Acabó la votación del Congreso que concluyó con una derrota del Gobierno y allá salió corriendo Pablo Casado para saborearla delante de los periodistas y, sobre todo, de las cámaras de televisión. Si le ponen un bedel delante, se lo lleva puesto. Terol, detrás de mí. Gamarra, detrás también. Dadme más micrófonos. La máquina de titulares estaba ofreciendo un panorama muy oscuro al Partido Popular con nuevos datos sobre la trama de espionaje en Interior al servicio de los intereses del Gobierno de Mariano Rajoy (AKA El Asturiano). Ahora hasta aparecía la cifra del dinero de los fondos reservados, 53.000 euros, gastados en conseguir que la información en poder de Luis Bárcenas no perjudicara al PP. Casado ya se imaginaba ensayando ante el espejo para ver cómo tendría que pedir el carné del partido al hombre que fue siete años presidente del Gobierno y quince años presidente del PP. Con lo que tú has sido, Mariano.
Hasta seis cortes de vídeo con declaraciones de Casado subió el PP a su cuenta de Twitter. No está la cosa para desperdiciar regalos del enemigo.
El Gobierno se empeñó en salir derrotado y lo consiguió. Escuchando a la ministra de Hacienda resultaba difícil entender por qué el PSOE se metió en una batalla sobre la financiación de los ayuntamientos que no podía ganar, a menos que sea para poder presumir en Bruselas de que también sabe cerrar el grifo del dinero público cuando es necesario. Esto no iba de quitar los ahorros a los niños. No quería dejar a los ayuntamientos sin los fondos que son suyos, explicó. «El Gobierno no necesita en ningún caso el dinero de los ayuntamientos», dijo María Jesús Montero en la tribuna.
Los diputados del PP se rieron. «Por mucho que les moleste, este país es solvente. Están ustedes fuera de la realidad si dicen que este país no puede financiarse en los mercados y con los tipos que les he contado». Es decir, tipos de interés tan bajos que casi resultan negativos. Nos quitan los bonos de las manos, señora, yo no me rebajo a rascar unos euros en las cuentas municipales.
Si eso es así, ¿por qué conducir recto hacia la derrota esta semana y conceder argumentos al PP para hacer su trabajo de oposición durante unas cuantas semanas precisamente cuando aparecen en todos los medios las andanzas de El Asturiano y de su acólito, el santo varón de Las Vegas? ¿Y hacerlo además con el aparato legal que impusieron Rajoy y Montoro con su mayoría absoluta contra el que se manifestó el PSOE en los términos más estrictos? ¿Por qué dejar en la estacada a los propios alcaldes socialistas y de Podemos? ¿Y presentarlo además en forma de ultimátum?
«No piensen que habrá una segunda oportunidad», avisó Montero, como quien regaña a los alumnos que no han estudiado para el examen definitivo. En ese momento, ya sabía que iba a ser derrotada en la votación. Y no por poco, 193 votos en contra y 156 a favor.
Joan Baldoví, de Compromís, pidió al Gobierno que «no haga un drama con lo de hoy» y que vuelva a negociar otro decreto. «Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias». Esta es la típica frase con la que todos estamos de acuerdo, pero que en política se cumple sólo en contadas ocasiones.
Los remanentes de tesorería de los ayuntamientos ascienden a 15.000 millones. El decreto del Gobierno establecía que las corporaciones locales entregaban ese superávit al Gobierno central, que a su vez les devolvería 5.000 millones este año y el próximo, y el resto en un plazo de quince años. Lo que se suele llamar en cómodos plazos. Un cambio de última hora, pactado con Ada Colau y Unidas Podemos, permitía destinar 3.000 millones de ese fondo a todos los ayuntamientos, incluidos los que no tienen superávit, en función de su población. Es un mecanismo voluntario, dijo Montero. Voluntario de aquella manera. No dejaba muchas opciones a los ayuntamientos.
Casado tenía motivos para mostrarse exultante después del rechazo parlamentario a la ratificación del decreto ley, que sólo ha ocurrido en otras dos ocasiones después de 1979. «Esta derrota histórica lo que muestra es un grave problema de debilidad dentro del Gobierno y, sobre todo, de arrogancia y de incompetencia a la hora de llegar a acuerdos», dijo en una rueda de prensa convocada pocos minutos antes. Ya lanzado, pasó a afirmar que corre peligro el aumento del salario de los funcionarios, las pensiones de los jubilados y las cotizaciones de los autónomos. Su portavoz en la tribuna, Antonio González Terol, casi había dado por iniciada la bancarrota del Estado al especular con que «dentro de poco no van a poder pagar las nóminas».
No se alarmen. Nunca es necesario probar estas afirmaciones en el Parlamento.
En el hemiciclo, Montero intentó denunciar la hipocresía del PP por criticar la aplicación de una ley que fue aprobada con sus votos: «¿Acaso no es el PP el autor de la ley de estabilidad presupuestaria? ¿Acaso no es el PP el que ha impedido durante una década a los ayuntamientos el uso de los remanentes?».
El argumento ya parecía algo frágil hace unos días. Fue el mismo Cristóbal Montoro el que dijo que «la regla de gasto y la limitación del déficit deberían estar suspendidas» a causa del hundimiento económico causado por la pandemia. «Yo soy un creyente de la estabilidad económica y presupuestaria», dijo Montoro en una entrevista en TVE, «pero esto es una crisis de salud pública de dimensión social terrible que produce una crisis económica. Eso, nuestras leyes lo prevén, y no entiendo por qué no se están aplicando».
Después de las palabras de Montoro, lo ocurrido al Gobierno es como si montas las cruzadas para ir a la guerra santa y tomar Jerusalén y el Papa dice que a dónde vas con tanta prisa y por qué matas a esa gente que no te ha hecho ningún daño.
