Guerra Eterna

Los promotores parecen haber perdido el ímpetu con el que iniciaron el camino. Siguen teniendo razón en muchas de sus denuncias sobre el lamentable estado de la profesión. Pero ahora no venden su idea como el bálsamo imprescindible y se muestran dispuestos a dialogar. Si lo hubieran hecho hace dos años y si hubieran escuchado a los políticos que les advirtieron de que, en esas condiciones, el proyecto nunca vería la luz, la situación podría haber sido diferente.

Como la propuesta lleva cerca de dos años congelada en el Parlamento, habrá que comenzar por los políticos. El diputado socialista Ramón Jáuregui ha cortado de raíz cualquier especulación sobre la actitud del PSOE. Ha dicho que el proyecto de Estatuto se caracteriza por un intervencionismo exagerado. Además, se le puede achacar una doble confusión: por un lado, entre los derechos y los deberes de los periodistas; por otro, entre los aspectos laborales y los relacionados con los derechos (que exigen para una reforma legislativa la aprobación de una ley orgánica). La inclusión de un código deontológico en un anexo del proyecto le parece, con razón, algo inusitado y sin precedentes. Las leyes están para otras cosas.

Jáuregui no descarta que se apruebe en el futuro una ley y cree probable que el PSOE presente su propio proyecto en el Parlamento. Será una ley "bastante breve" y deberá estar "muy consensuada entre los grupos políticos y el sector". ¿Qué incluirá esa ley? Será necesario que regule el secreto profesional y hará "un desarrollo nuevo" de la cláusula de conciencia, ya que se ha demostrado que casi ningún periodista está muy interesado en ejercerla en las condiciones actuales. Según Jáuregui, porque "el mercado es mortal", una forma de decir que las empresas castigarían con el olvido a cualquier profesional que se atreviera a dar ese paso.

No creo que el diputado socialista haya pretendido amenazar a nadie. Sí me temo que habrá muchos periodistas preocupados con esa regulación del secreto profesional. No es por desconfiar de políticos o jueces, pero la situación actual es la mejor de las posibles. En favor de los periodistas, hay que decir que no se puede decir que los medios de comunicación hayan abusado de este derecho en los últimos 28 años.

Puede que no sea éste el único campo en el que intervengan los legisladores. Por lo que se ha oído al ministro de Justicia, el Gobierno parece estar muy preocupado por la vulneración del derecho al honor y a la imagen en programas de televisión dedicados al corazón y los famosos. Algunos periodistas, como el director de ABC, José Antonio Zarzalejos, también están alarmados por lo que ven y advierten de los peligros del intrusismo. Creen que esos cazadores de rumores sin escrúpulos están perjudicando la imagen de todos los medios de comunicación.

Personalmente, opino que ése no es el tema más grave que tenemos y que los daños a la reputación de los periodistas
provienen más de otras esferas, como su partidismo exagerado, su cercanía a los políticos o su falta de adaptación a las nuevas necesidades de la audiencia. Y si el Gobierno -consciente de que esos programas pueden tener buenas audiencias, pero también una pésima imagen en la opinión pública- decide que le resulta rentable meter la tijera por ahí, es posible que no sean sólo las 'karmeles' y los 'tomates' los que sufran las consecuencias.

Todo el mundo ha perdido la confianza en el Código Penal, y eso que todos los años cae una reforma. Sobre eso ha tenido algo que decir -algo inenarrable- la diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro: "Me parece una burla que se nos invite a ir a los tribunales cuando se digan falsedades sobre nosotros y sobre la gente. Yo, que soy abogada, no puedo pasarme mi jornada de cargo público en los tribunales". Ser diputado ya es algo muy agobiante, con todos esos plenos e interpelaciones.

Si bien es cierto que la justicia es lenta y que esa lentitud genera una obvia indefensión en los víctimas de una injuria, me llama la atención que una parlamentaria que es licenciada en derecho tenga esa mentalidad sobre los tribunales. No sé a qué tipo de ley de Lynch compatible con la democracia aspira Navarro.

