El 15M y el establishment: una relación tormentosa

El bipartidismo

Cualquier análisis sobre la relación entre los movimientos sociales y los partidos debe partir de un hecho incuestionable: los partidos son maquinarias concebidas para ganar elecciones. Esto llega al extremo de que algunos partidos llegan al poder (la meta definitiva) y no tienen muy claro al principio qué hacer con él. Todo lo que se aleje de esa prioridad es ignorado o mal comprendido. Ante algo nuevo, los políticos se hacen la pregunta que tantas veces hizo Margaret Thatcher: ¿es uno de los nuestros? ¿Se puede confiar en él o ellos? Si no es así, hay que mantenerlos a distancia o hacerles frente.

En mayo de 2011, el PP se veía ya en la recta final hacia su victoria electoral. Todo lo que pudiera obstaculizar ese camino podía ser peligroso. En teoría, una protesta contra la situación política y económica de España perjudicaba en primer lugar al Gobierno, pero esa era una ayuda que el PP ya no necesitaba.

La sección conspiranoica de la derecha española volvió a ver, como es costumbre, la mano oculta de la izquierda, el Comando Rubalcaba y otras sandeces por el estilo. La sección inteligente de la derecha apreció que había ahí algo más que un estallido de ira pasajero. Era algo que continuaría más allá de las elecciones y podría ser un elemento extraño en la política, pero no por ello menos peligroso.

El Gobierno de Zapatero respondió con la confusión que le caracterizó en el último año en el poder. No podía ponerse al frente de la pancarta por razones obvias, pero tampoco podía denunciar una movilización que contaba, como minimo, con la comprensión de muchos de sus votantes. Zapatero llamó al 15M «protesta pacífica que merece nuestro respeto», una actitud que parece condescendiente, pero que sobre todo era un intento de huir de cualquier enfrentamiento con la gente que se manifestaba en la calle. Prefería ignorar las razones últimas de ese descontento. Debió de pensar que cualquier respuesta decidida sólo le traería malas consecuencias.

Tras la victoria del PP en las elecciones generales, los socialistas han mantenido esa posición interesadamente equidistante. El PSOE utiliza las movilizaciones para justificar el malestar ciudadano contra la política de austeridad del Gobierno de Rajoy, pero en seguida es consciente de que nunca podrá aceptar la reivindicación de cambios estructurales en el funcionamiento de las instituciones.

El mantenimiento de las movilizaciones en la calle ha sido también una pésima noticia para el PSOE, en especial por la presencia de Rubalcaba al frente del partido. La imagen del líder del partido es tan negativa como la de Rajoy. Es difícil saber si un líder diferente hubiera podido entablar una relación diferente con el 15M. Rubalcaba lleva demasiado equipaje encima como para intentarlo.

El PP en el poder se ha liberado de cualquier duda que pudiera tener. El 15M es el enemigo. Lo ve como una fuerza que cuestiona las instituciones tradicionales, incluida la monarquía, que está en condiciones de aumentar el apoyo a Izquierda Unida o forzar un giro a la izquierda del PSOE.

Cuando la presión de los colectivos sociales sobre los políticos se ha hecho más directa, la derecha ha reaccionado elevando la apuesta hasta el límite con comparaciones con el nazismo que denotan una evidente desesperación. Ni siquiera todos sus votantes están de acuerdo, según los sondeos, pero en estos casos el manual de la política indica que hay que insistir en la idea de la gran conspiración. El político piensa que si demonizar al rival no funciona ahora, es porque hay que no se ha insistido lo suficiente en esa amenaza.

Los medios de comunicación

Acostumbrados a no prestar atención a todo aquello que no se pueda medir, los medios de comunicación ignoraron en los primeros días la protesta como si fuera una movilización más de médicos, obreros o profesores con una hora de comienzo, discursos y hora de finalización. En este caso, ni siquiera les parecía justificada la reacción habitual de dedicarle unas páginas el primer día para olvidarse del tema después. De entrada, en su mayoría los medios no pensaban que la situación política fuera tan mala como para justificar tal protesta.

La protesta fue ignorada en los primeros días, y sólo se comenzó a prestarle atención cuando se acercaba la fecha de las elecciones locales y autonómicas. Para los medios de comunicación, en especial la prensa, no hay nada más importante que las elecciones en la información política. No importa que sean locales, autonómicas o generales, no importa que la campaña se reduzca a una sucesión de declaraciones que al tercer día aburren hasta a los propios periodistas, no importa que el acceso que tengan a los líderes sea escaso o manipulado en favor de los políticos. Las elecciones lo son todo.

El 15M estaba fuera de la ecuación. No había un planillo adecuado para encajarlo en la confrontación izquierda-derecha. Por encima de todo, los periodistas tenían problemas para saber si algo así iba a perdurar sin tener una estructura definida y, fundamentalmente, sin tener a un líder o líderes. Alguien a quien poder entrevistar.

No es que esa confusión sea incomprensible. De hecho, en cuanto al impacto de una movilización social, ya se ha visto hasta qué punto se multiplica si tiene una cara y ojos, una persona que la defiende con decisión en todos los foros posibles. Me refiero al caso de Ada Colau.

Toda esa perplejidad desapareció rápidamente ya antes de las elecciones locales. Algunos medios suscritos a la lectura de la alternancia en el poder como el mayor terremoto que se puede tolerar en un sistema político reaccionaron indignados ante tal desafío. Sólo aceptaban el relevo en el Gobierno, no que se cuestionara el mito fundacional de la España de la transición.

Los sindicatos

Como es habitual en ellos, los sindicatos no se han enterado de nada. Sus responsables están muy ocupados con las movilizaciones del 1 de mayo y las ofertas al Gobierno para que negocie un pacto por el empleo.

Los tribunales

Una de las sorpresas de los últimos dos años se ha producido en los tribunales. De creer a algunos políticos y periodistas, el desafío que desde la calle se estaba lanzando contra la política tradicional adquiría un carácter de sedición. Siempre hay artículos en el Código Penal previstos para este tipo de cosas, y si no los hay, los partidos se ocupan de incluirlos a toda velocidad.

En líneas generales, la Justicia ha dejado a un lado los llamamientos a poner orden ante este supuesto caos. El ejemplo más evidente ha sido la respuesta de los jueces, al que se suele considerar el estamento más conservador del establishment, a los escraches de la movilización contra los desahucios. Lo que para los políticos era la agresión más violenta que uno pueda imaginarse en una democracia, para la mayoría de los jueces es el ejercicio del derecho de manifestación, perfectamente legal si no median conductas claramente violentas. No hay ingeniería jurídica (por utilizar una expresión del ministro de Interior) que haya podido anular ese criterio judicial. De momento.