Muchas grandes corporaciones están íntimamente ligadas a la personalidad de su gran patrón a lo largo de años o décadas. En caso de crisis, el máximo responsable puede recurrir a cortar cabezas de los supuestos culpables del escándalo para salvar la propia o, si la cosa no es tan grave, a un cambio de imagen corporativa. Sólo cuando la crisis alcanza niveles de catástrofe, hay que tirar a lo más alto y pensar en lo impensable. Para salvar a la empresa, es necesario que el presidente acepte la alternativa de la retirada. Hay que crear un cortafuegos en lo más alto de la cúspide de la compañía para que esta siga existiendo.
Eso fue lo que ocurrió en junio de 2014 con el anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos. La idea de su dimisión era considerada antes absurda, demencial, para los periódicos de Madrid. Los escribanos de la Corte sostenían que los reyes no dimiten. Unos meses antes, en el discurso de Nochebuena de 2013, el monarca había dejado clara su «determinación de continuar estimulando la convivencia cívica, en el desempeño fiel del mandato y las competencias que me atribuye el orden constitucional».
Los ecos de su accidente de Botsuana no se habían apagado a pesar de su humillante disculpa al salir del hospital. El cortafuegos trazado inmediatamente para salvarle se había aplicado a fondo en el mundo político y periodístico, porque «resultaría estrambótica la suposición de que el rey no tiene derecho a unos días de asueto y ocio, cualquiera que sea la dureza de la crisis económica», en palabras de un editorial de El País.
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