Las campañas electorales disfrutan de una gran capacidad para aislarse de la realidad. En teoría, debería ser al revés, pero hay que tener en cuenta que cada partido cuenta con sus propias prioridades, programa y estrategia. Luego, están los medios de comunicación, que son otro filtro en el que cada uno elige lo que cree más conveniente. En muchas campañas, partidos y medios se van centrando en distintos temas, y de repente el mundo real irrumpe con estrépito. Es lo que sucedió el martes con la noticia de que un instituto de Móstoles ha organizado una colecta entre profesores con la que sacar dinero para que algunos alumnos puedan pagar las tasas de la selectividad.
Son de media unos 170 euros, incluido el pago por el título de Bachillerato, para presentarse al examen y, si lo aprueban, continuar los estudios en la universidad. Una cantidad difícil de reunir para muchas familias, en especial en estos tiempos de pandemia económica. Los partidos hacen sus promesas sobre la educación pública y mientras tanto hay jóvenes en 2021 en España, decimocuarta potencia económica del mundo por su PIB, que no saben si podrán seguir estudiando. Los partidos llegan tarde, en especial aquellos que gobiernan, y esos alumnos saben que para ellos el tiempo sigue contando. El examen no esperará por ellos.
Todo el mundo insiste en lo importante que es invertir en formación para propulsar la economía del país. Dicho con otras palabras, para no acabar convirtiéndonos en un país de camareros para disfrute de los turistas. No es que no necesitemos camareros ni trabajadores del sector de hostelería, pero sí que los jóvenes sin estudios superiores dejan de tener opciones más allá de buscar empleos mal pagados en el sector de servicios. Deberíamos ser capaces de ofrecerles alternativas que no estén fuera de sus posibilidades por falta de recursos familiares. Ayudas sociales que vayan a los que lo necesitan, no descuentos generalizados para todos con independencia de su nivel de renta, que es la especialidad de algunos partidos.
Los candidatos también hablan mucho de sanidad pública, lo que es muy lógico. El discurso de la excelencia en materia de formación sanitaria queda algo cojo cuando grandes estudiantes empiezan a trabajar en ambulatorios y hospitales. Eso quiere decir que empiezan a encadenar contratos temporales sin ningún horizonte de estabilidad laboral. Como este pediatra de currículum académico excelente que cuenta que ha firmado 24 contratos en menos de seis años en la que los políticos llaman «la mejor sanidad del mundo». Es un caso entre muchos. «Las consejerías de Sanidad se han convertido en las mayores empresas de trabajo temporal en nuestro país incumpliendo de forma sistemática la legislación laboral», dice.
Los médicos de Atención Primaria de Madrid podrían contar historias similares y de hecho las han contado. «De los dieciocho que éramos en nuestra residencia, solo nueve permanecen en medicina familiar en Madrid. Los demás se han ido a otras comunidades o han renunciado a la especialidad», decía un médico hace unos meses. La fuga de talento del sistema sanitario español, en ocasiones al extranjero donde disponen de salarios y condiciones de trabajo más dignas, es un hecho innegable al que se sigue sin dar respuesta.
Después de un año de trabajo a destajo y ansiedad –y de ver morir a tantos pacientes–, los médicos de Atención Primaria de Madrid convocaron una huelga indefinida desde el 10 de marzo. Denunciaban que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no había cumplido ninguna de las medidas a las que se comprometió en septiembre cuando los médicos convocaron una huelga similar. Por ejemplo, les prometieron colocar su sueldo al nivel de los médicos de hospital. No lo cumplieron.
De inmediato, la política les jugó otra mala pasada. Ayuso convocó elecciones anticipadas y todo volvió a quedar en suspenso.
La inversión en Atención Primaria en Madrid es la más baja de España por habitante (140 euros por habitante frente los 183 de media nacional). Eso ayuda a entender por qué miles de madrileños encuentran ahora este mensaje al pedir cita con el médico a través de una aplicación: «No se encontraron citas en los 14 días siguientes a la fecha indicada». La respuesta de Díaz Ayuso, cuando le preguntaron el lunes por esa situación, fue decir que «tenemos una de las mejores atenciones primarias de España» y que igual eso se producía «en uno o dos centros» cuando hay 400 en la Comunidad.
La campaña está siendo dramática a causa del escenario de pesadilla que presentan los partidos. Comenzó con el aviso de Díaz Ayuso con el que anunciaba la desaparición de la libertad tal y como la conocemos si ella no logra la reelección. La izquierda ha respondido alertando de la llegada del fascismo en el caso de que se forme un Gobierno del PP y Vox. Se habla mucho de un cordón sanitario en torno al partido de Santiago Abascal, una opción que el PP considera antidemocrática después de pasarse toda la legislatura en el Congreso exigiendo otro cordón que aísle e ignore a Bildu y ERC (y que así el Gobierno de Sánchez se quede sin mayoría parlamentaria).
Mónica García se ha distanciado de ese debate con una idea: «No se me ocurre mejor cordón sanitario que llenar las urnas el próximo 4M».
En algunas de estas jornadas tumultuosas, conviene recordar que el día después de las elecciones no tendrá lugar el entierro de la libertad acompañado por el coro de plañideras del barrio de Salamanca con la derrota de Ayuso o, en caso contrario, la entrada del fascismo en Madrid por la Castellana. Lo que sí es seguro es que habrá jóvenes que no sepan cómo pagarán sus estudios y enfermos a los que les será imposible conseguir una cita con su médico.
Lo mismo en los días que quedan de campaña se vuelve a centrar el debate en esos temas. En definitiva, en la vida de las personas que votarán el 4 de mayo.
