Guerra Eterna

Hasta ahora, sólo los trabajadores de RTVE y las radios y televisiones autonómicas habían sufrido los desmanes originados por la intervención de los políticos. Si este estatuto se aprobara, el poder de estos nuevos comisarios políticos se extendería a toda la profesión.

El estatuto alega que pretende ayudar a los periodistas y “reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos”. Para ello, instaura la obligatoriedad de contar con un carné profesional, requisito indispensable para ejercer el periodismo.

La medida es una vieja aspiración de partidos políticos y sindicatos, porque al carné siempre le ha acompañado de forma inevitable la posibilidad de perderlo. En principio, el carné como tal no cambiaría la forma de trabajar del periodista, a menos, claro está, que éste incurra en una de las supuestas faltas éticas detalladas en esta proposición de ley.

Esos ‘pecados’ pueden hacer que te retiren el carné y te expulsen de la profesión. Unos tribunales de honor, al estilo de la Santa Inquisición, tendrían vigilados a los periodistas. ¿Quién tendría el poder de elegir a los miembros de esos tribunales? Los mismos políticos, por ejemplo, que han nombrado a sus jefes de prensa directores de las televisiones autonómicas. Gente de una moralidad pública intachable.

La imposición del carné ha chocado desde siempre en España con un texto: la Constitución. La Carta Magna garantiza a todos los españoles el derecho a la libertad de expresión, y no sólo a los periodistas. Es de suponer que el reconocimiento no es simplemente retórico. No se aprobó para que el ciudadano se expresara libremente en sus conversaciones privadas o escribiendo cartas a los lectores.

El proyecto de estatuto tiene una idea de la libertad de expresión similar a la que el Vaticano tiene de la libertad. La teología católica más conservadora sostiene que el ser humano sólo es libre para hacer el bien. Cuando se deja conducir por el camino del mal, ya no es libre.

De la misma manera, el periodista sólo tiene el derecho a ejercer la libertad de expresión si hace el bien. Según el proyecto de estatuto, si los periodistas cometen errores éticos graves, ya no se comportan como tales y pueden por tanto ser expulsados al infierno. Los que tomarán esa decisión serán personas elegidas por los políticos, aquellos que ven controlada su actividad pública por los periodistas. Por mucho que les moleste a partidos y sindicatos, esto último es un requisito imprescindible de la democracia.

Para tener controlados a los periodistas, los políticos contarán con dos armas gracias al estatuto: los Consejos de Información (controlados por ellos) y la posibilidad de denunciar, personalmente o a través de testaferros, a los periodistas y los medios de comunicación ante esos consejos.

El proyecto crea el Consejo Estatal de la Información, formado por 22 personas, todos ellos elegidos por el Congreso y el Senado con una mayoría de dos tercios. Sólo ocho de ellos serán periodistas. Incluirá también a cuatro representantes de la “asociaciones empresariales de la comunicación”, dos juristas “de reconocido prestigio” (faltaría más), cuatro representantes de sindicatos y otros cuatro de “asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores”.

Un estatuto que pretende reforzar la independencia de los periodistas dictamina que éstos tendrán el mismo número de representantes que los sindicatos y las asociaciones de consumidores y usuarios. Aunque los miembros de la OCU tienen tanto derecho a la libertad de expresión como los demás españoles, me pregunto qué derecho tienen a decidir quién debe ser periodista y quién no. Por no hablar de las asociaciones de telespectadores que sólo se representan a sí mismos y cuya ideología, en la mayoría de los casos, suele ser bastante reaccionaria.

¿Quiénes serán los periodistas nombrados por las Cortes para formar parte del Consejo? No me extrañaría que fueran similares a los periodistas designados desde 1977 para dirigir las radios y televisiones públicas. Independientes hasta el tuétano de sus huesos.

También habrá consejos autonómicos con el fin de que la presión sea doble. Se supone que un periodista de Sevilla podría ser denunciado ante el consejo estatal o el andaluz. O quizá se repartan el trabajo y cada consejo fiscalice a los medios de comunicación de su ámbito geográfico. Así nadie podrá escaparse.

Dentro de ese consejo, estará la Comisión de Deontología encargada de vigilar a los periodistas.

El estatuto plantea en su anexo un código deontológico de obligado cumplimiento. Sus 15 puntos son principios generales que, en general, la mayoría de los periodistas suscribiría: información rigurosa y contrastada, separada de la opinión, respetuosa de la intimidad, los menores y la presunción de inocencia, etcétera.

Lo malo es que son principios tan genéricos que pueden aplicarse de mil formas diferentes en la actividad profesional diaria, y que a veces se enfrentan entre sí obligando al periodista a elegir la opción menos mala.

Sirven para hacer un manual de ética peridística para la universidad, pero no responden a todas las situaciones que se originan en una redacción. ¿Se debe informar al público de la guerra con toda su crudeza para que sea consciente de sus efectos o ciertas imágenes pueden ir demasiado lejos y herir la sensibilidad del receptor? ¿Hay que limitarse a informar de la declaraciones de los políticos o hay que interpretarlas y colocarlas en el contexto adecuado, por ejemplo si un político reitera una promesa que en su momento no cumplió? ¿Cuál es la frontera entre recabar la opinión de una persona implicada en una información y respetar su derecho a no dar a conocer su versión?

