La operación Kitchen se está investigando en un juzgado de la Audiencia Nacional para saber si el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy utilizó fondos públicos para impedir que las revelaciones hechas por Luis Bárcenas pudieran perjudicar al Partido Popular, además de otros asuntos delictivos. Y también se está hablando de ella en una comisión de investigación en el Congreso. Es pronto para llegar a una conclusión, porque lleva poco tiempo en funcionamiento, pero de momento no se puede decir que vaya a investigar mucho. Ni siquiera ha tenido acceso a los hechos descubiertos por la justicia. Aún no ha terminado la instrucción judicial y el magistrado García Castellón no ha querido por ese motivo entregar informes al Congreso. A veces por correr demasiado, tardas mucho más en llegar a la meta. O sencillamente no llegas nunca.
Investigar en el Parlamento hechos que están siendo investigados al mismo tiempo en los tribunales es una tarea tan complicada que hay pocos precedentes alentadores.
La comisión escuchó el jueves el testimonio del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid hasta mayo de 2020 y antes cargo policial de confianza de los ministros Rubalcaba y Camacho, del PSOE, y Fernández Díaz y Zoido, del PP. Se produjo una paradoja difícil de entender para los que no conocen el Congreso. Los diputados le convocaron para que hablara de algo sobre lo que legalmente no puede hablar. En concreto, sobre el uso de fondos reservados. No puede hacerlo por una ley aprobada por el Parlamento en 1995 a iniciativa de un Gobierno socialista. Eso no impidió que el diputado socialista Felipe Sicilia le preguntara en reiteradas ocasiones por el uso de fondos reservados, en algunos momentos con referencias muy concretas. Pérez de los Cobos le dijo que no podía responder por ser materia clasificada y que hacerlo le acarrearía «responsabilidades penales».
Eso molestó a Sicilia con el argumento de que el coronel ya había declarado sobre el asunto en el juzgado y los medios de comunicación habían informado de ello. Pérez de los Cobos le recordó que se produjo una desclasificación de ese asunto sólo a los efectos de su comparecencia ante el juez, no ante el Parlamento. «En el Congreso, hay una comisión de secretos oficiales y estaría encantado de dar allí esa información», dijo. Sicilia argumentó que sí podía hablar de ello, porque son «materias archiconocidas», una razón que no aparece por ningún lado en la ley de 1995.
Cuando el coronel insistió en que le podían convocar a la comisión de secretos oficiales, el socialista se puso muy digno y afirmó que «esta casa sabe dónde debe convocar» a las personas para que aporten información. No parece que eso sea del todo cierto. En esta legislatura, ni siquiera se ha puesto en marcha la comisión de secretos oficiales. Se necesitan 210 votos para elegir a sus integrantes y los vetos cruzados que impiden la presencia de Vox, ERC y Bildu en ella hacen imposible alcanzar la cifra de votos necesaria. Por tanto, no hay control parlamentario del CNI y de los gastos reservados desde marzo de 2019.
La desclasificación de asuntos confidenciales compete al Gobierno. Los diputados que pretendían que Pérez de los Cobos hablara de fondos reservados podrían haberlo reclamado al Ministerio de Interior o a Moncloa. No lo hicieron y si lo hicieron, no tuvieron éxito.
Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, insistió en que los medios de comunicación informaron de la declaración judicial del coronel, lo que nunca ha supuesto la desclasificación de una materia o documento. Se enfadó tanto que pidió que se tomara nota de su «falta de colaboración» y calificó su actitud de «obstruccionista». Pérez de los Cobos se empezó a calentar. Como es habitual en el Congreso, Mayoral le interrumpía a veces y a eso no está acostumbrado un coronel de la Guardia Civil. «¡No me interrumpa!», replicaba airado. No le iban a sacar nada.
Después entró en escena Gabriel Rufián, que tenía toda la intención de interrumpir al testigo para ponerlo nervioso. Lo consiguió. «No me está respondiendo, así que para qué le voy a dejar hablar», dijo, porque tampoco se trataba de disimular. Al principio, Pérez de los Cobos se lo tomó con ironía. «A estas alturas, nadie pensará que nadie puede intimidarme citando un artículo del Código Penal», dijo medio sonriendo. Más interrupciones. Protestas de diputados de la derecha. «No está en una caserna (cuartel). No me vacile», le dijo el portavoz de ERC. Le preguntó si el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, mintió. Como era sobre fondos reservados, el coronel no respondió.
Para culminar la pelea, Rufián sacó el tema de la violencia policial en el referéndum de independencia del 1-O («mil heridos, vergüenza debería darles»). Ese no es el tema de la comisión de investigación. Ya muy superada por los enfrentamientos, Isaura Leal, presidenta de la comisión, no intervino para devolver la comparecencia al asunto para el que había sido convocada y continuó la gresca. En ese momento, la Operación Kitchen ya daba un poco igual.
Pérez de los Cobos coordinó o dirigió la actuación de Policía y Guardia Civil el 1-O. La comisión parecía un buen momento para ajustar cuentas. Míriam Nogueras, de JxC, y Mireia Vehí, de la CUP, también sacaron ese tema. «En Catalunya es usted un mero mercenario del Estado que no merece ni la vergüenza», le espetó Vehí. Jon Iñarritu, de Bildu, le preguntó si había sido testigo de torturas y hasta sacó a colación lo que llamó la «leyenda urbana» sobre la aparición de Pérez de los Cobos en un cuartel para apoyar el golpe de Estado del 23F en 1981. «Absolutamente falso», dijo el coronel, que hasta agradeció la pregunta para poder desmentir esa historia que ha circulado en internet.
Los diputados del PP y Vox se indignaron con los ataques al guardia civil. ¿Qué ocurrió cuando compareció después Manuel Morocho, inspector jefe en la UDEF que ha investigado durante años los casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, algunos de los cuales han sido condenados? En ese momento fue el PP el que intentó desacreditar al testigo. El diputado Eloy Suárez desconoce que son los jueces de instrucción los que abren y cierran las investigaciones, un nivel de conocimiento que tienen hasta los alumnos menos dotados de primero de Derecho. Acusó a Morocho de mantener abiertas las investigaciones policiales de forma artificial. Incluso le recordó que ha sufrido querellas en siete ocasiones. Todas de políticos del PP relacionados con la corrupción que buscaban obstaculizar las indagaciones sobre sus negocios.
En las pocas sesiones celebradas, el Partido Popular ya ha dejado muestras claras de que va a boicotear los trabajos de la comisión. El jueves se vio que llegará al punto de atacar a los policías que investigaron la corrupción en las instituciones. Es una peculiar forma de autoincriminarse.
