Septiembre fue un mes muy duro para el Gobierno de Pedro Sánchez. Más tarde o más temprano, siempre empieza a llover sobre el Gabinete y el partido en el poder, y a quien le toca sacar el paraguas es al portavoz del Gobierno. Lo que también ocurre con frecuencia es que esa persona siente la tentación de criticar a los que le critican desde los medios de comunicación. Isabel Celaá ha decidido comenzar octubre con una estrategia que rara vez funciona.
En una entrevista en la Cadena SER este lunes, Celaá tuvo la oportunidad de matizar unas declaraciones anteriores de la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la posibilidad de «regular» el trabajo de los medios de comunicación. Si bien es cierto que lo definió como una «reflexión», también se despachó a gusto contra las preguntas que recibe en las ruedas de prensa e inevitablemente sacó a relucir las «fake news».
«Estamos en un momento en que el término supuesto o supuestamente ha desaparecido», se quejó Celaá. «Me encuentro cada semana con preguntas que son de entrada condenatorias, cual si fueran sentencias de tribunales. Esto arrolla obviamente la libertad de expresión y toda presunción de inocencia. No podemos consentirlo».
Los políticos son muy exigentes con las preguntas que reciben. No tanto con sus respuestas si no quieren hablar de un tema. «¿En qué beneficia a los españoles que el rey tenga inviolabilidad?», preguntó en una rueda de prensa este diario a la portavoz del Gobierno. Celaá optó por no responder. Cuando otro periodista se lo recordó después, se limitó a decir: «Porque es el jefe de Estado». Y no había nada más que hablar. Seis palabras. Siguiente pregunta.
El inicio de la tempestad
El Gobierno tuvo dos meses relativamente tranquilos en verano. El PP estaba centrado en la sucesión de Mariano Rajoy. Albert Rivera se limitaba a reclamar elecciones anticipadas, una exigencia que pierde impacto cuando se repite cada día.
El 10 de septiembre se desató el diluvio con la información de eldiario.es que desvelaba que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, había cursado un máster plagado de irregularidades. Al día siguiente se supo que sus notas habían sido manipuladas en un caso similar al de Cristina Cifuentes. Montón no sobrevivió como ministra a ese día.
A partir de ahí, no dejó de llover: venta de armas a Arabia Saudí (originada por la decisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suspender la entrega acordada por el anterior Gobierno), la tesis de Pedro Sánchez (que el presidente podía haber difundido hace mucho tiempo), las grabaciones de una antigua comida del comisario Villarejo –hoy encarcelado– en la que aparecía la ministra de Justicia y las dos casas de Pedro Duque puestas a nombre de una sociedad patrimonial. Esas dos últimas semanas de septiembre se hicieron larguísimas para el Gobierno.
Carmen Calvo con la administradora de RTVE, Rosa María Mateo, en la toma de posesión de esta última.
La vicepresidenta Calvo intentó la vía de la huida hacia adelante en los últimos días del mes. Planteó la necesidad de establecer una regulación: «Europa lidera el rumbo. Algunos países en nuestro contexto europeo están empezando a tomar decisiones de regulación, de intervenir. Se lo están planteando Francia, Alemania, Reino Unido o Italia. Están abandonando el famoso pretexto de que la mejor ley para regular la libertad de expresión y el derecho a la información es la que no existe. Debemos tomar decisiones que nos protejan», comentó Calvo.
Lo que pasa en Francia y Alemania
Fue una explicación confusa e interesada. Calvo no tiene muy buena información sobre Europa. Esos gobiernos no se están planteando nuevas leyes. Algunos ya las han puesto en marcha. Alemania aprobó una ley en febrero cuyo objetivo es perseguir delitos de odio y la propagación de noticias falsas en las redes sociales. El Parlamento francés votó en julio a favor de una ley pensada para la información «potencialmente manipuladora» en periodo electoral.
En ambos casos, las leyes francesa y alemana –no diseñadas de forma específica para los medios de comunicación y sí por ejemplo para las noticias que se propagan por internet, sobre todo si el origen está en el exterior– recibieron fuertes críticas por el riesgo de atentar contra la libertad de expresión. Le Monde dijo que el mayor problema reside en que ahora la gente está más dispuesta a creerse informaciones falsas o manipuladas. Ese tipo de leyes siempre tiene un coste político.
«No hablamos de ‘fake news’, porque es un término inventado y popularizado por el presidente norteamericano Donald Trump, en especial con la intención de desacreditar la información publicada por periodistas», dijo Bruno Studer, el diputado del partido de Macron que elaboró el proyecto de ley luego aprobado.
Fuentes de Moncloa ponen la intervención de Calvo en el contexto del acto que se produjo, unas jornadas periodísticas cuyo título era ¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad? «Eran sólo reflexiones y en ningún caso se está trabajando en nada que tenga que ver con limitar la libertad de expresión», dicen esas fuentes.
