El Ministerio israelí de Defensa ha encontrado la forma perfecta para impedir que las asociaciones de derechos humanos vigilen o denuncien el trato que recibe la población palestina de los territorios ocupados: considerar a seis de ellas como «organizaciones terroristas». Es una medida habitual en dictaduras o regímenes autoritarios que nunca tardan mucho en intentar desacreditar a las voces de oposición. El segundo paso suele consistir en enviarlos a prisión.
Israel continúa así con su política habitual de tachar de terrorista cualquier gesto de oposición a la ocupación. Cuando no se trata de una acción violenta, la acusación es de complicidad con los terroristas.
«Durante décadas, las autoridades israelíes han intentado de forma sistemática bloquear la vigilancia de los derechos humanos y castigar a aquellos que critican su gobierno represivo sobre los palestinos», dicen Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un comunicado conjunto. «Mientras el personal de nuestras organizaciones se enfrenta a la deportación y a la prohibición de viajar, los defensores palestinos de los derechos humanos siempre han soportado la parte más dura de la represión. Esta decisión supone una alarmante escalada que amenaza con clausurar la actividad de las asociaciones civiles más importantes».
El Ministerio se ha negado a mostrar las pruebas que justifican la medida, sustentada en una ley aprobada en 2016. Lo hacen así porque esas pruebas son «secretas». Cuenta con el aval del fiscal general israelí. A las organizaciones se les acusa de estar relacionadas con el Frente Popular de Liberación de Palestina, integrado desde hace décadas en la OLP, y de facilitarle parte de sus fondos.
Si algunos de los responsables de estos grupos trabajan para el FPLP, el Ejército israelí no se ha molestado en detenerlos y ha ido directamente contra las organizaciones.
Ni el primer ministro ni el resto del Gabinete habían sido informados previamente. El ministro de Defensa, Benny Gantz, se ha negado a presentar las pruebas a todo el Gobierno de coalición, formado por varios partidos. Sólo está dispuesto a ofrecerlas al más restringido Gabinete de Seguridad, en el que están el jefe del Gobierno y varios ministros. Pero este Gabinete se reúne con frecuencia y en su última reunión Gantz no informó de lo que iba a hacer.
Quienes sí podrán verlas serán los altos cargos del Departamento de Estado de EEUU. Una delegación del Ministerio de Exteriores y del Shin Bet viajará en los próximos días para mostrarlas. El Gobierno norteamericano es la única instancia que preocupa en la política israelí.
Varias de esas organizaciones reciben subvenciones de la Unión Europea y de países europeas.
Labelling effective NGOs “terrorists” is a textbook way to evade accountability for human rights violations—and an affront to everyone who cares about peace.
There must be immediate consequences from the US and the international community for this brazen act. https://t.co/VyjU4W3yrs
— Ilhan Omar (@IlhanMN) October 22, 2021
Las organizaciones son Addameer (dedicada a los derechos de los presos), Al-Haq, Defensa de los Niños Internacional-Palestina, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Unión de Comités de Trabajo Agrícola. Todas ellas denuncian habitualmente violaciones de derechos cometidas por las autoridades israelíes o los colonos de los asentamientos en sus respectivas áreas de actuación.
«Criminalizar su trabajo es un acto de cobardía característico de regímenes autoritarios y represivos», ha dicho la organización israelí de derechos humanos B’Tselem.
Proud to stand in solidarity with our Palestinian colleagues pic.twitter.com/aUTuIv8h7V
— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) October 25, 2021
