Hay ocasiones en que la derecha deja el balón botando para que la izquierda monte sus campañas electorales. Tómese como ejemplo las medidas pactadas por el PSOE y Unidas Podemos para intentar reducir el precio de los alquileres en las zonas urbanas donde los precios se han disparado en los últimos años. La vicealcaldesa de Madrid confirma que la ciudad continuará siendo una especie de paraíso fiscal inmobiliario para que los fondos de inversión sigan comprando pisos cuyos precios aumentarán para incrementar sus beneficios: «La seguridad jurídica que ofrecemos hará que sigamos siendo el refugio de la inversión extranjera. Seremos más competitivos todavía». Más Madrid lanza un tuit para atacar al alcalde explicando «lo que hará Almeida para regular los precios de los alquileres de Madrid», junto a un cartel que dice en mayúsculas: «NADA». El alcalde responde con una palabra: «Exacto».
En Madrid, los precios del alquiler han subido el triple que los salarios desde 2008. Nada que perturbe a Almeida.
En Telecinco, preguntan por el tema a Pablo Casado y su respuesta indica hasta qué punto no le preocupa la situación de las personas que pagan cantidades excesivas por zulos habitacionales o deben destinar más de la mitad de su sueldo a un piso más digno. «Si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler», dice. El líder del PP no ha oído hablar de la precariedad laboral ni ha tenido nunca problemas económicos. Es un mundo desconocido para él. Tampoco es que sepa mucho sobre las competencias de los gobiernos en política económica: «Nosotros estamos a favor de que la gente haga lo que le dé la gana con lo que es suyo». Como si los gobiernos no tomaran medidas –por ejemplo, fiscales– sobre lo que puedes hacer con tu dinero, el que recibes como salario.
Casado cuenta con que sus votantes crean que viven en un inexistente nirvana neoliberal. Otros días dice que sufrimos un régimen autoritario que cercena las libertades. La consistencia no es su punto fuerte.
El debate sobre los precios de la compra o alquiler de vivienda es uno de esos que permiten grandes promesas y unas cuantas mentiras. En primer lugar, por su complejidad y porque la historia del control de precios arroja un balance desigual. La relación causa-efecto de las medidas es difícil de definir a priori. Los gobiernos pueden establecer un marco regulatorio –de hecho, es lo que hacen– y luego entran en escena las decisiones de millones de personas, cada una con sus necesidades y aspiraciones.
No es extraño que, además de un bien social, sea un bien de inversión, o especulativo si queremos endurecer el concepto. Claro que no es lo mismo que haya familias que quieran invertir su dinero en ladrillo antes que comprar acciones en Bolsa a que lo haga un fondo de inversión que quiera hacerse con una cartera de miles de viviendas porque ve inmensas posibilidades de plusvalías. Lo segundo no ocurría antes mucho en España. Ahora sí, y eso ha creado nuevos problemas, en los que han colaborado ayuntamientos como el de Madrid por su decisión de 2013 de vender 1.850 viviendas públicas a dos sociedades del fondo Blackstone.
El muy escaso interés de los ministros socialistas por entrar en una reforma del mercado del alquiler hizo que Unidas Podemos redoblara su presión y advirtiera que el acuerdo era esencial. La palanca eran los presupuestos. De lo contrario, Pedro Sánchez debería asumir que tendría que prorrogar las actuales cuentas públicas. Hace meses, el PSOE se quitó el tema de encima con una oferta singular realizada por José Luis Ábalos: para favorecer a los inquilinos en situación económica vulnerable, se proponía favorecer antes a los dueños de los pisos a través de más desgravaciones fiscales. Con las ya existentes, no se había conseguido mucho. Podemos lo consideró una broma y el PSOE se fue al rincón de pensar.
El acuerdo finalmente alcanzado ha dejado muy satisfecho a Podemos, tanto que ha molestado a Gabriel Rufián. Incide en la idea de actuar especialmente en zonas «tensionadas», porque el problema no afecta por igual a todas las ciudades españolas. La trampa –o sencillamente la realidad– es que las competencias están en manos de las comunidades autónomas, y en menor medida de los ayuntamientos (léase el aumento del IBI a los pisos vacíos). Si las CCAA se niegan a tomar la iniciativa, la cosa se queda en nada o en muy poco.
Íñigo Errejón mostró de inmediato su malestar por esta limitación: «Unas buenas medidas para garantizar el derecho a la vivienda no pueden ser ‘optativas’ para ayuntamientos y comunidades autónomas». Teme que no se apliquen en la mitad del país, y eso es exactamente lo que va a suceder. España es un Estado autonómico para todo, para lo que nos gusta y para lo demás. «No vamos a aceptar una invasión de competencias», ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que de momento sólo sabe de la futura ley lo que ha leído en los medios. Es lo que suelen decir los gobiernos vasco y catalán con reformas que afectan a competencias autonómicas.
Entre las medidas anunciadas, no hay nada que se parezca al modelo de Euskadi, donde el Gobierno vasco gestiona un parque público de 25.000 viviendas de alquiler. ¿Quiere decir eso que allí no hay problemas económicos de acceso a la vivienda? Claro que los hay –los precios en Bilbao y San Sebastián están entre los más altos de España–, pero la Administración autonómica puede al menos gestionar un sistema de acceso al alquiler que está en condiciones de beneficiar a los jóvenes.
Las medidas son más directas en el caso de los llamados «grandes tenedores» que cuentan con al menos diez viviendas en propiedad, básicamente empresas y grandes fortunas. Este es otro asunto que abre posibilidades para futuras campañas electorales. El PP lo sabe y se aplicará en la idea de que todo esto va contra los rentistas de avanzada edad que alquilan uno o unos pocos pisos. Casado los definió en estos términos: «Tú tienes un piso que has ahorrado durante toda tu vida con una hipoteca porque quieres dejárselo a tus hijos, y el Gobierno te dice qué precio tiene que tener».
Lo que se conoce de la ley no tiene mucho que ver con el anciano entrañable y generoso con sus hijos que se ha inventado Casado, y sí con grandes corporaciones. A los partidos del Gobierno les tocará dejar claro a quién quieren defender y quién deberá pasar por caja. Pero al PSOE le gusta picar en todos los platos y dirá que en ningún caso está en contra de la irrupción de los fondos de inversión en el mercado de la vivienda, que no va a parar de crecer. ¿Cómo se consigue eso? Incluyendo una moratoria de 18 meses en su caso.
Está claro que nos vemos en la próxima campaña para seguir hablando del tema.