Las palabras de Carmen Calvo tuvieron consecuencias. La prensa conservadora las recibió con alborozo, es decir, indignación. El ABC y El Mundo les dedicaron sus portadas del día después. Aunque la explicación de la vicepresidenta no era muy clara, los titulares eran categóricos sobre sus intenciones: «Calvo quiere limitar la libertad de expresión de los medios», tituló ABC en portada. «El Gobierno, acorralado, amenaza ahora con amordazar a la prensa», destacó El Mundo como principal noticia del día.
«No deja de darnos caña todo el mundo día sí y día también», dicen las fuentes de Moncloa.
La prensa ha perdido un millón de ejemplares diarios de difusión en la última década, en torno al 60%. Los políticos continúan comportándose como si sus portadas tuvieran el mismo impacto que hace diez años.
Los errores propios
En los casos que más daño han hecho a Sánchez y sus ministros, la responsabilidad sobre su impacto también alcanza al Gobierno. No fueron los medios quienes obligaron a Montón a hacer ese máster, ni los que suspendieron la venta de armas a Arabia Saudí y luego decidieron rectificar.
No fueron los periodistas, sino el ministro Borrell y la ministra Celaá los que ofrecieron la teoría falsa de que las bombas vendidas por España no iban a causar muertes civiles en Yemen porque se trata de «armamento de precisión». Arabia Saudí utiliza precisamente bombas guiadas por láser en sus ataques a la infraestructura civil de ese país y a otros objetivos en los que han muerto un alto número de civiles.
El origen de las grabaciones de Villarejo es un medio digital desconocido con una url cuyo dominio sólo se ha podido comprar con mucho dinero. Hay muchas cosas siniestras en esa historia, pero lo cierto es que la ministra Delgado no ha querido dar explicaciones –tiene pendiente una comparecencia en el Congreso el 10 de octubre–, excepto para decir que se trata de un intento de «chantaje al Estado» y para presumir de todo lo que ha hecho en el Ministerio de Justicia. Llegó a comentar que Villarejo fue condecorado «en varias ocasiones» por anteriores ministerios de Interior. Prefirió no decir que uno de ellos fue el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba en cuya época se concedió la condecoración que se celebró en la comida ahora conocida.
En cualquier país europeo, los contactos en el pasado de una ministra con un personaje ahora encarcelado serían considerados como un asunto de interés público. No sólo la existencia de esos contactos, sino su contenido. Sobre todo, si el Ministerio da varias versiones diferentes en cuestión de horas al surgir la noticia.
La tesis de Pedro Sánchez es un tema del que se había hablado con rumores durante años, porque su acceso estaba limitado a un ejemplar guardado en la universidad. Pero no era un secreto, porque un redactor de El Mundo ya la había leído y escrito sobre ella en 2015. ABC denunció que era un plagio, una grave acusación que es muy dudoso que pueda sostenerse.
La pertinencia de sacar a la luz pública la propiedad de dos casas de Pedro Duque y su esposa venía por unas declaraciones anteriores de Sánchez sobre la utilización de sociedades para pagar menos impuestos. La rueda de prensa que dio Duque para explicarse fue un prodigio de improvisación y contradicciones, que dejó sin responder la pregunta de cómo es posible que la sociedad propietaria de los inmuebles no haya contado con ingresos en sus tres últimos ejercicios cuando el ministro dijo que abonaba una cantidad mensual en concepto de autoalquiler.
En la SER, la portavoz del Gobierno hizo su propio resumen de la cobertura de estas noticias: «El periodismo es el principal interesado en utilizar noticias contrastadas. Esto ha desaparecido. Hay una especie de investigación de la vida personal de cada uno de los miembros del Gabinete». Revisar las cuentas de la sociedad patrimonial de Duque es una forma de contrastar una noticia que Celaá parece desconocer.
El acoso y sus precedentes
Isabel Celaá fue consejera de Educación en el Gobierno vasco que presidía Patxi López. Labró una fama de política que llegaba preparada al Parlamento y que se defendía ante la oposición con solvencia. En ruedas de prensa, no pasó por muchos problemas, aunque hay que apuntar que no hay ningún sitio en España en que los periodistas sean tan agresivos como en la capital, lo que por otro lado ocurre en la mayoría de países.
Ahora se encuentra en una situación muy diferente como portavoz de un Gobierno sin mayoría parlamentaria al que la oposición quiere debilitar para que se vea obligado a convocar elecciones en una situación desfavorable. En la última rueda de prensa de septiembre llegó a decir, por el asunto de las grabaciones de Villarejo, que estamos ante «una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia».
En términos comparativos, los ministros de los gobiernos de Zapatero podrían recordar la teoría de la conspiración del 11M que negaba la autoría yihadista en los atentados –alentada por el PP en función de las circunstancias–, la campaña del PP contra la negociación con ETA, que incluyó la acusación de Rajoy al entonces presidente de que había traicionado a los muertos, y la célebre referencia de «romper España» a cuenta del Estatut de Catalunya, que se repetía como si fuera la banda sonora de una película.
