«El Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas», dicen que dijo hace muchos años Felipe González, precisamente cuando las alcantarillas echaban humo con los GAL. Este domingo, el programa Salvados nos ha ofrecido un ejemplo en prime time del funcionamiento de esas alcantarillas que no pertenecen únicamente a los primeros años de la Transición ni a los turbulentos años 80. La entrevista de Jordi Évole al comisario Villarejo ha tenido de todo: policías, espías, jueces, políticos, periodistas… A fin de cuentas, Villarejo se ha movido con varios gobiernos como pez en el agua en las cloacas prestando servicios a políticos y empresarios, repartiendo información a periodistas de confianza y jugando a ser espía para gran enfado de los que cobran por esa función a fin de mes.
La actividad profesional de Villarejo se acelera cuando vuelve a la policía en los años 90 tras una excedencia de diez años. A partir de entonces, trabaja para los gobiernos posteriores que siempre encontraron utilidad para un hombre como él. No hay ministro que deseche la idea de tener un informe en su despacho sobre asuntos confidenciales, no para presentar cargos en un tribunal –la función legal de la policía–, sino para saber más que sus adversarios o en ocasiones hacerles daño. A partir de ahí, la creatividad del comisario a la hora de interpretar las órdenes de sus jefes es lo que le mantuvo en activo durante tanto tiempo. Siempre es bueno contar con un sicario que convierte las insinuaciones en órdenes, que siempre va más lejos de lo que le han pedido.
La entrevista, a pesar de la larga sucesión de mentiras de Villarejo, nos concedió un asiento de primera fila en la representación de esas cloacas a las que se ha relacionado con la fabricación de pruebas contra los rivales políticos del PP en los últimos años. En ese sentido, fue un programa valiente y con una perfecta puesta en escena que nos convirtió en testigos de una parte del funcionamiento del Estado que raramente aparece en el horario televisivo de máxima audiencia.
El plural de cloacas es inevitable. ¿Cómo puede ser que un policía enfrentado desde hace años al CNI fuera reclutado por el Ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz para ocuparse de los temas de Cataluña, y de forma que fuera condecorado por ello? Los años de gobierno del PP nos han deparado espectáculos como este, cuando comisarios y periodistas se ocupaban de fabricar titulares contra Podemos y los independentistas catalanes, además de una guerra de comisarios en los niveles más altos en la que volaban los cuchillos. Tanto es así que es extraño que alguno de esos comisarios no haya sufrido un accidente de coche al quedarse sorprendentemente sin frenos.
Por ser fiel al testimonio, hay que decir en una versión resumida que Villarejo acusó al director del CNI de ser el mayor poder en la sombra de este país y haber amenazado a un antigua amante del exrey Juan Carlos, a la diputada socialista Margarita Robles de encargar un informe sobre la vida personal de Baltasar Garzón cuando era secretaria de Estado, al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó de haber intentado torpedear la investigación sobre Bárcenas, y al periodista de El País Javier Ayuso de trabajar para el CNI.
Su enemistad con el CNI es conocida y se remonta a varios años. Los espías no querían un competidor en su esfera de negocio. Las andanzas de Juan Carlos de Borbón y Corinna son conocidas, y no es extraño que el CNI asumiera como misión impedir que perjudicaran –aún más– la reputación de la monarquía.
En la época de Margarita Robles fue cuando Villarejo perdió algunos de sus privilegios policiales y hay que recordar que el PSOE de Felipe González siempre acusó a Belloch y a Robles de no haber parado de alguna manera la investigación sobre los GAL. Pero resulta que, a pesar de ese intento por acabar con la reputación de Baltasar Garzón y relacionarlo con narcotraficantes, el exjuez mantiene una buena relación actualmente con Villarejo, lo que sólo puede sorprender a los inocentes que creen que su investigación sobre los GAL y su actividad de los últimos años sobre los crímenes del franquismo resumen toda su trayectoria.
La idea de que Cosidó pudo presionar a Villarejo en relación a Bárcenas es tan ridícula que me extraña que un cámara de la entrevista no se cayera de la risa al suelo y arruinara el plano. Cosidó, un diputado no especialmente brillante del PP, no era el ministro de Interior en la sombra ni se conocen grandes revelaciones sobre Bárcenas que tengan que ver con Villarejo. Su explicación de que Cosidó puenteaba al número dos de Interior para estar en contacto con la vicepresidenta del Gobierno no tiene sentido, porque ese secretario de Estado ya era del grupo de dirigentes del PP que lo deben todo a Sáenz de Santamaría.
Sobre Ayuso, francamente no necesita ser agente del CNI para defender a la Casa Real y al sistema político anterior a las elecciones de 2015 desde El País. Lo haría gratis, aunque lógicamente recibe un sueldo en el periódico por cumplir esa función.
Hay que decir algo bastante obvio. Villarejo hace todas esas acusaciones sin presentar pruebas. Ese ventilador es el que le delata. En una época no muy lejana, contaba con la protección del Ministerio de Interior, tenía una cohorte de periodistas que regurgitaban sus soplos y campañas de desprestigio –de ahí la mención a Inda y Urreiztieta en el programa, y no son los únicos– y en resumidas cuentas daba mucho miedo. El caso del acoso y agresión a la doctora Pinto es un buen ejemplo de las cosas por las que le tenían miedo.
Ahora parece que Villarejo aceptó dar este entrevista para enviar un mensaje a sus enemigos: estoy fuera de primera línea, pero aún puedo contar muchas cosas y llevarme a unos cuantos por delante.
Lo que queda de esa entrevista es la constatación de que desde 2011 el Ministerio de Interior fue con Fernández Díaz un pozo séptico de corrupción. El PP había aprendido la lección que le deparó el 11M y su derrota en las elecciones de 2004. No iba a dejar que una investigación policial no controlada por ellos les arruinara la vida. Utilizaron las alcantarillas para defender el Estado de derecho, que diría Felipe González, es decir, su visión del Estado que pasa por fabricar pruebas cuando es necesario si eso sirve para desprestigiar a los adversarios más peligrosos.
Hay por tanto una cierta continuidad con las guerras sucias de los 80, aunque en este caso no hayan dejado cadáveres a su paso. Pero también hay otra forma de verlo. En estos años los tribunales han enviado a prisión a políticos corruptos que gozaban hasta entonces de impunidad y han imputado a centenares de dirigentes del PP en investigaciones ejecutadas por la Policía y la Guardia Civil. Las cloacas no siempre pueden anegarlo todo.
La duda es saber cuántos villarejos quedan en nómina. No serán pocos.
