Guerra Eterna

Como espectador y actor secundario, el Estado sólo puede poner el gesto duro. Y enterrar a los representantes de la ley. Lo ha tenido que hacer en Culiacán donde siete policías cayeron acribillados al intentar entrar en una casa que resultó ser un depósito de armas de los narcos. En realidad, no fue una emboscada. Los delincuentes habían sido rodeados pero, de creer la versión oficial, estaban mejor armados. Tres horas después de iniciado el tiroteo, los narcos lograron escapar. “Tenían más parque (armamento) y mejores calibres”, dijo después un alto cargo policial.

Los cárteles tienen todas las herramientas que el dinero puede comprar. Y eso incluye a los agentes de la ley. Desde los tiempos en que Osiel Cárdenas ordenó que se contratara a lo mejor de lo mejor a finales de los noventa, y así se formaron Los Zetas, los criminales han corrompido a todos los estamentos policiales y militares que el Estado ha lanzado contra ellos.

“El número de agentes y militares que han abandonado el servicio o, peor aún, se han pasado a las filas criminales asciende a decenas de miles”, dice El Universal. Abocados a elegir entre pasarse al enemigo o un tiro en la cabeza, los agentes no suelen dudar, entre otras cosas porque arriesgarse a la segunda opción sólo tiene el incentivo de un sueldo insuficiente.

Todas las grandes operaciones montadas por la Policía Federal cuentan con un gran interrogante: los agentes dan por hecho que los policías locales avisarán a los narcos en el momento en que reciban la información. Cualquier idea de coordinación policial suena a invitación al desastre.

Los agentes norteamericanos que participaron en la caza de Pablo Escobar cuentan que se quedaron perplejos al ver el contenido de la biblioteca del narcotraficante colombiano. Junto a obras que no imaginarías entre las lecturas de un capo, estaban perfectamente encuardenados todos los informes que la DEA había redactado sobre él. Ocupaban estanterías completas. “Sabía mucho más de lo que nosotros estábamos haciendo que lo que nosotros sabíamos sobre lo que él estaba haciendo”. Lo mismo ocurre ahora en México.

Resulta difícil ser duro con el Gobierno mexicano. Mientras la droga disfrute de un plus de clandestinidad a causa de las consecuencias no precisamente benignas del uso, su comercio nadará en millones de dólares. Ese dinero puede corromper todo aquello que toque. No sólo a través del soborno.

El presidente Calderón ha puesto al Ejército en la primera línea de fuego de una guerra que no puede ganar. El precedente de Los Zetas, los miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército que se convirtieron en fuerza de choque del cártel del Golfo, hace pensar en un desenlace similar. Sin formación policial, los soldados han repetido además los comportamientos habituales en Latinoamérica cuando las Fuerzas Armadas se han autoimpuesto la obligación de velar por la seguridad: las violaciones de los derechos humanos son sólo un enojoso asunto que sacan a colación los enemigos de la nación.

Los testigos no son bienvenidos. Es lo que ocurrió con el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, que acaba de abandonar el país tras ser relevado por presiones del Gobierno de Calderón. El diplomático italiano había cometido el pecado de resaltar una obviedad: es peligroso adjudicar al Ejército la lucha contra el crimen porque sólo está preparado para combatir al enemigo utilizando la fuerza en su máxima expresión.

En este pulso de sangre, los narcos llevan las de ganar. La célebre frase que antes se refería a EEUU necesita ahora otro final. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca ahora de Colombia.