El Gobierno consiguió en la votación de los presupuestos una mayoría tan amplia que prácticamente le garantizaba la supervivencia hasta el final de la legislatura. Los resultados de las elecciones catalanas supusieron una derrota tan clara para el Partido Popular y Ciudadanos que ambos han quedado durante un tiempo conectados a la respiración asistida. Ante una sucesión de malas noticias, el PP se ha visto obligado a anunciar la venta de su sede nacional a ver si así los medios hablan de otra cosa. Ciudadanos ni siquiera tiene claro si llegará como partido a las próximas elecciones. Como Santiago Abascal ha reconocido en una entrevista reciente, una gran subida de Vox no garantiza en absoluto que la derecha pueda sacar a Pedro Sánchez de Moncloa.
Y a pesar de todo esto, el Gobierno está sufriendo su mayor crisis interna desde que se formó hace algo más de un año. No es por algo que haya hecho o dicho la oposición. Se trata de heridas autoinfligidas que se van sumando hasta originar una hemorragia que no se detiene. No se ve por ningún lado la llegada de ambulancias ni la presencia de personal médico que ayude de entrada a detener la pérdida de sangre, no ya a curar al enfermo.
Se diría que todo se trata de una conspiración para hacer más interesante la política a los medios de comunicación. Pero no es una conspiración cuando se hace a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Incluida la oposición, que no se cree la suerte que está teniendo.
Este fin de semana, Pedro Sánchez dijo que la violencia no está justificada en una democracia. ¿Qué otra cosa podría decir un presidente del Gobierno? Los titulares completaron las declaraciones: Sánchez desautoriza a Pablo Iglesias en relación a los disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasel. Otra herida más.
Si fuera sólo eso, a pesar de la amplísima cobertura de los medios de comunicación de lo ocurrido en Barcelona y con menos intensidad en Madrid, todo podría limitarse a una discusión filosófica sobre el valor de la democracia liberal y la responsabilidad de las instituciones. No lo es. No es que el PSOE y Podemos vean de forma diferente algunos de los problemas que aquejan a la sociedad. Tratándose de dos partidos, eso es inevitable. La cuestión es que tampoco parecen muy de acuerdo en estos momentos sobre las soluciones en relación a la defensa de los derechos civiles más básicos y a la respuesta a la crisis económica causada por la pandemia.
Gracias a esas discrepancias, ahora sí que parece que nos encontramos ante dos gobiernos en uno. Que es precisamente lo que dijeron que no iba a ocurrir.
La cuerda ha comenzado a romperse por el lado que siempre hay que mantener protegido en un Gobierno de coalición. ¿El Consejo de Ministros? No, ese es el último sitio que se suele hacer pedazos. Es en el Parlamento donde las costuras empiezan a tirar por todos los lados. Ahora se hacen jugadas entre ellos. Ya no se quieren tanto. No se aplaudieron mutuamente en la última sesión de control. Sus dirigentes murmuran contra el otro en comentarios anónimos a los medios de comunicación. Cada uno explica que tratar con el otro exige mucha paciencia. El amor se ha convertido en una fría desconfianza.
«Y hoy resulta / Que no soy de la estatura de tu vida / Y al soñar otros amores / Se te olvida / Que hay un pacto entre los dos».
Podemos presentó enmiendas por su cuenta en el debate presupuestario como gesto simbólico. El PSOE pasó a los hechos con la presentación unilateral de un proyecto de igualdad de trato y contra la discriminación, un asunto de valores en el que los dos partidos deberían coincidir en algunos puntos básicos. Todo eso ocurría cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya había frenado el proyecto de ley de derechos trans que prepara el Ministerio de Igualdad. Sabiendo que había discrepancias, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias no se les ocurrió que debían asumir personalmente la búsqueda de una solución. Lo dejaron para que sus números dos continuaran con una batalla que no tendrá resultado bueno para ellos sin un pacto.
Dejar morir en los cajones un proyecto de ley esencial deja cadáveres demasiado caros. Ni Sánchez puede prescindir de Carmen Calvo ni Iglesias puede hacer lo mismo con Irene Montero. Esto no acabará con alguien fuera del Gobierno como forma de desenlace indoloro, como le pasó a Alberto Ruiz Gallardón y su reforma del aborto que no contaba con el apoyo de todo el Gabinete de Rajoy.
Las discrepancias se repiten con reformas económicas esenciales en la respuesta a la pandemia. Una de ellas es la política de vivienda, acuciada por los altos precios del mercado inmobiliario y el claro descenso de renta disponible para muchos inquilinos. Es algo que forma parte del «escudo social» ante la crisis del que tanto habla Unidas Podemos. El ministro de Transportes dejó claro este lunes lo lejos que están ambos partidos. «Es un enfoque positivo incentivar antes que penalizar», dijo José Luis Ábalos. Por tanto, nada de imponer un precio máximo a los dueños de viviendas en alquiler.
El acuerdo que firmaron Sánchez e Iglesias se comprometía a «poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado». «Lo pactado obliga», ha dicho Jone Belarra. En tono más exigente, la alcaldesa de Barcelona –»Presidente, cumpla ya su palabra»–, después de recordarle que es una promesa que ya le hizo a ella en 2017. Podemos traduce el acuerdo como medidas jurídicas que permitan a las CCAA sancionar a aquellos propietarios que superen ciertos niveles de precio. El PSOE no lo ve así. Prefiere ofrecer incentivos fiscales a los dueños de pisos a ver si eso funciona.
Mal asunto si los partidos discrepan sobre la interpretación de lo que firmaron. Los gobiernos de coalición se acaban cuando una de las partes acusa a la otra de vulnerar el acuerdo inicial.
Ábalos también destacó algo que ya sabemos: «Somos partidos distintos y cada día se manifiestan más nuestras diferencias. Somos diferentes y cada día se evidencia más, pero hay que poner el acento en las cosas concretas». Si ese es el baremo, las grietas del Gobierno son más peligrosas de lo que parece. Es en algunas políticas concretas muy importantes donde es difícil encontrar una posición común de ambos.
En el terreno de los símbolos, la Presidencia del Congreso se inventó para el martes un acto con el que recordar el golpe de Estado del 23F hace 40 años. Nunca se había hecho algo así. Los golpes, cuando afortunadamente han fracasado, no se suelen celebrar. Quizá sea una forma de responder a las críticas de Podemos a la calidad democrática de España. Como forma de mostrar que la idea del acto es de Moncloa, Sánchez acudió en persona al Instituto Cervantes para escuchar la presentación por Carmen Calvo de unas jornadas denominadas «Los retos de la democracia. 40 años después del golpe de Estado del 23F».
Estuvo allí lo que duró la breve intervención de Calvo y luego se volvió al despacho. Unos diez minutos. Si el tiempo del presidente es una de las cosas más valiosas que administra el Gobierno, no cabe duda de que alguien pensaba que esos diez minutos, más la duración del desplazamiento, eran tiempo bien invertido.
Sánchez e Iglesias no tienen previsto reunirse esta semana, dijo Ábalos. Será que temen quedar implicados personalmente por el clima de división interna. Si eso ocurriera, no habría vuelta atrás.
