y seguir imponiendo la mascarilla al salir de casa. Los políticos pueden equivocarse, pero lo mínimo que se les pide es que sean consistentes. La decisión debía convertirse en un real decreto que fuera aprobado por el Parlamento. Un trámite con una votación cuyo resultado de repente no estaba tan claro, porque el PP y Vox no quieren dar al Gobierno ni un minuto de respiro y algunos gobiernos autonómicos habían comenzado a cambiar de opinión con el aumento espectacular de los contagios en las últimas semanas.
Es otra muestra de que la política no discurre por los mismos derroteros que el mundo real. Al final, el cambio salió adelante por 180 votos a favor, 90 en contra y 78 abstenciones. Casi la mitad de la Cámara decidió que si el Gobierno dice que el Sol sale por el Este, lo más probable es que esté inmerso en una conspiración para cambiarlo de sitio.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, presentó las vacunaciones como el mejor argumento para adoptar la medida: un 51% de la población con la pauta completa, un 63% con al menos una dosis. Recordó algo obvio. «Las mascarillas siguen siendo obligatorias, salvo en supuestos muy concretos» (es decir, por la calle y siempre que no haya aglomeraciones). Todas esas imágenes de un montón de personas sin taparse la boca y nariz son situaciones que «no tienen amparo legal».
No se extendió para hablar del incremento reciente de contagios. El Gobierno ha decidido que eso no repercute bien en la idea de éxito. Es cierto que la incidencia ya no tiene la misma influencia que antes en el número de hospitalizados. También es obvio que esa cifra ya ha empezado a crecer en todas las comunidades.
Por la misma razón pero al revés, el PP no habló de vacunación en su respuesta y pintó un panorama sombrío por los últimos datos. Fue en la explicación donde la diputada Elvira Velasco dejó correr su imaginación. Sostuvo que es «la falsa seguridad» producida por las declaraciones de Pedro Sánchez la que ha propiciado ese aumento de contagios. Busca a un joven de veintitantos años (incidencia en 14 días en esas edades: 1.866) que tome sus decisiones sobre el ocio en verano en función de lo que diga un presidente del Gobierno. Te va a costar encontrar a alguno.
El pleno sirvió para que el PP ofreciera otro de sus espectáculos habituales en la pandemia, el que consiste en acusar al Gobierno de una cosa después de haberle denunciado por lo contrario días o semanas antes. O a veces en el mismo discurso. Con el incremento de contagios, ahora toca acusarle de relajar la entrada de turistas «cuando ya sabía que la variante Delta era más contagiosa». El PP nunca se opuso a la llegada de turistas cuanto antes, y cuando el tema se convirtió en marzo en una polémica política en Madrid por un puñado de franceses haciendo eses por la noche, Díaz Ayuso los recibió con los brazos abiertos. «Venían a mover la economía madrileña», dijo, y además seguro que les gustaban más los museos que los bares.
En realidad, varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de Ayuso, reclamaron hace varias semanas que no se prohibiera salir a la calle sin mascarilla. Los nuevos datos de incidencia han asustado a algunos. Eso no les impidió abrir las discotecas no hace mucho tiempo. Por eso, el PNV no apoyó el nuevo decreto. No podía desde el momento en que el lehendakari había pedido por carta a Sánchez que siguieran las mascarillas en exteriores y, en un gesto de humor poco habitual en el sobrio Urkullu, el regreso del estado de alarma. Hay que ser un soñador incorregible para solicitarlo después de la sentencia del Tribunal Constitucional.
El representante de Esquerra fue más realista. Francisco Xavier Eritja reconoció que hasta hace nada la Generalitat estaba pidiendo dejar de imponer la mascarilla. De ahí su abstención en la votación. No ocultó que ahora mismo los números de Catalunya asustan por «la situación crítica de las últimas semanas». Los datos del miércoles allí muestran una incidencia de 1.239 (la media nacional está en 644).
El Congreso consumió otro debate más relacionado con la pandemia con la sensación de que los políticos han dicho todo lo que tenían que decir y no se puede esperar más. Ya sólo quedan las recomendaciones y esperar a que las vacunas hagan su efecto. Los intentos de algunos gobiernos autonómicos de recuperar el toque de queda ante las aglomeraciones festivas del verano tienen poco futuro, una vez que el Tribunal Constitucional haya dinamitado en España la estrategia jurídica más lógica para hacer frente a una pandemia. Queda el consuelo de saber que los jueces no pueden hacer nada para obligarnos a llevar mascarilla por la calle. Son capaces de darnos otro susto.