El titular ha aparecido el martes en varios medios de comunicación españoles, incluido este rótulo del Canal 24 Horas de TVE. Titulares dramáticos y graves.
Es una lástima que sean falsos.
El Gobierno no ha pinchado los teléfonos de la agencia AP. Ni hubo escuchas telefónicas. Cualquier espectador habría pensado que el FBI estaba escuchando las conversaciones de los periodistas con sus fuentes. No es cierto.
La investigación del Departamento de Justicia tuvo acceso a los registros de llamadas de una veintena de líneas telefónicas de periodistas de AP durante dos meses, tanto fijos como móviles y tanto teléfonos de la redacción como del hogar de algunos reporteros. Supongo que esos registros incluyen día y hora de llamada, duración y números de teléfono de los interlocutores. Esa es la parte importante porque la investigación buscaba localizar a las personas de la Administración que habían entregado a los reporteros información sobre una operación antiterrorista.
La decisión de la Administración de Obama no es menor ni rutinaria. Como dice el presidente de AP, no hay precedentes de una operación de estas dimensiones contra un medio de comunicación sin respetar además las normas habituales en estos casos:
“There can be no possible justification for such an overbroad collection of the telephone communications of The Associated Press and its reporters,” Pruitt wrote to Holder. “These records potentially reveal communications with confidential sources across all of the newsgathering activities undertaken by the AP during a two-month period, provide a road map to AP’s newsgathering operations, and disclose information about AP’s activities and operations that the government has no conceivable right to know.”
Desgraciadamente, la medida es coherente con la agresiva conducta de la Administración de Obama contra los presuntos responsables de filtraciones a los medios de comunicación. Lo realmente alarmante es que una vez más la información que facilita el Gobierno para justificar sus actos es muy poco precisa en cuanto a la base legal con la que se adoptan estas decisiones. AP no recibió ninguna notificación del Gobierno durante esos dos meses, y por lo tanto no tuvo la oportunidad de presentar un recurso ante los tribunales.
Es cierto que en los casos de filtraciones, informar a los medios pone en teoría en peligro toda la investigación en la medida de que alerta a los periodistas para que no vuelvan a ponerse en contacto con sus fuentes en temas delicados. En cualquier caso, investigar una filtración es un asunto condenadamente difícil. Dudo de que los periodistas que tocan los temas de defensa o inteligencia utilicen sus teléfonos personales o del trabajo para los contactos realmente importantes.
El asunto del control judicial es especialmente grave. ¿Pueden el Departamento de Justicia y el FBI acceder a esta información confidencial por propia iniciativa y sin permiso de un juez? Una vez más, lo que el Gobierno ha contado, con el secretismo habitual, no es suficiente para conocer la respuesta.
En el párrafo 35º del artículo del Post, aparece una referencia al gran jurado convocado para decidir sobre esta investigación:
A grand jury based in Washington’s federal court has been investigating the possible leak of classified information to the AP for several months, according to a government official familiar with the probe who spoke on the condition of anonymity to discuss an ongoing case.
Hay que imaginarse que ese control de las comunicaciones ha sido autorizado por el gran jurado. Como en muchas investigaciones relacionadas con el terrorismo, el Gobierno puede convocar de forma secreta un gran jurado para autorizar este tipo de medidas, e incluso llegado el caso dictar un procesamiento. Por dar un ejemplo, Wikileaks está convencida de que un gran jurado similar ordenó en secreto el procesamiento de Julian Assange por la filtración de los telegramas del Departamento de Estado hace ya mucho tiempo sin tener la obligación legal de hacerlo público.
¿Qué estaba investigando ese gran jurado? Aparentemente (no hay una confirmación oficial), se trata de la operación con la que se frustró un atentado de Al Qaeda en Yemen con el que se pretendía colocar una bomba en un avión con destino a EEUU. Fracasó cuando el explosivo se entregó a un agente doble al servicio de la CIA.
AP se enteró de la historia, se puso en contacto con el Gobierno, aceptó no hacerla pública durante varios días a petición de la Administración, y terminó por contarla en este artículo. Esta es la información que despertó las iras del Gobierno:
The would-be suicide bomber, the man al-Qaeda entrusted with its latest device, actually was a double agent working with the CIA and Saudi intelligence agencies, officials said Tuesday. Instead of sneaking it onto a plane in his underwear, he delivered it to the U.S. government and handed al-Qaeda its latest setback.
Es decir, el problema no venía de haber contado el fracaso del proyecto de atentado, sino de identificar a la persona que había estado trabajando para la CIA y los saudíes. Por otro lado, resulta obvio que esa fuente estaba quemada. Si sus jefes le dieron la bomba para que subiera a un avión con ella y el atentado no se produjo, estaba claro que no iban a confiar más en él y que el agente doble estaba ya fuera de circulación. Pero todo esto son especulaciones, porque no sabemos realmente qué ocurrió.
La parte buena de esta historia es que quizá los medios de comunicación se interesen ahora por una práctica (acceder a los registros telefónicos de forma secreta) que el Gobierno lleva utilizando años sin que se sepa exactamente cuál es el control judicial que la respalda.
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Además de unos cuantos errores, llama la atención la cobertura que algunos medios españoles han dado a la noticia en la tarde y noche del martes. Es cierto que fue un día con pocas noticias en España, pero incluso así…
Al otro lado del Atlántico, no parecían estar tan alarmados.
Quizá la web del NYT en EEUU le prestaba más atención (hablamos de las doce de la noche, hora española). El Post le daba más importancia, pero tampoco era la primera noticia.
Ya sabemos que las noticias de EEUU tienden a estar sobrerrepresentadas en los medios españoles. Es el país más importante del mundo, cierto, pero creo que todo se debe a una cuestión de cantidad. Siempre hay mucha más información disponible sobre EEUU que sobre cualquier otro país del mundo. Otra cosa es que ayer allí era mucho más importante la noticia sobre la investigación de Hacienda a grupos conservadores. Eso parece más grave por la sospecha de que el fisco estuvo investigando a rivales políticos de la Casa Blanca (que niega saber nada del asunto). Pero los asuntos de «espionaje» y terrorismo siempre son más fáciles de vender en un titular.
13.44
Roger Senserrich explica que la petición a las compañías telefónicas de los registros de llamadas es una medida legal. Otra cosa es que sea políticamente presentable. El Tribunal Supremo dictaminó en su momento que esa información, incluido el número de la persona a la que llamas, no entra dentro del ámbito de la privacidad, como sí sería el caso del contenido de la conversación telefónica.
