Pocas horas después de que se conociera la sentencia contra Loujain al-Hathloul, la futura Administración de Joe Biden ya tenía preparada una respuesta. Jake Sullivan, que será su consejero de Seguridad Nacional, la difundió en Twitter: «La sentencia de Arabia Saudí contra Loujain al-Hathloul por simplemente ejercer sus derechos universales es injusta y preocupante. Como hemos dicho, la Administración Biden-Harris se posicionará contra las violaciones de los derechos humanos con independencia de dónde ocurran».
Loujain al-Hathloul, de 31 años, detenida en mayo de 2018, ha sido condenada a cinco años y ocho meses de prisión por intentar cambiar el sistema político del país y causar daños a la seguridad nacional, según la sentencia. Su caso fue traspasado hace un mes al tribunal que se ocupa de casos de terrorismo con la intención de presentarla como una enemiga del Estado. Hathloul llevaba años defendiendo los derechos de la mujer en Arabia Saudí. Fue arrestada poco antes de que se levantara la prohibición de conducir a las mujeres. El Gobierno sabía que iba a continuar su activismo en otros asuntos más importantes.
Su familia y Amnistía Internacional denunciaron que Hathloul y otras activistas fueron torturadas y sometidas a abusos sexuales en la cárcel.
El tribunal ha declarado suspendida una parte de la pena. Según su familia, eso probablemente permita su libertad condicional dentro de unos tres meses. Pero quedará sobre ella la amenaza de volver a ser encarcelada para cumplir el resto de la pena si continúa con su labor por los derechos humanos. Además, tendrá prohibida la salida del país durante cinco años.
Otra activista feminista encarcelada, Mayaa al-Zahrani, recibió la misma pena.
La organización de derechos humanos ALQST revisó los documentos presentados por la fiscalía en el juicio del 10 de diciembre. Afirmaban que ella había «confesado» participar en un grupo de Telegram donde se discutía sobre derechos humanos, estar en contacto con otro activista para realizar una campaña en favor de una nueva Constitución para Arabia Saudí y haber recibido una dieta diaria de 50 euros cuando participó en el extranjero en conferencias sobre la situación de la mujer en el país.
En la vista, la fiscalía hizo algunos cambios en su escrito de acusación, como eliminar las referencias a la Unión Europea y los gobiernos de Reino Unido y Holanda, es decir, los contactos con el extranjero por los que ha sido condenada.
Nada que tuviera que ver con el terrorismo y la seguridad del país.
Se había especulado con que Loujain al-Hathloul y otras activistas serían puestas en libertad antes de que Biden tome posesión el 20 de enero. Ocurrirá no mucho tiempo después, pero en unos términos que no pueden convencer a la futura Casa Blanca. Condenar en un tribunal antiterrorista a las mujeres más activas en la defensa de sus derechos es lo que se espera de un régimen que envió a un comando de asesinos que mató al periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul e hizo desaparecer su cadáver. Y ya no habrá un Donald Trump que proteja los intereses del príncipe heredero saudí Bin Salmán.
La relación estratégica de EEUU con Arabia Saudí se remonta a 1945. Con Bin Salmán a unos pocos años de convertirse en rey, ha pasado a tener un precio muy alto, mucho mayor que el que Biden estaba dispuesto a pagar si hay que creerse sus promesas.
