Un zoo británico ha tenido que tomar medidas drásticas con un grupo de cinco loros que tienen el pico un poco sucio. Los han separado de la colonia de 200 loros por ser una mala influencia. Se dedican a lanzar palabras soeces a los visitantes y la palabra ‘fuck’ es una de sus preferidas. «Estamos bastante acostumbrados a ver a los loros decir palabrotas, pero nunca habíamos tenido a cinco haciéndolo al mismo tiempo», ha dicho el responsable del zoo. Tampoco es que haya habido muchas protestas del público. Aparentemente, a la gente le hace gracia escuchar a un loro mandarle a tomar por culo («fuck off»), cuentan. Lo malo es si los otros 200 se animan a unirse al coro.
Otra solución sería enviarles a observar la sesión de control en el Congreso. Los animales se iban a quedar lívidos. Por otro lado, podrían aprender nuevos insultos.
A falta de temas con los que matar el tiempo, la pandemia y todo eso, la oposición optó por escandalizarse porque hay políticos de ideas republicanas en el Gobierno. Es otra forma de denunciar que el Gobierno es ilegítimo, no importa lo que digan los resultados de las elecciones. «Si le queda un mínimo de dignidad institucional, debe cesar a su Gobierno radical y romper con sus socios que anuncian otro golpe a la legalidad», dijo Pablo Casado a Pedro Sánchez. Lo que quiere decir es que debe dimitir y convocar elecciones o sencillamente entregar el poder al PP. Casado es el mismo que llevó a su partido a los peores resultados de su historia, pero, tal y como habla, parece que consiguió la mayoría absoluta él solo.
Allí salió también Gabriel Rufián, que retomó al rol de teletienda en el Congreso enarbolando una foto de Franco junto a Juan Carlos de Borbón en los años 60. Una vez que Rivera dejó el Congreso, el papel de hombre anuncio con fotos había quedado reservado a la extrema derecha. «Vox tiene aquí desgraciadamente 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la Zarzuela», dijo Rufián. Podría haber enumerado todas las declaraciones de Felipe VI que ha encontrado en favor de las ideas de Vox, pero se le olvidó o no tenía tiempo suficiente.
El ambiente cuartelero de la sesión de control, llena de gente compitiendo con los loros de Lincolnshire, surgía sobre todo de los escaños de la oposición. Miguel Ángel Jerez, del PP, reescribió por su cuenta la Constitución para afirmar que «la función del jefe del Estado está secuestrada por el Gobierno». El monarca no puede dar discursos ni realizar viajes sin permiso del Gobierno. Está en la Constitución. En su momento, José María Aznar vetó el viaje del rey Juan Carlos a Cuba en 1998 y no lo ocultó: «El rey irá a Cuba cuando toque». Como le preguntaron por ello, no tuvo inconveniente en explicarlo: «Este tipo de viajes no se realizan por razones de deseo, sino de oportunidad política”. ¿Y quién decide la oportunidad política? El Gobierno, no la oposición. Muy complicado para que lo entienda un diputado como Jerez.
Los diputados de Unidas Podemos se han lanzado a una serie de declaraciones republicanas después de conocerse nuevas pruebas sobre los graves delitos fiscales cometidos por el anterior monarca, cuando las preocupaciones de la calle, incluidas las de sus votantes, van por otro lado. Es difícil implicarse en el debate sobre la Jefatura del Estado cuando puedes perder tu empleo, o ya lo has perdido, y no sabes si podrás pagar el alquiler, la luz o la comida.
Al menos, en el terreno de los principios tanto derecho tienen los parlamentarios del PP a declararse monárquicos como los de Podemos a afirmar sus creencias republicanas. Alberto Garzón lo explicó con estas palabras: «Yo soy republicano. Afortunadamente, esas ideas dejaron de estar perseguidas hace 40 años».
