El ministro australiano de Exteriores, Alexander Downer, ordenó en 2004 que los servicios de inteligencia del país pincharan las comunicaciones del Gobierno de Timor Oriental durante las negociaciones con ese país sobre los derechos marítimos y su influencia en un yacimiento de gas en el mar. En juego estaban los intereses de la compañía australiana Woodside y la posibilidad de que pudiera seguir con su explotación en detrimento de los intereses de Timor.
Cuando Downer abandonó la política, Woodside lo contrató como consultor. En 2014, pasó a ser embajador australiano en Londres.
La acusación sobre la conducta del entonces ministro se conoce gracias a un miembro de los servicios de inteligencia. El caso provocó una investigación judicial y la celebración de un juicio que va a comenzar ahora. ¿Quiénes son los acusados? El antiguo espía, cuyo nombre es secreto por lo que se le conoce como Testigo K, y su abogado. Se les acusa de revelación de secretos.
No importa que las acciones del Gobierno australiano de la época sean ilegales, según las leyes del país. Los culpables son quienes se atrevieron a denunciar los hechos.
A este caso se le ha llamado el ‘Watergate australiano’. Durante años, Australia se aprovechó de que Timor Oriental estuviera ocupada por Indonesia. Cuando el pequeño país consiguió la independencia, fue necesario utilizar el poder de los servicios de inteligencia para seguir explotando los recursos naturales de uno de los países más pobres de Asia.
Aquí una forma diferente (más divertida) de explicarlo.
