La gran purga saudí no ha concluido tan rápido como prometieron las autoridades. Algunos de los detenidos en noviembre fueron puestos en libertad meses después tras pagar una ‘indemnización’ al Estado, a pesar de no haber sido acusados en los tribunales de justicia. Otros continuaron detenidos por negarse a reconocer su culpa y exigir que se presentaran pruebas en un proceso penal.
El hotel Ritz de Riad dejó de ser la cárcel de cinco estrellas que había sido durante meses. Cerca de un centenar fue trasladado a otros lugares. Un artículo de The Wall Street Journal da algunas pistas. Un miembro importante de la familia real saudí y decenas de empresarios y antiguos altos cargos continúan detenidos, y además se han producido nuevos arrestos:
«Algunos de los detenidos han sido golpeados y privados de sueño en los interrogatorios, dicen fuentes oficiales y personas cercanas a los detenidos. En algunos casos, dicen, los detenidos no han sido procesados por la comisión de delitos y se les ha permitido poco o ningún contacto con familiares y abogados.
Muchos están encerrados en una prisión de máxima seguridad en las afueras de la capital, mientras otros son recluidos en palacios que se han convertido en centros de detención, dicen dos fuentes del Gobierno. Las fuentes reconocen que algunos presos han sido sometidos a un duro tratamiento».
El preso más destacado es el príncipe Turki bin Abdullah, hijo del anterior rey y que fue gobernador de Riad. Según el WSJ, son 56 los saudíes aún encerrados por la operación. Las autoridades prometieron en noviembre que, tras un corto periodo de negociaciones, los acusados de delitos de corrupción serían conducidos ante los tribunales. Eso no ha ocurrido. Es evidente que el Gobierno prefiere un sistema en el que opera la arbitrariedad y una falta de garantías que hace sospechar que se estén produciendo torturas o malos tratos. Es más fácil sacar así el dinero a los detenidos.