No tan rápido, señor Garzón. Los diputados de la derecha sí querían perseguir las acusaciones de Rufián y que hubiera sacado una foto de Franco. Se quejaban a gritos de que el diputado de ERC hubiera acusado de autoritarismo al rey. «Se han vertido insultos contra las instituciones del Estado. Usted tiene la responsabilidad de no tolerar la acusación de Rufián contra la jefatura del Estado, que ha calificado de autoritaria», clamó Casado. Inés Arrimadas estaba indignada, porque la presidenta no había censurado al portavoz de ERC. En este lodazal que es la sesión de control, llamar autoritario a alguien es como darle un suave pellizco en el brazo. La oposición está más por dar patadas en los testículos, aunque exige tener reservado ese derecho. Si otros amagan con hacer lo mismo, les sale tanta espuma por la boca que se les cae la mascarilla.
En el mundo real, en el que la política también juega un papel importante, las noticias eran tenebrosas. Este país necesita que los gobiernos apliquen medidas más restrictivas, preferiblemente consensuadas, para contener la pandemia. El Gobierno de Madrid y el Ministerio de Sanidad llegaron el martes a un preacuerdo largamente esperado sobre los límites a partir de los cuales las autonomías deben intervenir. Madrid no quería quedarse sola y por eso el Ministerio colocó el umbral de positivos en 500 por 100.000 habitantes, además de otras condiciones. Las diez ciudades españolas de más de 100.000 habitantes que se pueden ver afectadas están en Madrid, porque esa Comunidad es la región que peores números tiene en España. Y en Europa.
Al día siguiente, todo cambió. El PP había decidido boicotear la extensión del acuerdo a toda España en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que agrupa al Gobierno y todas las autonomías. Otra sorpresa más. Casado fracasó en su intento de formar un frente común: dos gobiernos del PP no votaron en contra. Castilla y León votó a favor y Murcia se abstuvo. Aún queda otro detalle entre cómico y patético. Fuentes del Gobierno murciano dijeron horas después que se habían abstenido por error. La segunda versión es que se habían opuesto, aunque resulta que a su consejero no le habían escuchado decir eso. Se votaba a viva voz, no pulsando un botón, así que es posible que aparezca una nueva tanda de chistes malos sobre la pronunciación de los murcianos.
El ministro de Sanidad anunció que el acuerdo aprobado por mayoría se convertirá en una orden ministerial «de obligado cumplimiento» que aparecerá en el BOE. El Gobierno de Díaz Ayuso tardó menos de una hora en decir que no está por la labor. Su consejero de Sanidad dijo en rueda de prensa que ese acuerdo «no es válido jurídicamente». No es que hayan puesto un lazo amarillo en la fachada de un edificio. Sólo han mostrado el dedo corazón al Gobierno y a la lucha contra la pandemia.
¿Por qué el Gobierno de Díaz Ayuso no parece estar alarmado por encabezar el peor ranking de Europa? Porque la cosa no es para tanto. «El reto es localizar al 1% infectado y que el 99% restante pueda seguir con una vida más o menos normal», ha dicho su presidenta. Todo esto de la pandemia y las decenas de miles de muertos está muy exagerado. El 99% puede proseguir con su vida sin tantas alarmas ni sustos. La gente no deja de ir de bares y de comprar en las tiendas por la gripe, ¿no?
El Ministerio notificó el miércoles 11.016 contagios más, 4.810 en Madrid, la segunda cifra más alta de la segunda oleada. 3.897 se han comunicado en las últimas 24 horas. La nueva cifra de muertos es de 177 más. Ese ya es un número similar al que había a mediados de mayo. Algunos gobiernos autonómicos que pedían criterios homogéneos ahora dicen que no hay prisa, que necesitan más tiempo para consensuarlos «a nivel técnico».
Francia, Alemania y Reino Unido están aplicando ya medidas más duras, alarmadas por la evolución de la segunda oleada. En España, apostamos por el estereotipo de mañana, mañana, mañana. En el caso del Gobierno madrileño, la respuesta es ‘ya veremos’. Reclaman que se siga discutiendo porque están en juego los derechos de millones de madrileños. Así lo dijo el consejero de Sanidad. Sobre el derecho a la vida, a que su Gobierno haga lo posible para que no mueran en esta pandemia, no se mostró tan interesado.
A este país se le está acabando el tiempo. Los loros de Lincolnshire podrían darnos una respuesta más clara y menos amable: «Fuck off».
