La primera pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes fue sobre el precio de la luz. La portavoz, Isabel Rodríguez, dijo que es «un asunto sobre el que existe una absoluta sensibilidad» en el Gobierno. Hubo una segunda pregunta minutos después y no le debió de gustar mucho a la ministra, porque empezó diciendo «para cerrar el capítulo…». No se les ocurra seguir preguntando por la luz. Estaba claro que no tenía muchas ganas de hablar del asunto. Un tercer periodista sacó de nuevo el tema y casi pidió disculpas: «Perdone que insista con el precio de la luz». Esto pasa con las polémicas que acosan al Gobierno sin que este pueda hacer mucho a corto plazo. En estos casos, lo que se hace es acortar la rueda de prensa, que es lo que ocurrió.
Unidas Podemos estaba mucho más habladora que Rodríguez hasta el punto de que planteó una alternativa ciertamente novedosa: manifestaciones promovidas desde dentro del Gobierno para presionar al Gobierno. No es un caso de desdoblamiento de personalidad, pero se le acerca bastante. Txema Guijarro, uno de los responsables del grupo parlamentario, recomendó a los ciudadanos que salgan a la calle con una doble misión, denunciar esta situación y contrarrestar la presión de las eléctricas. Es decir, en una frase acusaba al Gobierno del que Unidas Podemos forma parte de dos cosas un tanto vergonzantes: de pasividad ante un crecimiento desbocado de los precios y de no plantar cara a las grandes corporaciones: «Si queremos un Gobierno audaz, valiente, que tome decisiones que le sitúen frente al oligopolio, la ciudadanía se tiene que movilizar para que se mueva en esa dirección», dijo Guijarro en una entrevista en RNE.
Por tanto, el Gobierno no está siendo ahora valiente ni efectivo ante el poder de las eléctricas, en opinión de Podemos. También es cierto que por «Gobierno», se refieren al PSOE.
La vicepresidenta Teresa Ribera contribuyó a mantener alta la tensión interna en el Gobierno con su comparecencia en el Congreso el día anterior. Criticó a las compañías eléctricas por no haber mostrado «ninguna empatía social» este año. Los consumidores estarán probablemente de acuerdo, pero no es seguro que vayan a sentirse muy impresionados por la frase posterior de Ribera: «Y quiero dejar claro también una cosa. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en Bolsa».
Sí, es posible que les suene a broma. Si miran las cotizaciones bursátiles, no encontrarán muchas referencias a la empatía, sea lo que sea en el caso de las personas jurídicas. El capitalismo no funciona así, porque el valor de una empresa en Bolsa tiene más que ver con sus beneficios que con cualquier otra cosa.
Agosto ha sido el mes de los ocho récords históricos en el mercado mayorista de electricidad. La tendencia al alza de los precios se repite en todos los países europeos en 2021, producto de la súbita recuperación económica, una vez que ha pasado lo peor de la pandemia, y del incremento del precio del gas. Sin embargo, ese impacto es mayor en España o Portugal por tener una renta familiar inferior a la de Francia o Alemania. Inevitablemente, eso repercutirá en los hogares, las pequeñas empresas, los comercios y la inflación, como ya se está viendo.
El Gobierno –o el PSOE– se niega a tomar las medidas estructurales que reclama Podemos, bien por considerarlas contrarias a los criterios de la Comisión Europea o por no ser eficaces. Lo ha fiado todo a una medida de emergencia como es reducir el IVA con el consiguiente quebranto para las arcas del Estado y a dos proyectos de ley con los que espera reducir los costes un 15%. Esto último puede tener el mismo destino que las viejas promesas que se hicieron a cuenta del abaratamiento del precio gracias al aumento de la competencia.
Unidas Podemos propone establecer un precio fijo para la energía nuclear y otro máximo para la hidroeléctrica, en este último caso con un sistema similar al de las energías renovables. Ribera lo descarta por completo y lo justifica por la prohibición por la UE de «establecer precios mayoristas regulados» desde «hace más de 25 años» y lo mismo a la hora de dictar precios máximos o mínimos. Lo que está ocurriendo es que las reglas del juego son un regalo para las grandes empresas del sector. Los altos precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 les permiten fijar precios aun más altos para la hidroeléctrica, que al final son los que marcan el precio final para el consumidor.
La propia Ribera lo admitió en el Congreso al destacar que no es razonable que la hidroeléctrica «haya marcado el precio» el 64% de las horas en julio y el 59% en agosto. Eso ha resultado especialmente llamativo en agosto, cuando varios embalses de las cuencas del norte quedaron casi vacíos por decisión voluntaria de las compañías. ¿Se puede vaciar un embalse si te sale a cuenta en España? Eso es algo que no sabíamos hasta este verano.
Resulta como mínimo descorazonador para los consumidores saber que la vicepresidenta dijo que era «muy probable» que lo que habían hecho las empresas con los embalses sea «legal». Fue ahí donde se refirió a la empatía social. Imagina una empresa que puede aumentar sus beneficios de forma ficticia y dentro de la ley y que le digan que no debería hacerlo para no perjudicar a la gente que tiene problemas reales para pagar la factura de la luz. Las carcajadas se oirían en todo el Consejo de Administración.
Los precios de servicios básicos que están regulados por el Gobierno son uno de esos temas por los que se pierden las elecciones. En toda Europa, el precio de la luz está en una deriva alcista que parece imparable. Los votantes van a tomar nota. «¿Vamos a ver protestas en las calles como las de los chalecos amarillos (en Francia) o una repetición del referéndum de Suiza? (donde se votó en contra de subir los impuestos en una ley sobre el cambio climático). No vas a conseguir la reelección si dejas a tantas personas por debajo de la pobreza energética. Esto va a ser una llamada de atención para los gobiernos», dijo a Bloomberg Thierry Bros, profesor de Energía en el Instituto de Estudios Políticos de París.
Con independencia del color de los chalecos, los gobiernos no van a poder culpar a Bruselas o las empresas. O lo harán, pero no les va a funcionar. Los votantes les juzgarán por lo que hayan hecho en los cuatro años anteriores. Esa sí puede ser una factura prohibitiva para algunos de ellos.
