Todo el mundo sabe que las mujeres tienen prohibido conducir en Arabia Saudí, lo que limita su libertad de movimientos. Esa no es la discriminación más grave que sufren en ese país. Todo el sistema legal conspira contra ellas y las convierte en ciudadanas de segunda clase con independencia de su edad, ya que no pueden realizar múltiples gestiones sin el permiso de su guardián masculino, que hace las veces de su tutor legal. Siempre están en libertad condicional. Sus derechos están condicionados a la aprobación del guardián.
Lo habitual es que el guardián sea el esposo de la mujer, pero si no es el caso, puede serlo un pariente masculino, su padre o incluso su hijo. En esa minoría de edad permanente, una mujer puede llegar a depender del visto bueno de su hijo mayor, lo que es humillante.
Human Rights Watch ha hecho público un informe que recopila todas estas discriminaciones:
«Las mujeres no pueden solicitar un pasaporte sin la aprobación del guardián masculino y necesitan permiso para viajar fuera del país. Habitualmente, encuentran dificultades para llevar a cabo todo tipo de transacciones sin un pariente masculino, desde alquilar un apartamento a presentar una demanda. El Gobierno no obliga a que las mujeres tengan el permiso del guardián para tener un empleo, pero no sanciona a las empresas que exigen ese permiso. Las mujeres no pueden estudiar en el extranjero con una beca del Gobierno sin permiso del guardián, y un pariente masculino debe acompañarla al extranjero durante sus estudios, aunque este requisito no siempre se pone en práctica. Las mujeres tienen prohibido conducir».
Las mujeres encuentran muchísimos obstáculos al intentar buscar ayuda o huir de guardianes violentos, ha descubierto Human Rights Watch. Por ejemplo, un esposo mantiene el control (sobre la mujer) incluso durante la tramitación del divorcio. Hay una discriminación profundamente arraigada en el sistema legal, y los tribunales admiten las demandas de los guardianes contra sus mujeres para reforzar su autoridad sobre ellas.
Las mujeres que han escapado de los malos tratos y se han trasladado a un refugio (para mujeres) y las que están encarceladas necesitan que un pariente masculino acepte su liberación. ‘Las autoridades mantienen a las mujeres en prisión hasta que el guardián legal la acoja, incluso si es el que la envió a la cárcel’, dice una activista de los derechos de la mujer. Si un guardián se niega a autorizar la excarcelación de una mujer, las autoridades pueden transferirla a un centro estatal u organizar un matrimonio para ella. Su nuevo marido se convertirá en su nuevo guardián».
Arabia Saudí es uno de los 187 países que han firmado y ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese apoyo no vale nada porque el Gobierno saudí la firmó en el año 2000 con una reserva. No se siente obligada a respetarla si entra «en contradicción» con las normas del Derecho islámico, es decir, tal y como se interpreta el Derecho en ese país.
