Lo malo de enterrar la porquería bajo la alfombra es que si lo tomas como costumbre se levanta un bulto de tal tamaño que termina siendo un peligro. Los residentes en el Palacio de la Zarzuela deben andar ahora con mucho cuidado para no partirse la crisma. En eso ha consistido su estrategia en torno a la fortuna de Juan Carlos de Borbón escondida en el extranjero.
Cada cierto tiempo Felipe VI, el Gobierno o los abogados del anterior rey pasan por allí, levantan una esquina de la alfombra y piden a una empleada de la limpieza que meta dentro todo el polvo acumulado en las últimas semanas. Lo aplastan un poco y anuncian que las instituciones están funcionando a la perfección. La señora de la escoba les mira con cara de estar pensando: tantos estudios, tanto traje caro, y funcionan como ladrones chapuceros de una película de Guy Ritchie que empieza con los planes para un golpe perfecto y acaba en una ensalada de tiros y con medio reparto sangrando en el suelo.
La noticia de que Juan Carlos ha pagado 678.394 euros a Hacienda para que no se le acuse de un delito fiscal de manual, aprovechándose de la extraña pasividad de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, obligó el miércoles y el jueves a varios políticos a realizar todo tipo de contorsionismos verbales. Algunos dieron tanta pena que les vendría bien inventarse un contacto cercano con un positivo por coronavirus para no tener que salir de casa y enfrentarse a los micrófonos.
Ana Pastor hizo un homenaje involuntario a los requiebros con los que se hizo famoso Mariano Rajoy cuando le preguntaban sobre la corrupción en su partido. A una pregunta sobre Juan Carlos, Pastor respondió: «Entra dentro de las decisiones individuales de la persona a la que usted se ha referido». Fue un error táctico, porque la opinión pública ha aprendido que cuando un dirigente del PP retuerce el lenguaje para no pronunciar el nombre de alguien es porque el aludido es culpable.
En el plano de las fantasías mentales, nadie puede superar a Isabel Díaz Ayuso, que consiguió la típica hazaña de la que ella es ya una profesional. «Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley». La segunda parte de la frase contradice a la primera, y también a la Constitución, pero esa es otra historia. Hay que entender el proceso antes de sorprenderse. Miguel Ángel Rodríguez le dice lo que tiene que decir, ella lo apunta, su cerebro lo madura y luego de su boca salen las palabras en un orden aleatorio. Como el teléfono roto, pero sólo con dos personas.
Después, el responsable de su cuenta de Twitter intentó arreglarlo con ligeros cambios en la frase. Fue otro error. Sólo los bolivarianos yihadistas ateos están empeñados en demostrar que la construcción de las frases es importante. Por encima de la sintaxis, está la Constitución.
Edmundo Bal, de Ciudadanos hizo honor a sus estudios en Derecho y su carrera como abogado del Estado para reconocer a título personal que estamos ante «una conducta moralmente reprobable». También es cierto que lo que tenemos delante es un tema que ha vulnerado, más allá de la moralidad, el Código Penal.
Más relevancia tiene lo que diga el Gobierno. Por la parte que les toca, los ministros socialistas que no pudieron evadir a los periodistas optaron directamente por el escaqueo. «Él sabrá lo que tiene que hacer», dijo Margarita Robles, como si la corrupción anterior en la Casa Real fuera un asunto menor que no concierne al Gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo optó por la misma salida: «Forma parte de una actuación personal del monarca y no hay nada más que añadir». Cuando un político dice esto, es que tiene mucho miedo a que la gente hable del tema.
Unidas Podemos tiene ya más munición para su ofensiva republicana. Ahí salió Rafael Mayoral, que recordó que la Primera República –eso fue en 1873– llegó a España «por la salida de los corruptos del Estado» en forma de viaje de Isabel II para no volver. Se fue calentando y afirmó que las monarquías de otros países europeos «no fueron instauradas por regímenes cómplices del Holocausto». El peor genocidio del siglo XX, nada menos. Eso quiere decir que se trata de un asunto en el que el PSOE va a recibir un aviso dramático de Podemos. Nada más lejos de la realidad. Preguntaron a Mayoral por el apoyo socialista a la monarquía y el globo se desinfló. «Respetamos la posición del PSOE, pero no la compartimos». No hay que ponerse nerviosos. Este no es un tema que vaya a poner en peligro la cohesión del Gobierno.
Ante tal problema, Pedro Sánchez optó en la noche del miércoles por la respuesta habitual en los presidentes del Gobierno: una sonrisa relajada y negar la mayor. Todo está bien. «La democracia está funcionando». Las instituciones están como un toro. «Lo que estamos haciendo es juzgar personas, no instituciones». Dejemos que los tribunales y Hacienda hagan su labor.
Sin embargo, las instituciones no son entes sobrenaturales ni robotizados. Están encarnadas en personas. Cuando estas ocupan altos puestos de responsabilidad y se comprueba que violaron la confianza de los ciudadanos –por ejemplo, recibiendo grandes cantidades de dinero de millonarios y gobiernos extranjeros–, esas instituciones quedan contaminadas. Al igual que otras que no reaccionaron, porque les dijeron que esto se solucionaría con el truco de la alfombra.
El Gobierno no ha respondido a una cuestión que afecta a dos organismos públicos que dependen de él. La Fiscalía Anticorrupción llevaba mucho tiempo investigando el uso de ‘tarjetas black’ por miembros de la familia de Juan Carlos, incluidos su esposa y nietos, que se cargaban a cuentas en el extranjero controladas por testaferros. Eran los sobresueldos monárquicos alimentados por fondos supuestamente desconocidos. Su obligación era comunicarlo al Tribunal Supremo en el momento en que tuviera indicios de un delito.
eldiario.es informó de esa investigación hace cinco semanas, momento a partir del cual la Agencia Tributaria podía haber tomado las decisiones habituales cuando se conoce que un contribuyente está obteniendo ingresos en negro. Y que son delito por una cantidad superior a 120.000 euros (según la cantidad abonada ahora, la bolsa de dinero negro de la que estaba tirando el anterior monarca podría oscilar entre un millón y un millón y medio de euros).
Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria podían haber hecho lo que siempre hacen, pero en este caso da la impresión de que mostraron una cierta indolencia. Hagamos memoria. Es la misma tranquilidad que hizo que la Casa Real y el Gobierno supieran durante un año que Juan Carlos de Borbón tenía montada una estructura financiera en el exterior de la que iba a ser beneficiario, a título bastante lucrativo, el rey Felipe VI. Dado que los ciudadanos no sabían nada, nadie se movió hasta que la Casa Real se decidió a reaccionar con un comunicado en el que afirmaba que el actual monarca no quería saber nada de ese dinero.
Ahora ha pasado también un tiempo hasta que alguien ha dicho: ¡la alfombra! Juan Carlos se enteró a través de sus abogados de que había llegado la hora de soltar la pasta. Una parte de ella. Tampoco pensemos que se ha quedado en la miseria y que regresará a España para solicitar el ingreso mínimo vital.
Y ahora pueden ponerse en contacto con Carmen Calvo para decirle si es necesario añadir algo más a esta crisis constitucional.
