El Partido Popular ha llegado a la conclusión, un tanto exagerada, de que los fondos europeos para la reconstrucción de un continente devastado por la pandemia pueden salvar al Gobierno de Pedro Sánchez. Es mucho dinero, evidentemente, pero la Comisión Europea ha dejado claro que debe ser utilizado para ciertas cosas. No es un fondo de libre disposición como otras partidas extraordinarias ya aprobadas. Pero el PP ha decidido que debe poner todos los obstáculos posibles en ese proceso de tramitación.
Viajó a Bruselas para sembrar dudas entre los conservadores europeos utilizando la renovación del CGPJ como palanca con la que convencerles de que España debía estar en ese grupo sospechoso que forman Polonia y Hungría a los que algunos quieren condicionar las ayudas económicas. Al mismo tiempo se niega a que el PP europeo expulse de sus filas al partido de Viktor Orbán en el poder en Budapest, aunque eso ya forma parte de las paradojas del PP, obsesionado por disparar a varios objetivos de forma simultánea.
Pablo Casado llegó a denominar «fondos de reptiles» a esos fondos europeos para la transformación económica. Los comparó con los ERE de Andalucía, un caso de corrupción de infausto recuerdo. No sería raro que el líder del PP se presentara en Bruselas para denunciar que los socialistas se gastarán 140.000 millones en putas y cocaína. Von der Leyen no va a saber dónde meterse, porque a fin de cuentas eso es como acusar de corrupta a la Comisión Europea, que tiene la intención de controlar la llave que dé acceso a los fondos.
La realidad le jugó una mala pasada a Casado. Horas después de su intervención en el Congreso, se supo el contenido de un escrito enviado por Luis Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción en el que confirma la existencia de la caja B en el PP, además de la identidad de los destinatarios de los sobresueldos en la cúpula del partido incluido Mariano Rajoy. Ese dinerito extra llegaba a la caja fuerte de Génova gracias a las donaciones secretas e ilegales de empresarios.
Según la lógica de Casado en sus críticas a la futura gestión de los fondos de la UE por el Gobierno, sería legítimo sospechar que si el PP estuviera en Moncloa, el dinero europeo se utilizaría para financiar otra reforma de la sede de Génova o abonar una paga extra a sus dirigentes.
Volvió la sesión de control al Congreso después de las vacaciones parlamentarias de enero, una semana después de que se aprobara en el pleno el decreto ley que establece el marco en el que funcionará el proceso de petición y asignación de los fondos europeos. Allí se produjo la sorpresa de ver cómo la abstención de Vox permitió la aprobación del decreto. No quedó claro por qué el partido de Santiago Abascal dio ese paso, más allá de una apelación a la defensa general de los intereses de España que Vox no se ha molestado en hacer a cuenta de todas las medidas tomadas para luchar contra la pandemia.
Los populares no podían desaprovechar esa oportunidad y, como es habitual en ellos, elevaron la crítica a los más altos niveles de paroxismo. Como si vinieran de gastarse los fondos de los ERE en asuntos de entretenimiento social. «El Gobierno Frankenstein tiene un nuevo socio», anunció Teodoro García Egea para referirse a Vox. Cuca Gamarra dio carta de naturaleza a «la pinza» que forman «Bildu y su querida extrema derecha», una conjunción tan loca que hay que imaginar que la portavoz parlamentaria se había presentado en el hemiciclo sin desayunar.
Egea también dijo que «el socio preferente de Illa es Esquerra Republicana», poco después de que Gabriel Rufián cargara contra el PSOE y el PSC en su discurso más duro contra los socialistas en esta legislatura. Ya se sabe que el llamado bloque de la investidura o de los presupuestos ha quedado en el congelador hasta que pasen las elecciones catalanas.
Esto ya no es geometría variable, sino una auténtica bacanal griega con todas las posturas posibles. De creer al PP, Sánchez e Iván Redondo pasarían a ser los mayores estrategas de la historia, lo que ya es mucho decir. Pero con el partido de Casado siempre hay posibilidades de ver un triple salto mortal sin red. Para escuchar lo de ‘Vox es ETA’, sólo habrá que esperar un poco más. Evidentemente, será compatible con seguir implorando a la extrema derecha para que apoye los presupuestos de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León.
Sánchez llevó el chiste demasiado lejos al comentar en dos ocasiones lo mucho que valoraba la aportación de Vox. A Abascal le dijo que «ustedes muestran a veces más responsabilidad y sentido de Estado que el líder de la oposición». Hay que sufrir de un agudo caso de amnesia para decir eso del partido que quiere ilegalizar a varios socios del Gobierno, ha acusado al Gobierno de provocar la muerte de decenas de miles de españoles en la pandemia y ha relacionado al PSOE con la pederastia. Sánchez olvida fácil los insultos, lo que es una forma de animar a los demás a que sigan en esa línea.
Casado venía con ganas a la sesión de control –solucionó la abstinencia parlamentaria de enero con la metadona que le daba un montón de viajes, pero no es lo mismo– y ofreció momentos para congraciarse con los votantes de Vox, que continúan siendo su oscuro objeto del deseo. «Tanto sacar la foto de Colón y se ha metido en la foto del Capitolio. Cualquier día le vemos con cuernos de bisonte», dijo a Sánchez con una mención a uno de los ultraderechistas que asaltaron el Capitolio en Washington (varias semanas sin pleno hacen que los chistes queden un poco forzados). Es típico en los salvadores de la democracia creer que ellos son la única esperanza, mientras que el Gobierno está lleno de enemigos de la libertad. Suelen dejar la democracia en peor estado del que la encontraron.
El PP lanzó la consigna a todos sus oradores para que exigieran a Sánchez el informe que escribió el Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos de la UE. «¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?», preguntó Casado. Si los fondos europeos pueden convertirse en fondos de reptiles, no es raro que un informe jurídico pase a ser algo más grave que los GAL. Para Casado, esta presunta ausencia es un «escándalo» que nunca había pasado en «la historia democrática» e incluso podría «anular el decreto» y hundir la reputación de España. Peor que la Gürtel, la Púnica y otros capítulos de la historia del PP.
Los informes del Consejo de Estado son preceptivos en la aprobación de las leyes. No se distribuye un informe del Consejo con cada uno de los numerosos decretos que aprueban los gobiernos. Los decretos se justifican en teoría por cuestiones de emergencia, y no es así como funciona el Consejo de Estado, un organismo que asesora al Gobierno. Eso no quiere decir que el informe no exista, sólo que el Gobierno no necesita presentarlo para que se convalide un decreto en el Congreso. Al no ser vinculante, Moncloa alega que sólo se incluyeron algunos fragmentos.
El PP y Ciudadanos sostienen que les han llegado «rumores» de que el texto del informe es «demoledor» para el Gobierno. Los grupos parlamentarios tienen derecho a pedirlo para leer sus recomendaciones y no hay razones para negárselo.
Cuando pase lo del informe, el PP buscará otro tema. Los fondos europeos le preocupan mucho, pero no por los motivos por los que la Comisión Europea está dispuesta a entregarlos.
