«Mazazo de Almunia a España». «Almunia condena a los astilleros». «Almunia asfixia a los astilleros». Los titulares declaran la guerra al comisario europeo siguiendo esa vieja tradición española que dice que hacer cumplir la ley es una actitud sospechosa. La Comisión Europea ha decidido que es ilegal el sistema de ayudas al sector naval a través de desgravaciones fiscales a otras empresas cuya aportación permite reducir el precio de los barcos. Empresas –y este no es un detalle menor– que no tienen nada que ver con la industria naval y que recibieron un regalo del Gobierno que no tardaron en aprovechar.
El impacto laboral real de esta medida se desconoce, pero puede ser grave en un sector que lleva 20 años perdiendo empleo. Los sindicatos temen que la cartera de pedidos se reduzca al mínimo.
A estas alturas no debemos sorprendernos demasiado que un Gobierno español conceda privilegios fiscales de dudosa legalidad a las grandes empresas. Pero al igual que hay que lamentar con los delincuentes torpes, al menos se espera que la ejecución del delito no sea tan chapucera.
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Es lo que tiene desmantelar la estructura productiva y enviar a un «socialista» y ex sindicalista de la UGT para que haga el trabajo sucio del capitalismo.