Las principales televisiones privadas griegas formaron un frente unido en la campaña a favor del sí en el referéndum. No es extraño ni denunciable que una empresa de comunicación tenga ideología. Es más discutible, como ha denunciado mucha gente, que en los debates celebrados antes de la consulta, la inmensa mayoría de los participantes estaba a favor del sí, y la presencia en las pantallas del no era casi testimonial. Eso es mala televisión, porque en esos casos una presencia nutrida de ambas partes es lo que garantiza interés público y espectáculo.
Lo ocurrido en la campaña no fue una excepción con respecto a lo ocurrido en los últimos años. El periodista Costa Efimeros, productor del documental Debtocracy, escribe sobre las muy rentables relaciones entre las empresas propietarias de las televisiones, los gobiernos anteriores y la troika. Detrás de las compañías están las corporaciones de la construcción, destino de los contratos de infraestructuras concedidos por los gobiernos, y las grandes navieras, uno de los sectores económicos con más poder en Grecia.
Para las televisiones, es un chollo. Han operado durante años en un marco de ilegalidad que les ha salido muy rentable:
«Desde el comienzo de la crisis y la aplicación del programa de austeridad, todos los grandes medios de comunicación se apresuraron a defender las duras políticas de los acreedores de Grecia. No era una decisión unilateral. A pesar de que desde la aprobación del primer memorándum (MoU) hay una norma para imponer un impuesto del 20% a la publicidad televisiva, esta es la única medida que la troika ha permitido que se aplace a través de un decreto que se aprueba el 31 de diciembre de cada años, y ya llevan cinco años consecutivos.
Pero va más allá. Los canales griegos operan en Grecia sin licencia, gracias a una ley de 1989 que les concede licencias por investigación y desarrollo. Y en caso de que no se hayan cansado por esto, hay más: los oligarcas, además de no pagar por sus licencias televisivas, tampoco han pagado impuestos durante años por el uso de frecuencias públicas, según el organismo nacional de contabilidad. Por eso, cuando la troika entró en escena, el compromiso era perfecto: los grandes medios de comunicación apoyaron el programa de austeridad, y los acreedores les permitieron funcionar en una situación de dudosa legalidad (el Consejo de Estado, máxima autoridad legal del país, ha dictaminado en dos ocasiones que es ilegal el uso de frecuencias sin licencia).»
En abril el Gobierno de Syriza dijo que iba a poner fin a esta «anarquía» y exigir a las televisiones que paguen su deuda por el uso de las licencias. La cantidad asciende a 40 millones de euros por los últimos cuatro años.
La respuesta de los medios dice mucho sobre cómo se han hecho las cosas en Grecia en las últimas décadas. Los que hacían favores al Gobierno podían contar con que no tendrían que hacer frente a sus obligaciones fiscales. Algo daban a cambio, pero no precisamente al Estado. Las televisiones dijeron que no iban a pagar porque los partidos se han aprovechado de una ley de 2002 para emitir sus anuncios electorales en esos canales sin pagar nada a cambio.
Las televisiones han apoyado los programas de austeridad todos estos años, incluidos los sacrificios exigidos a los ciudadanos. Pero ellos no sólo no se sacrifican, sino que ni siquiera pagan lo que deben.
Even if all Greek to you: obvious how greek media are owned by 7 oligarch families and why such #greekmediapropaganda pic.twitter.com/G3MDFQpnUy
— spyros gkelis (@northaura) julio 5, 2015
