Pasaron las elecciones de Catalunya y de Madrid y ya se ha abierto el camino para que el Gobierno tome una decisión definitiva sobre los indultos a los presos del procés. Como siempre que hay que manipular sustancias peligrosas, conviene centrarse y no dejar que un descuido te vuele la cabeza. Ya no hay comicios pendientes que puedan hacer pagar un precio político alto en las urnas por una decisión de consecuencias inciertas. Pedro Sánchez no anunció el desenlace el martes, pero sí sugirió cuál va a ser al explicar su criterio: «La decisión que tome tendrá muy en cuenta valores como la concordia, el diálogo y el entendimiento». Es decir, habrá indultos para que Oriol Junqueras y los demás condenados por el Tribunal Supremo salgan de prisión para no volver tres años y medio después de ser detenidos.
Si el presidente afirma que la prioridad es buscar vías de entendimiento para el conflicto catalán, que es importante «aprender de los errores» y que «la venganza y la revancha» no son principios constitucionales, queda claro que la decisión política está tomada. Todavía debe esperar al informe no vinculante que emita el Tribunal Supremo dentro de unos días. A partir de ahí, tendrá que elegir el momento más adecuado para hacerla pública.
Se ha especulado con que el Gobierno preferirá esperar en torno a un mes para que la medida de gracia coincida con el inicio del periodo vacacional con la gente pensando en la playa y la montaña y dejando a la oposición desgañitándose durante el verano. Es difícil ver cómo eso puede beneficiar al Gobierno, más allá de añadir otra página al álbum de la política de los trucos. Un paso como este no quedará amortizado en cuestión de semanas y continuará impactando en el escenario político durante el resto de la legislatura.
Es mucho más relevante que el Gobierno tenga un discurso sólido y coherente con el que defender la medida y que parezca que la toma convencido de sus ventajas, no forzado por las circunstancias. Es decir, quizá con algunas de las frases que ha empleado Sánchez, y no con la idea del ministro de Justicia de que hay que observar los indultos con «naturalidad», como si fueran decretos ley para las ayudas al campo, y que son cosas que entran dentro de las competencias del poder ejecutivo. O la frase de ministra de Hacienda de que el Gobierno tomará una decisión en función del «interés general».
Todo lo que suene a los comentarios que hacen los políticos con el piloto automático puesto sonará vacío y será presa fácil de las críticas de la oposición.
El Ministerio de Justicia leerá con atención los argumentos que utilice el Tribunal Supremo para oponerse a la medida. Deberán ser respondidos a la hora de vender la noticia. En cualquier caso, se trata de una decisión política que debe defenderse con razones políticas.
La reacción de la derecha es previsible y empezó a vislumbrarse el lunes. Pablo Casado respondió con rapidez a los argumentos de Sánchez: «Cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional». El Tribunal Supremo dictaminó que no fue rebelión (golpe de Estado), pero nos hacemos a la idea. García Egea anunció que el partido llegará «hasta las últimas consecuencias para que eso no se produzca». En la política de la adrenalina a tope, es lo mínimo que se suele decir, aunque no quede claro en qué consistirá. El recurso ante los tribunales tiene muchas veces el aspecto de ser el ejercicio legítimo del derecho al pataleo, que no está en la Constitución pero que a veces lo parece.
Como decisión política, la oposición tiene tanto derecho a criticarla como el Gobierno a adoptarla. Lo que está por ver es hasta dónde llegará. Vox ya ha dicho que estarán «en todas las calles que sean necesarias» para oponerse a los indultos. A la espera de lo que decida Casado, las posibilidades de que el PP opte también por manifestaciones no parecen muy altas, cuando su dirección ha decidido que le conviene mostrar un estilo distinto al de la extrema derecha.
El PP insistirá en el argumento de que los indultos no se pueden conceder porque los presos no han dado muestras de arrepentimiento. «No puede haber perdón del delito si quien lo ha cometido no ha pedido perdón», ha dicho Enrique López, portavoz de Justicia del PP, que fue además vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Constitucional. La ley no dice eso. Conceder un indulto, sobre todo si es parcial, no presupone que la sentencia fuera injusta o el condenado, inocente. En función de cómo se explique, tampoco significa necesariamente una crítica al tribunal.
López sostiene que la medida de gracia equivaldría a que «habría un Gobierno contra el Estado de derecho». En ese caso, el de Sánchez estaría por ejemplo en compañía de los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, que concedieron indultos en casos políticamente muy sensibles en relación a delitos muy graves. González indultó en 1988 al general Alfonso Armada, condenado por su participación en el golpe del 23F. Había cumplido casi siete de los treinta años de pena. Se alegaron razones de salud, aunque no falleció hasta 25 años después.
El Gobierno de Aznar indultó a José Barrionuevo, Rafael Vera y otros condenados por el secuestro de Segundo Marey, la primera acción terrorista de los GAL. El exministro de Interior fue sentenciado a diez años y al final sólo pasó tres meses en la cárcel.
En ambas situaciones, la decisión fue duramente criticada por partidos de la oposición (puestos a pedir, el PSOE se quejó de que el indulto a Barrionuevo y Vera no fuera total). En cualquier caso, el Estado de derecho continuó existiendo, incluido el derecho del Gobierno a indultar a quien quiera.