Son principios tan generales como los necesarios en cualquier profesión. Pero los periodistas no sólo tendrán ahora que preocuparse de no violar la ley, como cualquier ciudadano, sino que trabajarán siempre ante la amenaza de que alguien, cualquiera, pueda denunciarlos.

Porque no será imprescindible que un perjudicado por una información presente una denuncia para que la comisión deontológica se pronuncie. Dice el estatuto, ése que protege la independencia de los periodistas, que cualquier persona o institución podrá hacerlo, “aun cuando no hayan sido afectadas directamente por la mala práctica profesional”.

Los gobiernos, los partidos políticos o los sindicatos no tendrán que retratarse y asumir el coste de denunciar a un periodista o a un medio. Podrán encargar a algún testaferro que lo haga por ellos. Un ‘simple ciudadano’ indignado por la cobertura del Prestige por Informativos Telecinco, o de cualquier otro tema por cualquier otra empresa, podría haber denunciado a ese medio. Como mínimo, hubiera permitido al Gobierno de entonces desacreditar a los periodistas que contaban lo que algunos hubieran preferido mantener oculto. ¿Alguien cree que los Gobiernos suelen desaprovechar esas oportunidades?

El estatuto estipula que las “violaciones leves de los deberes deontológicos” son aquellas “que puedan atribuirse a descuido o negligencia” y darán lugar a “una amonestación leve”. Ni siquiera sabemos en qué consistirá: ¿informarán a la empresa o sólo al periodista? Es de suponer que lo comunicarán al denunciante y, por tanto, el castigo se convertirá de forma automática en público.

Las violaciones graves producirán amonestaciones públicas y si se hacen de forma continuada -¿cada mes?, ¿cada año?- podrán provocar la retirada del carné, es decir, la expulsión de la profesión “por un periodo de entre seis meses y dos años”. Adiós al artículo 20 de la Constitución durante ese tiempo. Sus derechos constitucionales a la libre expresión quedarán congelados por la decisión de un tribunal ético.

Pueden apostar a que ése no será el único castigo. La credibilidad es un valor básico para un medio de comunicación. Una sanción “ética”, si se hace pública, no contribuirá a mejorar la imagen de un medio. Si una empresa pretende deshacerse de un periodista aprovechará cualquier pequeño error para utilizarlo como excusa de despido. ¿Alguien cree que algunas empresas no emplearán, al igual que partidos y sindicatos, ese recurso para deshacerse de los periodistas incómodos? Puede que ni siquiera esperen al dictamen del comité deontológico.

Si se demuestra que esa violación ética ha sido “alentada” por la empresa, ésta podrá ser multada con una cantidad equivalente al 1% de sus beneficios netos, o el 10% si ha habido reincidencia. Un bonito impuesto revolucionario.

Lo que dice este estatuto es tan vergonzoso como lo que no dice: no plantea ninguna solución para los problemas laborales de los periodistas, en especial la precariedad del empleo y las bajas remuneraciones de los trabajadores de muchos medios. Dice que los “periodistas a la pieza” tendrán los mismos derechos y deberes que el resto de profesionales. Buen brindis al sol. Evidentemente, no se refiere al sueldo porque ninguna ley puede obligar a una empresa a pagar una cantidad concreta a sus trabajadores, mientras esté por encima del salario mínimo.

Sobre la situación de los colaboradores que hacen en realidad el mismo trabajo que los redactores con contrato, tampoco dice nada. A fin de cuentas, tampoco serviría de mucho, porque para eso ya está el Estatuto de los Trabajadores. Esos colaboradores ganarían el juicio si fueran a magistratura, pero raramente lo hacen. Y un nuevo estatuto profesional no va a empujarles a reclamar algo que ya podrían haber reclamado.

El estatuto es, por si le faltaba algo, xenófobo, porque la concesión del carné de periodista es automática para los periodistas de la Unión Europea. Con los que vengan de otras zonas del planeta, ya se verá, “siempre previo requisito de reprocidad”. Un periodista africano no tendrá así ninguna posibilidad de trabajar en España. De albañil seguro, de reportero lo tendrá muy difícil.

La proposición de ley debería haberse convertido en uno de esos textos estúpidos que de vez en cuando llegan al Parlamento y que no tienen ninguna posibilidad de salir aprobados. Si no ha sido así, es porque los políticos sopesan ahora si su aprobación les puede permitir, sin un gran coste político, imponer un mayor control sobre los medios de comunicación.

Podemos hacer su trabajo más fácil permitiendo que esta iniciativa salga adelante con el argumento de que la profesión periodística merece un mayor reconocimiento social y económico. Cometeríamos un gran error. No conseguiríamos prácticamente nada en el plano económico a cambio de sufrir un mayor control, ejercido por aquellos a los que se supone que debemos controlar.

Los que tienen el poder en el mundo de la política y el de la empresa pueden convivir con este estatuto e incluso obtener beneficios de él. Nosotros, los periodistas, sólo nos arriesgamos a perder nuestra libertad. El hecho de que nos la arrebaten en nombre de la ética no es ningún consuelo.

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Proyecto de Estatuto del Periodista Profesional. (pdf).

Wiki con información y opiniones en Periodistas 21 sobre el Estatuto.