Angela Merkel salió muy contenta de la cumbre de la UE de la pasada semana centrada en la llamada crisis migratoria. El Gobierno italiano salió muy satisfecho de la reunión. Pedro Sánchez puso cara de ‘esto es lo que hay’. Los gobiernos europeos se enfrentaron a otra cita ineludible en la que en teoría deberían haberse comprometido a hacer algo. El resultado fue que ningún Gobierno está obligado a hacer nada –todo es voluntario– y eso fue suficiente para declarar la victoria.
El Mediterráneo continuará siendo un cementerio donde mueren en silencio los que huyen de la guerra y la miseria. Los afortunados podrán disfrutar de un infierno en vida en territorio libio. Merkel solucionará los problemas de convivencia con sus aliados socialcristianos (sic) de Baviera. Matteo Salvini y la Liga seguirán con su mensaje racista y disfrutando del premio que les conceden las encuestas.
Otro éxito de los «valores europeos».
Another tragedy at sea: 63 persons went missing at sea today when boat capsized. 41 persons were rescued by the coast guards in Zwara #Libya @Refugees @UNSMILibya
— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 1 de julio de 2018
Se habló mucho antes de la cumbre de la necesidad de encontrar una «solución europea», frente a iniciativas particulares de cada Gobierno o pactos bilaterales para salir del paso. La solución europea consistió en que cada Gobierno podrá hacer lo que quiera, o lo que pacte con otro Gobierno, que viene a ser lo mismo que la opción que supuestamente se pretendía evitar.
Dos ideas concretas circularon antes de la cumbre. La primera, crear centros de internamiento de extranjeros en cada país para que allí se dictamine si una persona tiene derecho a pedir asilo e impedir que los demás se dirijan a otros países europeos. Prisiones, pero sin utilizar ese nombre que da mala imagen. Ningún país se presentó voluntario. Alemania, Francia, Austria e Italia dejaron claro que no iban a hacerlo.
El primer ministro austriaco debió de pensar que era el momento apropiado para hacer una demostración de humor (negro). Preguntaron a Sebastian Kurz –conservador y aliado en su Gobierno con la extrema derecha– si montaría centros como esos en su país: «Desde luego que no. No somos un país de primera llegada (de inmigrantes), a menos que la gente se lance en paracaídas».
Es una broma que celebraron a buen seguro los votantes de su partido y de la ultraderecha.
Nadie quiere montar esos centros porque saben que no podrán hacer nada para repartir a los extranjeros que tengan derecho al asilo si su número es muy alto. Las cuotas que aprobó la Comisión Europea ya son historia. Todo es voluntario y todos los gobiernos tienen ya derecho a decir no.
La esperanza de España e Italia es que, después de regalar a Merkel una cumbre tranquila con la que solucionar sus problemas internos, ahora alguien abra la cartera y envíe a Madrid y Roma unos cuantos millones de euros para ocuparse de lo que los demás se niegan a aceptar. Esos fondos tienen que venir de la Comisión Europea, y eso forma parte ya de otra negociación. Siempre es bueno contar con el apoyo alemán en asuntos de dinero.
La otra idea de la que se había hablado era la de instalar esos centros en los países del norte de África. Los gobiernos europeos no cesan de hablar de soberanía y de la obligación de proteger sus fronteras. Parece que eso no cuenta para los países africanos a los que se quiere pagar para que hagan de carceleros de Europa.
No es extraño que ningún país se haya ofrecido voluntario. Marruecos ya ha dicho que no. Argelia está más preocupada por expulsar a los inmigrantes sin papeles hacia Níger con independencia del motivo de su llegada, aunque eso suponga dejarlos abandonados en un desierto.
Argelia intensificó estas expulsiones a partir de 2017 en respuesta a las presiones de gobiernos europeos. Al igual que en el Mediterráneo, si mueren en el desierto, ya no son un problema para Europa.
En la práctica, Libia ya está haciendo de carcelero previo pago de la cantidad económica correspondiente aportada por el Gobierno italiano. El concepto Libia es discutible en este caso al no haber un Gobierno que controle las fronteras del país. Son las milicias del norte del país las que se ocupan de detener a los extranjeros y capturarlos si es preciso en la costa para impedir que alcancen la costa italiana.
Por eso, las ONG que han fletado barcos son un molesto inconveniente. Salvan vidas de seres humanos que luego nadie quiere acoger. De ahí que el acuerdo de la cumbre de la UE reclame a las ONG que no interfieran en la labor de la Guardia Costera libia, cuyo labor –porque les pagan por ello– es que las pateras no salgan de la costa del país norteafricano. A ojos de Europa, Libia debe ser una prisión para ellos, y las prisiones están hechas para que nadie escape de ellas.
No pueden pararlas todas. Recordemos, no hay un Gobierno que controle toda la costa. Sin las ONG, el destino que espera a muchas de esas embarcaciones rudimentarias es el naufragio y a sus ocupantes, la muerte. Los gobiernos de la UE lo saben. No es un problema para ellos.
Pongamos que la idea de los centros de internamiento en África se lleva a la práctica con apoyo europeo y la intención de cumplir la obligación internacional de conceder el asilo a personas que huyen de la guerra y la violencia. ¿Qué ocurriría? La respuesta es sencilla. Nada. Lo sabemos porque eso es lo que está ocurriendo en estos momentos.
1.200 personas se encuentran en Níger en un campamento gestionado por ACNUR (la agencia de la ONU dedicada a los refugiados). De ellos, 260 son menores. Pasaron por Libia donde sufrieron todo tipo de penalidades. Fueron trasladados a Níger con el objetivo de que pudiera negociarse su reasentamiento en Europa bajo supervisión de ACNUR. Ningún país europeo está dispuesto a acogerlos.
«Si queremos combatir el tráfico de personas, si hay gente que necesita protección internacional y que cumple los requisitos para solicitar el asilo, tengo que ofrecer una alternativa», dijo Alessandra Morelli, representante de ACNUR en Níger. «Si no, ¿de qué estamos hablando? Pero cuando los saco (de Libia), resulta que no hay alternativa».
Efectivamente, no hay alternativa, porque el objetivo de los gobiernos europeos no es regularizar la migración, conceder asilo a los que se lo merezcan, luchar contra los traficantes de personas o impedir que los inmigrantes mueran en el mar o el desierto.
El objetivo es que no lleguen a Europa.
El problema es que eso no se puede poner en un comunicado. Quedaría mal cuando Merkel o Macron pronuncien otro discurso sobre los «valores europeos».
