Hay casos singulares que definen a todo un sistema político. Uno de ellos es el de Àlex Garrido, alcalde de la localidad barcelonesa de Manlleu (20.000 habitantes) del que salió hace unos días un vídeo en el que aparecía totalmente borracho en verano. Gran conmoción. Vergüenza. Anuncio de dimisión. Fue un error en su vida personal. No afecta a su gestión política, pero un alcalde representa a todos los ciudadanos y estos aspiran a no encontrarlo en ese estado.
De repente, cambio de la situación. Sus partidarios le apoyan con una concentración de 400 personas. Intentan convencerle de que no dimita. Es el momento en que Garrido se pone estupendo. Les dice que se lo va a pensar. «Mañana me voy unos días al Monasterio de Montserrat, que es un lugar de paz y que invita a la reflexión». Mano de santo. A la vuelta, dice que seguirá de alcalde. No sólo eso. Escribirá sobre los males de las redes sociales. Lanzará un debate para que todo el país reflexione, sin necesidad de ir a Montserrat, para discutir sobre los límites de la vida pública y privada de los políticos. Brindemos por ello.
Sin pretenderlo, Garrido se convirtió en el símbolo de muchas de las conductas que hemos visto en los gobiernos durante la pandemia. Errores clamorosos. Excusas poco creíbles. Promesas para intentar tapar el error. Negativa a asumir responsabilidades. Acusaciones a los otros. Finalmente, autoexoneración.
Nadie ha visto en peligro su salud a causa de la actuación de Garrido. Otros no pueden decir lo mismo.
La batalla del coronavirus en Madrid no descansa ni un día. A la fiesta –también se le podría llamar funeral– acudió el jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Anuló las medidas de restricción de la movilidad que Sanidad obligó a tomar al Gobierno autonómico. El Gabinete de Isabel Díaz Ayuso se limitó a endosarlas legalmente con un decreto que advertía de que procedía de una orden del Ministerio que a su vez se justificaba con una ley ordinaria que no vale para limitar derechos fundamentales, según el TSJM.
Ese mismo tribunal había dado vía libre a un decreto similar del Gobierno madrileño, pero que estaba restringido a ciertas zonas del sur de Madrid y de la Comunidad. En ese caso, el Gobierno de Ayuso había hecho los deberes e incluido los preceptos legales necesarios. En esta ocasión, se limitó a copiar las medidas recibidas y anunciar que recurriría en los tribunales.
Con el auto del TSJM, la ciudad de Madrid vuelve a estar abierta a un día del comienzo del puente del Pilar. Teniendo en cuenta la cifra del año pasado, no menos de un millón de madrileños podría salir de ella para unas cortas vacaciones, una alternativa que pone los pelos de punta a los gobiernos de las comunidades limítrofes con cifras de contagios inferiores a las de Madrid. Algunos, como la patronal hotelera valenciana, están más contentos y ya hacen números.
La presidenta de Madrid y el alcalde de la capital se habían opuesto al cierre de la ciudad –’Madrid no se cierra’ había sido este verano la canción favorita de la presidenta–, pero de repente tuvieron una revelación sin necesidad de ir a Montserrat o en su defecto, a la ermita de San Isidro. Ambos recomendaron a los madrileños que no salgan del municipio: «Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente», dijo Ayuso. Es decir, que no hagan lo que ella quería impedir que se prohibiera.
Está muy bien apelar a la responsabilidad de los ciudadanos (y eso no es un error), pero la gente lo suele tener claro en estas situaciones: lo que no está prohibido, se puede hacer. Si una Administración cree que algo no se debería hacer en una pandemia, sólo le queda la opción de prohibirlo o limitarlo. Las recomendaciones sólo convencen a los que ya están convencidos.
Pablo Casado no tardó más que unos pocos minutos en cantar victoria con el argumento de que la decisión judicial «pone en una situación prácticamente insostenible al ministro de Sanidad». En el Congreso, Ana Pastor recibió la orden y se aplicó en la tarea de acoso a Salvador Illa: «Usted debería haber pedido perdón a los españoles, porque no puede seguir en el Ministerio ni un día más». La acusación permanente del PP de estar ocultando cifras de fallecidos hizo que Illa perdiera la tranquilidad habitual en sus comparecencias. «No podemos estar con incidencias acumuladas de 500 o 600 o 700 casos, por Dios», dijo sobre la situación de Madrid y otras comunidades. «No sé si hace falta argumentar esto mucho más en esta comisión, porque entonces les aseguro que estoy desarmado».
En los debates parlamentarios de los últimos meses, Casado argumentó que ningún país europeo cercano había puesto en marcha medidas similares al estado de alarma. Es falso. Tanto Francia como Italia las tuvieron. De hecho, en Italia la última prórroga finalizaba a mediados de octubre, pero ha sido ampliada. El Gobierno de Conte aprobó el miércoles un decreto que extiende hasta el 31 de enero el estado de emergencia, similar al estado de alarma español. Las competencias de los gobiernos regionales quedan limitadas: podrán imponer medidas más restrictivas que las que lleguen de Roma, pero no más suaves. En esta crisis, el sistema político italiano sigue dando lecciones al español.
La situación llevaba camino de convertirse en otra parálisis producida por el choque entre gobiernos cuando en la noche del jueves Pedro Sánchez apretó el botón rojo. Convocó un Consejo de Ministros extraordinario para el viernes y llamó por teléfono a Díaz Ayuso para plantear un ultimátum que incluye tres opciones. Uno, el Gobierno de Madrid aprueba un nuevo decreto con base legal suficiente para pasar el corte en el TSJ. Dos, ambos gobiernos pactan un estado de alarma para Madrid con las medidas anuladas por el tribunal. Tres, el Gobierno central impone el estado de alarma con esas medidas para evitar el éxodo del puente.
En su visita a Argel, Sánchez había dicho en una rueda de prensa que todas las opciones estaban «sobre la mesa», también el estado de alarma. Al principio, sonó como la típica decisión que en realidad no se quiere tomar. Luego, se vio que iba en serio. Dio el paso al ver que Ayuso pasaba olímpicamente del Ministerio de Sanidad. Illa envió dos mensajes al Gobierno madrileño para celebrar una reunión el jueves por la tarde con la que pactar nuevas medidas. No recibió respuesta. Después de la llamada de Sánchez, Ayuso le dijo que se lo tiene que pensar. Antes de las 12.00 del viernes, se sabrá si hay acuerdo o una confrontación total. Duelo en OK Corral en la Puerta del Sol. Otra jornada de espanto en la crisis española del coronavirus.
Si el coronavirus pudiera hacer declaraciones sobre este desastre, se limitaría a decir que él también está pensando en aprovechar el puente para acercarse a la costa o a una segunda residencia. Hay candidatos de sobra para llevarle en el coche.
