No es necesario esperar a que haya sentencia para que los medios de comunicación informen de forma extensa sobre casos de corrupción en los que hay indicios sólidos de criminalidad.
Por otro lado, no está de más esperar a que se inicie la investigación judicial para llegar a alguna conclusión. Por ejemplo, para tomar la decisión de llevar el tema a la portada de un periódico o abrir un informativo de televisión. A veces, hay gente que se lanza a la piscina confiando en que el juez la haya llenado antes de agua.
Desgraciadamente, el caso de la investigación de un presunto caso de fraude en los cursos de formación en Andalucía no es sorprendente dados los precedentes, tanto en esa comunidad autónoma (por el caso de los ERE) como en el de cursos similares (por el caso reciente de Madrid).
La noticia aparece por primera vez en Voz Pópuli en un artículo de Óscar López Fonseca el 11 de abril. «La UDEF destapa en Málaga un fraude de 3 millones de euros en cursos de formación que salpica a la Junta» es el titular. Se dice que es un caso similar al conocido recientemente en Madrid. Hay una quincena de empresas implicadas en cursos de formación para desempleados muy posiblemente ficticios, y por tanto en los que los responsables se han quedado con fondos públicos con la complicidad de las autoridades. «Todo ello, presuntamente sin que los servicios competentes del SAE (Servicio Andaluz de Empleo) hicieran en todo el tiempo ninguna labor de control que permitiera detectar las numerosas irregularidades».
Se trata de una investigación policial que no ha entrado aún en ningún juzgado, aunque una copia del informe ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Y se cuenta al final que la investigación se ampliará a las otras provincias andaluzas «en los próximos meses».
Recapitulemos. Extensión: una provincia, Málaga. Cuantía: tres millones. Situación legal: el fiscal ya tiene un informe policial, pero se desconoce si adoptará alguna iniciativa.
Unos días después, la noticia salta a otros medios. Y es todo un salto mortal con triple giro. El Mundo abre a lo grande su portada el 16 de abril: «Fraude masivo en los cursos para formación en Andalucía». Los subtítulos en primera:
–«‘La cuantía defraudada supera la del escándalo de los ERE’, señala una fuente del Ministerio de Interior».
–«La mayor parte de los fondos dilapidados, que pueden llegar a sumar 2.000 millones, proceden de la Unión Europea».
–«Según la UDEF, en el engaño participaron la Junta, los sindicatos y las organizaciones patronales».
Y en la primera frase, se dice que «podría llegar a ser el mayor fraude de fondos públicos de la Historia de España». Contando desde Felipe II, supongo. Después se insiste: «‘La cuantía del engaño supera la del escándalo de los ERE», afirma un alto cargo del Ministerio de Interior». Un alto cargo. Está claro que «un alto cargo» ha estado ampliando la información al periódico. Unos días después de la crisis en el Gobierno andaluz de coalición, que ha hecho que se especule, no sin motivo, con un posible adelantamiento de las elecciones, «un alto cargo» se lanza sobre una investigación policial en la que no hay aún nombres, ni imputados. De hecho, todavía no hay ni juez.
El lugar de las pesquisas sigue siendo el mismo, Málaga «durante los últimos días», pero por lo visto el alcance es mucho mayor porque se escribe que la UDEF «certificó» que estas prácticas fraudulentas se han realizado también «en la mayoría de las provincias andaluzas».
Cómo pueden certificarlo, no se sabe. Luego leemos que «las pesquisas todavía se encuentran en una fase muy embrionaria». Si es así, no sé cómo se puede saber el montante total del fraude para compararlo con el caso de los ERE y cómo se puede deducir que ocurría lo mismo en otras provincias andaluzas que no son Málaga.
Y se manejan cantidades fantasmagóricas. Empezando por el hecho de que aún se desconoce cuánto dinero se ha defraudado en el caso de los ERE. Medios conservadores repiten con frecuencia la cifra de mil millones como un mantra, pero no hay ninguna base argumental para justificarla.
Todo el procedimiento de concesión de subvenciones puede estar viciado de origen, pero eso no quiere decir que todo el dinero cayera en manos de los ladrones. La Guardia Civil estimó que los intermediarios se llevaron 50 millones, aunque la cifra final será probablemente mayor. Hace un año, El País informó que el fraude podía alcanzar los 153 millones. En marzo, El Mundo manejaba distintas cifras por distintos conceptos: mil millones, 700 millones, 50 millones. Mal punto de partida para hacer comparaciones.
Cifras, en cualquier caso, mareantes. Hay que robar mucho para estar a la altura de este caso.
El País también lleva el tema a la portada del día 16 con el titular «Anticorrupción rastrea un nuevo fraude masivo en Andalucía». Sin ser falso, el titular también es intrigante. Por lo que parece, hasta ahora es la policía la que ha llevado la iniciativa en la investigación, no la fiscalía, aunque aquí se habla de un trabajo conjunto.
Hay algunos datos confusos. Una vez más, se dice que la investigación ha sido muy detallada en Málaga, donde se ha interrogado a 300 personas, que figuran en los listados como asistentes a los sospechosos cursos. Pero leemos que «el escándalo es especialmente grave en Almería y Granada». Nadie explica por qué no se ha interrogado a los asistentes a los cursos de estas dos provincias.
Respecto a los cantidades: el dinero desviado ilegalmente «puede oscilar entre 20 y 40 millones de euros». También encontramos que «las pesquisas se encuentran en una fase «muy incipiente'», pero pronto vemos que las fuentes comentan que lo defraudado puede «alcanzar cifras superiores» al caso de los ERE. Supongo que esto no procederá de multiplicar 40 por el número de provincias andaluzas.
Por último, veo que la Cadena SER informa que son 17 las empresas investigadas y que «el dinero público que está bajo la lupa de los agentes, por el momento, suma los dos millones de euros». Según esa información, la fiscalía aún no ha recibido el informe de la UDEF.
Analizando la cobertura de varios medios, se aprecia que la ensalada de cifras es espectacular. No hay nada que indique que la policía esté haciendo mal su trabajo, pero el relato periodístico de sus actuaciones no tiene mucho sentido. Ningún juez ha tocado aún el tema, pero los medios ya han llegado a conclusiones firmes y claras. Una fuente del Ministerio de Interior se ha ocupado de cocinar e interpretar los pocos datos disponibles.
Si a mí me preguntaran si es posible que se hubiera producido otro escándalo de corrupción en los últimos años en Andalucía, diría que sí, que es perfectamente posible después de lo descubierto en el caso de los ERE. Pero el periodismo, sobre todo si se trata de abrir a cuatro columnas en la portada, no se basa en posibilidades ni pronósticos, sino en hechos. En lo que se sabe con toda seguridad cada día. Como he dicho alguna vez, en periodismo no se puede tener razón a posteriori si antes te has manejado con especulaciones, algunas de ellas teñidas por la sospecha de la manipulación política.
