Guerra Eterna

Hay que recordar que la figura del primer ministro con sus atribuciones se introdujo en la reforma de la Constitución que entró en vigor en marzo del 2003. Fue la presión de EEUU y Europa la que obligó a Arafat a crear la jefatura del Gobierno. La intención era que el Gabinete palestino funcionara como tal, dado que el viejo guerrillero era incapaz de montar una estructura administrativa que funcionara. Los viejos líderes de la OLP preferían que la Autoridad Palestina fuera una especie de caja de resistencia y contratador oficial de los dirigentes y sus familiares más cercanos.

La famosa libreta que Arafat guardaba en un bosillo de la guerrera era lo más parecido a un balance contable a disposición del Gobierno. Ahí estaban las claves de las cuentas corrientes e inversiones en el extranjero por si algún día venían mal dadas y había que volver a comenzar de cero. Por las noches, Arafat, como si fuera el visir de Estambul, repartía fondos para lo que fuera necesario: desde unas becas para estudiantes hasta armas para tener controlada a una nueva milicia.

Llegó la figura del primer ministro e incluso un presupuesto con sus partidas de ingresos y gastos. Lo que se mantuvo fue la estructura presidencialista. La Constitución establece que es el presidente quien elige al jefe de Gobierno, que a su vez debe contar con la confianza del Parlamento. También le reserva el derecho a destituirlo sin que en el texto aparezca ninguna limitación a esa prebenda. Al igual que en Francia, todos están al servicio del jefe del Estado.

Sólo hay un supuesto por el que debe aceptar la autoridad del Parlamento y se refiere a la promulgación de las leyes. Si el presidente no firma una ley aprobada por los diputados, debe devolverla a la Cámara con una exposición razonada de sus discrepancias. Si el Parlamento vuelve a aprobar esa ley con una mayoría de dos tercios, la ley entra en vigor.

El artículo 83 establece los supuestos en los que un Gobierno cesa en sus funciones:

-Al comenzar la nueva legislatura.
-Una moción de censura contra el Gobierno en pleno o contra una tercera parte de sus ministros.
-Cualquier remodelación del Gobierno que afecte a una tercera parte de sus ministros.
-La muerte del primer ministro.
-La dimisión del primer ministro o de una tercera parte de sus ministros.
-La destitución del primer ministro por el presidente.

Aquí es donde comienzan las dudas legales sobre el actual comportamiento de Abú Mazen. La Constitución dicta que en el caso de que el Parlamento apruebe una moción de censura contra el Gobierno, el presidente está obligado a a aceptar su renuncia y presentar un candidato alternativo en menos de dos semanas. Este mecanismo rige también para los seis supuestos descritos en el párrafo anterior.

¿Qué tiene que hacer el presidente si quiere convocar elecciones anticipadas, como ocurre en Francia y otros sistemas presidencialistas? No puede. En ningún artículo de la Constitución existen referencias a esa posibilidad. Así que hay que suponer que esa convocatoria sería ilegal. En teoría, Abú Mazen, después de destituir al primer ministro, está obligado a presentar a la Cámara otro candidato, lo que en este caso no le serviría de mucho, ya que Hamás cuenta con mayoría absoluta.

De una lectura rápida de la Constitución palestina, se deduce que la duración de la legislatura está blindada. El todopoderoso presidente no puede acortarla. Alguien se olvidó de incluir este punto en la reforma del 2003.

Ni siquiera si declara el estado de emergencia, y sólo por 30 días, Abú Mazen puede disolver o suspender el Parlamento. Si quiere ampliar ese periodo, debe contar con la aquiescencia de dos tercios de los diputados.

Supongo que será por esa razón por la que Abú Mazen ha dicho que pretende convocar elecciones legislativas y presidenciales. Poner su cargo a disposición de las urnas es la única concesión que hace a Hamás.

Por tanto, sólo un acuerdo entre Fatah y Hamás puede aportar una salida enteramente legal a a la crisis.

Ambos partidos han fracasado en su intento de lograr una cohabitación entre el presidente y el Gobierno. Hamás ha pretendido dirigir un Gabinete con una estrategia maximalista --al negarse a mantener relaciones con Israel-- que ha provocado el boicot internacional y el estrangulamiento financiero de la Autoridad Palestina.

Tenían la opción de mantener sus principios y permitir la formación de un Gobierno de técnicos que se ocupara de gestionar la Administración, se supone que con la colaboración internacional. No han aceptado la realidad de que estaban forzados a elegir entre dos alternativas: continuar su lucha frontal contra el Estado de Israel o pagar los sueldos de los funcionarios. Ambas cosas al mismo tiempo han resultado incompatibles.

El Gobierno de Hamás también ha violado la Constitución al convertir en representantes de la ley a sus milicianos armados. La norma --vestigios de la era de Arafat-- concede al presidente la condición de comandante en jefe de las fuerzas de seguridad.

Fatah no ha aprendido la lección que recibió en las últimas elecciones. Algunos de sus líderes han creído que su paso por la oposición era sólo una estancia temporal y han presionado desde la calle para hacer imposible la estabilidad de los territorios palestinos. Han utilizado las fuerzas policiales y de inteligencia que controlan para su guerra particular contra Hamás.

Los mismos dirigentes que perdieron los anteriores comicios creen ahora que tendrán más suerte en una nueva cita en las urnas. La última encuesta dirigida por Jalil Shikaki revela un equilibrio de fuerzas similar al de entonces. Según el sondeo, Fatah cuenta con un apoyo del 42% de los votantes y Hamás, con un 36%.

Antes de esas elecciones, Fatah cambió la ley electoral para dar ventaja al partido que obtuviera más votos. Pensaba que eso le beneficiaría y al final ocurrió lo contrario. Los islamistas ganaron por una corta diferencia en el escrutinio (44% a 41%), que fue suficiente para entregarles la mayoría absoluta.

Ahora puede ocurrir lo mismo.

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Texto de la Constitución palestina, reformada en el 2003, pdf, 52 págs.