Arabia Saudí ha ejecutado a dos condenados a muerte en los últimos días. Con ellos, son ya 100 los ajusticiados este año, cuando la cifra total de 2014 fue de 87. Casi la mitad se dictaron para castigar el narcotráfico. Los últimos han sido una persona de nacionalidad siria que se dedicaba al tráfico de anfetaminas y un saudí condenado por el asesinato de un hombre a puñaladas. Ambos fueron decapitados.
Si bien este centenar de muertos no es un récord aún (hubo 192 ejecuciones en 1995), sí supone un incremento claro con respecto a los últimos años.
Ahora queda más claro por qué un Ministerio saudí hizo pública en mayo una oferta de contratación pública con ocho puestos de verdugo. Contra lo que se pueda imaginar, el anuncio no incluía requisitos concretos, tampoco en el manejo de la espada. Sí se establecía que los elegidos serían clasificados como «funcionarios religiosos» y que estarían en la escala salarial baja del personal de la Administración.
Según informaciones que citaban fuentes diplomáticas, este incremento podría deberse a nuevos nombramientos judiciales que habrían permitido resolver una larga lista de recursos, algunos de ellos relacionados con la aplicación de la pena de muerte.
Hay una interpretación más extendida, porque además ha ocurrido antes. La llegada al trono del nuevo rey es un momento excelente para comunicar a la nomenclatura religiosa que la mano dura y la continuación de las tradiciones más rigoristas del Islam wahabí están garantizadas.
El nuevo rey Salmán ha cambiado el funcionamiento de la Administración en algunos aspectos estructurales muy importantes, como por ejemplo la autoridad sobre los asuntos relacionados con el petróleo, con un nuevo consejo dirigido por su hijo, el ministro de Defensa, por encima del titular de la cartera de Petróleo.
Lo que no cambia es la extraordinaria arbitrariedad con la que los tribunales pueden imponer la pena de muerte, ya que no existe un Código Penal. Los sectores más conservadores continúan controlando los nombramientos de jueces. Hay una serie de delitos que conllevan la pena de capital, según la tradición wahabí, pero en otros el tribunal puede castigar el delito con la ejecución o no hacerlo, en función de las circunstancias que quiera considerar. Es el caso del tráfico de drogas.