Sobre los auténticos males del periodismo han hablado otros, sin que nadie tenga clara una solución. Zarzalejos ha contado que el rechazo de la prensa de Madrid al proyecto de Estatuto tiene un origen único: la AEDE (la patronal de los editores de prensa). También ha dicho que la AEDE no quería ese Estatuto ni ningún otro.

Los partidarios de la polémica propuesta han descartado la autorregulación como alternativa. Se habla mucho de ella, pero las empresas periodísticas no han movido un dedo por seguir ese camino. Las previsiones son pesimistas. El director de ABC ha recordado que no hay consenso ni criterios comunes entre las empresas periodísticas. La desunión es casi un cisma en estos momentos a causa de las guerras de titulares provocados por los agujeros negros de El Mundo.

Quizá para tener una autorregulación como la del Reino Unido, se necesitan medios de comunicación como los británicos. De ésos, no hay muchos por aquí.

En definitiva, los editores viven en su mundo, cada vez se preocupan menos de los problemas de los periodistas y, como ha dicho González Urbaneja, "sueñan con hacer un producto sin periodistas".

Juan Varela ha apuntado algunas causas de las que se habla poco. Ha dicho que el problema de la precariedad comienza mucho antes de que el joven redactor busque trabajo. "Gran parte de la culpa viene del modelo de formación [el sistema universitario], que está completamente superado por la realidad". Salir de una facultad de periodismo "no significa nada". Y no me extraña. Cinco años en la universidad no sirven al estudiante para obtener los rudimentos básicos del oficio ni para especializar al futuro periodista ni, desde luego, para convertirlo en un bien atractivo en el mercado laboral.

Las facultades son fábricas de parados. La cadena de montaje no se para. González Urbaneja, presidente de la FAPE, ha presentado los números. Hace 25 años, llegaban al año unos 300 periodistas recién licenciados al mercado. Hoy son unos 5.000. Hay casi 40 facultades en toda España con 35.000 estudiantes matriculados en las distintas especialidades relacionadas con la comunicación.

Esta explosión 'demográfica' ha sido una bendición para los editores. La universidad genera mano de obra muy poco preparada y, por su inexperiencia, muy barata para las empresas. La cosa no llega a los niveles terroríficos apuntados por los partidarios del Estatuto (que dicen que la mayor parte del trabajo en la redacción lo hacen personas "en proceso de formación"), pero es una oportunidad de oro que los editores no han desaprovechado.

Los periodistas no son los únicos que están en horas bajas. Varela ha recordado que el negocio del periodismo, tal y como lo conocemos, está en crisis, crisis de ideas y de negocio. Pero el Estatuto del que se ha hablado en los últimos dos años no soluciona nada. De hecho, incluso agrava el problema al reforzar el control político sobre los trabajadores de los medios de comunicación. Y es por ahí por donde se está yendo a chorros la credibilidad de los periodistas.

Periodistas y empresas están cada día más lejos de los ciudadanos y más cerca de los poderes públicos. Los medios locales no pueden sobrevivir sin la publicidad institucional, y quien paga, manda. Los sistemas de licencias para la radio y la televisión son otra forma de control. Hay aberraciones que años atrás nunca se hubieran permitido. Es el caso de Murcia, ese paraíso de la libertad donde la televisión autonómica ha sido entregada a un grupo de constructores. Allí existe también un proyecto, apoyado por todos los partidos, para imponer la colegiación obligatoria de los periodistas. El que diga que no probablemente recibirá un ladrillazo.

Por fuerte que sea la crisis, brutal según algunos, la alternativa no es levantar una muralla entre periodistas y ciudadanos, porque, además, nosotros nos quedaremos dentro con las fieras (los políticos). El artículo 20 de la Constitución defiende la libertad de expresión para todos los españoles, no sólo para los constructores murcianos y no sólo para los periodistas. No defenderemos esta maltratada profesión erigiendo tribunales de honor ni dejando decidir a los representantes de los políticos qué periodistas violan la deontología y cómo deben ser castigados.

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Lecciones de un estatuto moribundo. Periodistas 21.

Proyecto del Estatuto del Periodista Profesional (pdf).