¿Quién representa a los trabajadores? ¿Quién defiende sus derechos? Esta pregunta que ha absorbido a la izquierda desde la segunda parte del siglo XIX ya tiene una respuesta clara para el Partido Popular: lo que digan las minúsculas organizaciones marxistas-leninistas que califican al PSOE y a Unidas Podemos de lacayos del capitalismo. No es una idea que haya salido de los locos debates tuiteros, sino del Congreso de los Diputados, nada menos. Se escuchó en la intervención del secretario general del PP en la sesión de control del miércoles. Teodoro García Egea llegó al hemiciclo con lo que pensó que era una carta ganadora para atacar a Yolanda Díaz.
García Egea lo traía escrito: «¿Dónde ha quedado la lucha de los trabajadores? No lo digo yo. Se lo dijo ayer un trabajador cabreado. Los trabajadores estamos peor que con el Partido Popular. No lo digo yo. Se lo dijo ayer un compañero de partido. ¿No le da vergüenza reírse en la cara de los trabajadores? No lo digo yo. Se lo dijo un trabajador cabreado con su gestión».
El «trabajador cabreado» formaba parte de un escrache de Frente Obrero en Valencia contra Díaz, que también ha hecho actos similares contra Pablo Iglesias, Irene Montero o Mónica Oltra. En sus carteles, ha denominado a la vicepresidenta «ministra del paro y de la explotación». El Frente Obrero se autodefine como «el único movimiento político que representa a los trabajadores en nuestro país», exige el derrocamiento de la monarquía, la depuración de las fuerzas de seguridad y la salida de la UE por ser «un bloque imperialista». También se opone al «feminismo posmoderno» y la ley de derechos trans. En su cuenta de Twitter, retuiteó la noticia del escrache publicada por ABC y OK Diario.
A García Egea se le notaba muy satisfecho con sus nuevos ‘compañeros de viaje’. La derecha de Murcia aliada con los comunistas de la línea dura. Ya lo hemos visto todo y lo que nos queda por ver.
Yolanda Díaz prefirió no cuestionar las fuentes de autoridad citadas por García Egea. Optó por dudar de las credenciales revolucionarias del PP: «Voy a hablarle del año 96, cuando un ministro del señor Aznar nos decía que con la privatización del sector energético se iba a producir una auténtica revolución eléctrica para bajar el precio de la luz». Fue Josep Piqué, titular de Industria y Energía, quien prometió esa «revolución», que tendría como consecuencia el descenso de los precios.
La vicepresidenta siguió con la hemeroteca para destacar quiénes fueron los grandes beneficiados de esa privatización: «Ustedes venden el último paquete de Endesa por 7.000 millones de euros. En los últimos diez años los accionistas de esa misma empresa que ustedes vendieron se han embolsado 27.641 millones en dividendos, señor García Egea».
Un diputado del PP recordó después que ese proceso lo había iniciado Felipe González. Es cierto, ocurrió en 1988, pero cuando el PP llegó al poder el Estado aún contaba con el 66% de su capital. En dos años sucesivos, la empresa se privatizó por completo. Para que toda esta operación no repercutiera en el precio de la luz, el vicepresidente Rodrigo Rato decretó que este no subiera más del 2% anual –y no pusiera en peligro su objetivo de inflación– y así nos legó el famoso «déficit de tarifa», es decir, no pagas ahora las consecuencias de nuestras decisiones, pero seguro que lo haces más adelante.
Todos estos datos no impidieron a García Egea y Ana Pastor decir este verano que «España tuvo una empresa pública de energía, que se llamaba Endesa y que la privatizó el Partido Socialista». Hay que deducir que, para el PP, una empresa con un 66% de participación del Estado es una empresa privada. Si acaban de escuchar un ruido extraño es porque el cadáver de Milton Friedman ha dado un salto en el ataúd por el susto.
Un día después de que el lobby nuclear –formado por las grandes corporaciones eléctricas– amenazara con echar el cierre a las centrales por su cuenta y sin encomendarse a la ley, se podía esperar que los partidos del Gobierno lo aprovecharan en la sesión de control. En Twitter no se hablaba de otra cosa en la tarde del martes. Además, contar con un buen malo de la película en estos casos es muy útil en las peleas parlamentarias. No fue así porque el Gobierno sabe que las empresas ni van a cerrar las centrales nucleares, porque son un buen negocio, ni están en condiciones de hacerlo.
Yolanda Díaz sí se refirió a los «groseros beneficios» que disfrutan. Está dentro de los objetivos del Gobierno reducir esos beneficios, por lo que no se distanció del mensaje central. Era mejor reservar los ataques más duros al PP utilizando por ejemplo el impuesto a la energía solar o el canon hidroeléctrico aprobados por el Gobierno de Rajoy. Hasta Nadia Calviño se unió a la batalla para acusar al PP de «defender el interés de las grandes compañías eléctricas». Ione Belarra fue más incisiva: «Ustedes son siervos del oligopolio».
Pedro Sánchez habló de la obligación del Gobierno de «defender los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier interés o presión particular». Eso se da por hecho, nadie diría lo contrario, aunque está por ver que el Gobierno vaya a hacer más énfasis en lo segundo en su discurso. De momento, la vicepresidenta Teresa Ribera ya ha dicho que se reunirá con las eléctricas para explicarles el plan de choque con el que se quiere bajar los precios. No se busca «poner en cuestión» su rentabilidad, porque seguirán ganando mucho dinero. Sobre las amenazas conocidas el martes, no les da ninguna importancia. Solo son «una primera reacción en caliente».
Cuando se entere el camarada García Egea, quizá se acerque a la sede de Frente Obrero para preparar las próximas movilizaciones.
