En todos los debates sobre libertad de expresión en Europa y EEUU, la gran prueba del algodón, de la consistencia en la defensa de esos principios, es la que interpela a cada uno de nosotros sobre los derechos que concedemos a los que no piensan igual. Todo lo demás es retórica. Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender que los rivales políticos expresen sus opiniones, incluso aquellos cuyas ideas aborrecemos. Quedó simbolizado en una frase de Rosa Luxemburgo que citó Jaume Asens, de Unidas Podemos. «La libertad es siempre la libertad de los que piensan diferente». A veces se incluye en la cita la palabra ‘exclusivamente’. Siempre que se debate sobre ello en el Parlamento de España casi nadie alcanza el umbral de respeto que marcó Luxemburgo. Los peligrosos suelen ser los otros.
Asens presentó una proposición de ley de su grupo para reformar el Código Penal y derogar los delitos contra el sentimiento religioso, las ofensas a la Corona, la bandera y el himno, y las injurias al Gobierno y otras instituciones. El PSOE anunció que votará a favor de la tramitación del proyecto. Su negociación se antoja complicada, porque corre el riesgo de quedar sometida a ese debate recurrente sobre la calidad de la democracia española. No porque sea innecesario, que no lo es, sino porque cada grupo se atrinchera en su posición y no está dispuesto a moverse ni un milímetro.
El punto de partida del discurso de Asens fue citar a Amnistía Internacional, que ha dicho que «la libertad de expresión ha sufrido un retroceso en España desde 2015». Hemos sido testigos de procesos judiciales contra artistas y tuiteros en los que se les han pedido penas de prisión o se les ha condenado por delitos de opinión. Asens cargó la responsabilidad sobre los artículos del Código Penal de los que se pide su eliminación o reforma y también sobre los jueces: «En España tenemos una cúpula judicial colonizada y secuestrada por la derecha».
Los casos a los que se refirió el portavoz de UP son conocidos. Muchos formaron parte de la llamada Operación Araña con la que el Ministerio de Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz comenzó a detener personas durante dos años para perseguir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Algunos tribunales y fiscalías se unieron con energía imponiendo penas de prisión. Sin embargo, hay que recordar que el Tribunal Supremo fue acotando los límites de esa ofensiva policial a partir de 2017 con sentencias que acercaban bastante la jurisprudencia española a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después se han producido los casos de los raperos Pablo Hasel y Valtònyc, que han tenido una fuerte influencia en esta iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos.
En estos debates, es habitual que se presenten casos y legislaciones de otros países para compararlos con España. En los ochenta, se empezó a decir que debíamos reformar esto o aquello «en la línea de los países de nuestro entorno» y la frase no ha perdido popularidad. Llevamos cuarenta años en ello y no terminamos de llegar a la meta. Es posible que no haya una sola y de ahí la confusión.
Asens citó el caso de Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo decidió por cinco votos a cuatro en 1989 que la quema de la bandera está protegida como un derecho constitucional a la libertad de expresión por ser una suerte de «crítica simbólica». Entre los votos de esa mayoría estaba el del juez Antonin Scalia, uno de los jueces más conservadores del Supremo norteamericano en las últimas décadas. El enfoque de EEUU que podríamos llamar maximalista de la libertad de expresión no es el que existe en países europeos como Francia y Alemania. Por ejemplo, en EEUU los nazis pueden manifestarse por la calle con sus símbolos, algo que seguro que no agradaría ver en España a Asens ni a los lectores de este diario.
En su respuesta, Edurne Uriarte, del PP, desdeñó la iniciativa. «Lo que ustedes persiguen es impunidad para todos los que quieren atacar los símbolos nacionales, las instituciones y los sentimientos religiosos, y para los que hacen apología del terrorismo». Sobre este punto, el Supremo también ha establecido límites que parece que Uriarte desconoce. Cuando se entere de que el Supremo absolvió a una persona que escribió «Viva los Grapo», le va a dar algo.
Uriarte también quería hacer comparaciones con el exterior. «¿Es que para ustedes Alemania no es una democracia avanzada?», dijo, para pasar a afirmar que la apología del terrorismo allí «se castiga con hasta cinco años», y las injurias al presidente de la República con entre tres a cinco años. Recordó lo mismo en el caso de Francia. Por otro lado, el servicio de inteligencia interno alemán tiene bajo vigilancia al partido AfD de extrema derecha, una situación que la derecha española no toleraría si se hiciera con Vox. Hay que tener cuidado con las comparaciones con Alemania.
La realidad es que muchos países europeos cuentan con penas de prisión para los que injurien al jefe de Estado, y eso parece más frecuente si se trata de monarquías. La diferencia es que raramente se aplican. Existe la idea de que esos delitos de opinión u otros ataques a las instituciones se deben administrar con mucho cuidado. El hombre de ideas ultraderechistas y cercano a los ‘chalecos amarillos’ que agredió a Emmanuel Macron hace unos días fue condenado a cuatro meses de prisión en un juicio rápido —la pena completa fue de 18 meses, pero 14 quedaron suspendidos en caso de que cometa otro delito–, y el presidente optó por no entablar personalmente acciones legales contra él. Y una agresión física es algo más grave que una injuria.
En 2013, Francia eliminó la penalización de los ataques al presidente. Al final, es una trampa ponerse a dar ejemplos de lo que pasa en el resto de Europa. La derecha española tampoco querría que la separación Iglesia-Estado fuera tan absoluta como lo es en Francia. Allí el laicismo es prácticamente una ideología de Estado. Cada país tiene sus propios antecedentes. La legislación alemana lleva encima toda la carga de su terrible historia en el siglo XX. Allí sería imposible que existiera una asociación como la Fundación Francisco Franco, como recordó Asens.
El portavoz de Ciudadanos calificó la proposición de ley de «operación organizada para demoler la España de 1978». Como siempre en estos casos, todo es una batalla para marcar límites a lo que supuestamente quieren hacer los otros. Los que tienen intenciones ilegítimas y a los que policías y fiscales deberían vigilar de cerca por sus opiniones políticas. Una actividad que sólo se desarrolla a pleno rendimiento en las dictaduras y que es extraño que defiendan personas de ideas liberales.
Frente a la opinión de la derecha de que hay un montón de gente peligrosa a la que hay controlar, Íñigo Errejón se refirió a una frase de Mario Vargas Llosa, no de cuando era de izquierdas, sino más reciente, de los tiempos actuales en que está enamorado del PP madrileño. «La censura debe venir de la sociedad, no de los que tienen el poder», afirmó el escritor en 2018.
Puestos a recordar otros países europeos, en Reino Unido siempre han estado orgullosos de que el país fuera un refugio para todos los disidentes que debían huir de otras zonas de Europa en el siglo XIX. Fue el caso de Marx y Engels que se fueron a vivir a Inglaterra cuando escaparon de la represión conservadora posterior a la revolución de 1848. Y eso que ambos tenían ideas muy claras sobre lo que había que hacer con el capitalismo y los gobiernos de la época.
