Las detenciones de responsables políticos de la Generalitat por la organización del referéndum nos obliga a recordar una frase muy conocida, además de otra opinión que escuchamos ayer a la alcaldesa de Madrid. «Con las bayonetas, todo es posible. Menos sentarse encima», es la frase que se adjudica a Talleyrand. Por bayonetas, también podemos entender en este caso la Guardia Civil.
En un programa de televisión, Manuela Carmena vino a decir algo también relevante, obviamente adaptado a la situación actual: «Pensar que eliminando papeletas se puede cambiar una situación social no es serio. El Derecho penal no cambia ideas».
Los jueces cómplices de los planes políticos del Gobierno y los guardias civiles no cambian ideas. Los problemas políticos profundos, producto de errores contumaces que se remontan a años, no encuentran solución a través simplemente de liberar las nada pequeñas capacidades represivas de un Estado moderno.
El Gobierno estaba obligado a responder al desafío independentista y hacer todo lo posible para que no se celebre este referéndum, una consulta unilateral diseñada para que salga el sí. La incautación de papeletas y urnas era una medida obligada. De hecho, las imágenes de guardias civiles plantados durante horas ante imprentas sin obtener resultados comenzaba a rozar el ridículo.
La detención de políticos embarcados en tareas políticas, por contrarias que sean a las decisiones del Gobierno y el Tribunal Constitucional, es una línea roja que no se suele cruzar en democracia por razones obvias. No vale el argumento de que sólo se hace cuando se vulneran leyes. También las dictaduras tienen leyes. No vale enarbolar la hipérbole de que lo contrario sería la ley de la selva. El Estado tiene múltiples instrumentos coercitivos para imponer sus normas.
Crear mártires es una alternativa estúpida, sobre todo si te importa el día después. Que algo sea legal –y eso siempre admite múltiples interpretaciones diferentes– no significa que sea inteligente. Ideas extremistas como la suspensión de la autonomía catalana o la detención preventiva de cargos políticos antes de que se celebre el referéndum– ponen en peligro la legitimidad del Estado en Cataluña y terminarán por convertir en irreversible la separación de Cataluña. A menos que la única alternativa que nos presenten Rajoy y Rivera sea ampliar las cárceles en esa comunidad autónoma para ir llenándolas de políticos.
En ese momento, la alternativa pasa a manos de los independentistas. Quedarán convencidos de que todo depende de ellos, de su capacidad para convencer a sus seguidores de que deben asumir un riesgo personal para conseguir el objetivo de la independencia.
En ese momento, el Estado seguirá teniendo a la Guardia Civil, pero sólo le servirá para ir cumpliendo el papel que le asignen los que se atrevan a desobedecerle. Es decir, será cooperador necesario de la independencia de Cataluña.
