Emparedados entre dos convocatorias electorales, cuando los partidos tienen motivos para ponerse nerviosos, acabamos de descubrir que la separación de poderes y la independencia judicial continúan gozando de excelente salud en la democracia española. Antes de proceder a destilar la habitual lista de elogios a la Cultura de la Transición™, conviene echar un vistazo a la portada del ABC del sábado 14 de mayo y su titular: «El Gobierno critica la «escasa o nula presión judicial sobre Podemos»».
Un momento. ¿Esa es una función constitucional del poder judicial? ¿Presionar a un partido para que todo el mundo sepa que está compuesto por individuos peligrosos? ¿Colaborar en la estrategia política del PP de cara a las próximas elecciones? La última vez que revisé el Código Penal no encontré nada que dijera que el Supremo o cualquier otro tribunal estén obligados a tales cosas. De hecho, me pareció apreciar que jueces y fiscales tienen el deber de revisar las pruebas que les presenten –como ya hizo el Supremo– y tomar una decisión sin considerar a nadie culpable hasta que se demuestre lo contrario. Claro que, tal y como está escrito el Código Penal, igual se me pasó alguna parte importante.
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