En el Congreso de los Diputados se habla mucho de historia, habitualmente para esgrimirla como un garrote para atizar al adversario en la cabeza. No suele ser un debate muy sutil y no siempre se cita a los historiadores. Con vistas a avergonzar al rival, hasta se le puede hacer responsable de hechos terribles ocurridos hace décadas en países muy lejanos. Culpable por asociación es un tipo de imputación recurrente, y claro está que el acusador es el que decide hasta dónde llega la asociación, que termina siendo un concepto tan maleable como la plastilina. Lo que prima luego es el ‘whataboutism’, responder con un ‘y qué hay de esto otro’ para seguir enredando la madeja. Al final, es habitual que todo acabe con Vox reivindicando algún elemento del franquismo.
La Comisión Constitucional del Congreso celebró el jueves un debate sobre dos proposiciones no de ley (PNL) que tenían que ver con la memoria histórica. El Partido Popular quería que todos los grupos condenaran «la apología del comunismo». Si ustedes leían periódicos a finales de los ochenta, sabrán que el comunismo como ideología de gobierno desapareció en Europa con el fin de la Unión Soviética. Existen todavía partidos comunistas, pero ni van a alcanzar el poder y si están en un Gobierno, como el caso de España, no es para aplicar una política similar a la Europa del Este de entonces. En ese caso, nos habríamos enterado.
Sin embargo, para el PP estamos ante un problema acuciante. «En España tenemos un grave problema de apología del comunismo», dijo Edurne Uriarte. Después de escuchar esto, habrá quien piense que Lenin es el personaje favorito de los españoles o que el PCE ganará en solitario las próximas elecciones e impondrá su programa político. Aparecerán los soviets, como dijo Esperanza Aguirre que pasaría si Manuela Carmena ganaba las elecciones de Madrid. Lo único que llegó fue Madrid Central y la Operación Chamartín.
Uriarte acusó a la izquierda de negarse a condenar el comunismo, como se hizo en una resolución del Parlamento Europeo en 2009, apoyada por conservadores, socialdemócratas y liberales. En España, el PSOE y el PCE, que no acabaron muy bien entre ellos en la Segunda República, han preferido reconocer el papel que tuvieron los comunistas prácticamente en solitario en la lucha contra la dictadura.
En esa línea, Jon Iñarritu, de Bildu, recordó a Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Picasso o Jorge Semprún como comunistas a los que es difícil tachar de totalitarios. El socialista Indalecio Gutiérrez dijo que su partido condena todos los totalitarismos y recordó que el PP no ha condenado el franquismo en el Pleno, porque sólo lo hizo en una Comisión. Votó a favor de esa condena en una reunión de la Comisión Constitucional en 2002 y no lo ha hecho en otras ocasiones por distintas razones, por ejemplo para no avalar el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Es difícil ponerse al día con todas las declaraciones del PP sobre el franquismo. En ocasiones, es cierto que sus portavoces lo han condenado. Pero muy recientemente, Pablo Casado puso al mismo nivel al franquismo y a la democracia de la Segunda República, a la que llamó un periodo de «democracia sin ley», ignorando que la derecha ganó una de las elecciones celebradas en ese periodo histórico, con lo que algo de ley sí que había.
El PP suele afirmar que sólo a la izquierda le interesa recordar el franquismo. Ahora Casado se ha comprometido a anular la ley de memoria histórica, la que existe ahora y la nueva que el Gobierno quiere que se apruebe. Dice que estas cosas no le interesan a nadie. En la sesión del jueves, decidió que a los españoles sí les interesa hablar del comunismo soviético.
El portavoz de Vox empezó alardeando de que ellos están en contra de «ideas tan tóxicas como las fascistas o las comunistas». El truco está en separar la dictadura de Franco del fascismo. Al final, siempre dejan un espacio para la sorpresa que no sorprende a nadie. «No permitiremos que se destruya el yugo y las flechas en España, un símbolo muy anterior a la Falange», dijo Francisco José Contreras. Evidentemente, los yugos y flechas que se multiplicaron por toda España durante décadas fueron colocados por la dictadura para homenajear a los falangistas.
Otra PNL que se discutió en la Comisión –a los diputados les encantan las PNL, a pesar de que saben que los gobiernos pasan de ellas– fue presentada por Unidas Podemos para que se retiren medallas y condecoraciones otorgadas a dirigentes de regímenes totalitarios y a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o contrarios a valores democráticos. Gerardo Pisarello recordó que el rey Juan Carlos concedió en 1978 el collar de Isabel la Católica al general Videla, líder de una dictadura que eliminó a 30.000 argentinos. Hay partes de la historia que quedan para los anales de la vergüenza y difícilmente se pueden borrar.
Los gobiernos españoles utilizan esas condecoraciones para complacer a jefes de Estado extranjeros con los que quieren tener buenas relaciones, y así han sido premiados durante décadas todo tipo de dictadores latinoamericanos y africanos o monarcas del Golfo Pérsico. La oposición recordó el jueves que también fueron agraciados Konstantín Chernenko o Fidel Castro.
Si ni siquiera hay un consenso básico sobre el pasado de España y si la derecha cree que la memoria histórica es una cosa sucia que mancha la mente sólo con referirse a ella, conseguir que todos estén de acuerdo sobre los países extranjeros a los que se debe honrar es ya sencillamente imposible. Al menos, el PP nos ha traído esta semana una novedad: la memoria histórica es un horror a menos que sirva para pegar unos gritos contra el Gobierno.
