Juan Manuel Moreno Bonilla no movió un músculo mientras Mario Vargas Llosa desarrollaba su extraña teoría sobre lo importante que es «votar bien», no votar sin más como la gente cree. El presidente de Andalucía se quedó con la mirada fija en el escritor intentando desentrañar las intenciones del invitado a la convención del Partido Popular. No se atrevió a hacer el más mínimo gesto de apoyo ni tampoco de rechazo. Es como cuando un político escucha a un periodista hacer lo que llaman una pregunta-trampa. Cualquier cosa que digas o hagas te va a meter en problemas.
El repertorio de invitados internacionales ha provocado varias de estas situaciones en la convención que el Partido Popular celebra esta semana. El mensaje más frecuente: la democracia sólo es real si ganan los nuestros.
No ha sido un desliz. Pablo Casado ha decidido importar para la cita toda la polarización y rencor que caracterizan a la política latinoamericana de las últimas décadas. Para el presidente del PP, no ha sido ningún problema, porque ese es el tipo de confrontación que desea para España. Es también el mensaje más empleado por José María Aznar desde los tiempos del Gobierno de Rajoy. Mientras en Europa los análisis de los medios de comunicación se centran en las agresiones a la democracia liberal que han protagonizado Donald Trump y sus correligionarios europeos en Polonia y Hungría, el PP ya sólo mira a Latinoamérica y ve herederos del chavismo en todos los frentes, lo que demostraría que la izquierda quiere acabar con las libertades.
Todos los partidos creen que es un error votar a los otros. Nos lo recuerdan con frecuencia en las campañas electorales. No hay tantos que estén convencidos de que su derrota supondrá el fin de la democracia, el universo y todo lo demás. Ese es el problema de Vargas Llosa, que aún no ha superado la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú.
En julio, el Foro Atlántico –organizado por la fundación que él preside– ofreció en Madrid una jornada de debates en la que el plato fuerte fue la denuncia del fraude en el escrutinio que en esos momentos estaba dando la victoria al izquierdista Pedro Castillo. Para ello, se invitó a Daniel Córdova, que fue ministro durante 23 días en el Gobierno de Martín Vizcarra en 2018. Dijo tener pruebas documentales irrebatibles de que a Fujimori le habían robado el triunfo en las urnas. En el día en que el recuento daba a Castillo una ventaja de 44.000 votos, Córdova dijo que «nosotros hemos detectado 200.000 votos falseados».
El tribunal electoral rechazó las demandas presentadas por los partidarios de Fujimori. El resultado final otorgó la victoria a Castillo con 44.263 votos más que la hija del exdictador Alberto Fujimori (50,1%-49,8%). La OEA, EEUU y la UE dieron validez al escrutinio y ratificaron su confianza en el trabajo de las autoridades electorales realizado en unas condiciones muy difíciles a causa de un resultado tan apretado. No faltó un llamamiento de cien oficiales retirados del Ejército y la Policía para impedir por la fuerza la toma de posesión de Castillo.
En Madrid, Vargas Llosa se lamentaba en julio de que la campaña de la derecha latinoamericana contra Castillo no estaba teniendo éxito. Se quejó de que la mayoría de los medios internacionales describieran al candidato socialista como alguien «cercano a los pobres» y no dieran pábulo a las denuncias de fraude.
El fracaso de la operación para impedir la victoria de Castillo no ha desalentado al PP. Invitó al exministro Córdova a la convención de esta semana, probablemente por sugerencia de Vargas Llosa. La frase polémica del escritor en la convención –»lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien»– tiene su origen en lo ocurrido en Perú. Votar libremente es un error si eso conduce a la derrota de los candidatos derechistas en Latinoamérica.
La jornada del viernes de la convención del PP, que tuvo lugar en Cartagena, ofreció a otro invitado adepto a las tesis de Vargas Llosa. El expresidente colombiano Andrés Pastrana arrancó su intervención acusando al expresidente Juan Manuel Santos, el político conservador que firmó el acuerdo de paz con las FARC en 2016, de haber aceptado la suspensión del uso del glifosato en la erradicación de los cultivos de coca a instancias de la guerrilla. En realidad, Santos puso fin a las fumigaciones aéreas en 2015 después de la recomendación de la OMS y de la Corte Suprema de Colombia por los daños que originaban en la salud y el medio ambiente. El actual presidente, Iván Duque, firmó en abril un decreto para iniciar otra vez las fumigaciones.
Pastrana recurrió también a la teoría de la conspiración extendida en la derecha latinoamericana por la que todas las movilizaciones y candidatos de la izquierda responden a la iniciativa del Foro de São Paulo, un cónclave internacional iniciado en 1990. Según políticos como el colombiano Álvaro Uribe o el brasileño Jair Bolsonaro, es un instrumento para «desestabilizar a todo el continente». Su papel público más relevante es más cosa del pasado y ahora no pasa de ser un ‘think tank’ que reúne a políticos e intelectuales de izquierda.
El hundimiento económico de Venezuela desde 2014 no ha hecho que la derecha deje de considerarla el origen de todos los males. Con ocasión de las últimas elecciones de Perú, Pastrana dijo que «hay serios indicios que Venezuela tiene sus manos metidas en el sistema electoral peruano». Ni siquiera el Departamento de Estado de EEUU le compró esa idea.
El invitado de honor de la convención en Cartagena fue el expresidente mexicano Felipe Calderón. Casado le elogió con pasión destacando sus reformas en la economía de su país y cómo consiguió «mejorar la seguridad». Esto último debe de ser toda una noticia para los mexicanos. Ocho días después de asumir el poder, Calderón, del partido conservador PAN, lanzó una guerra contra el narcotráfico utilizando al Ejército por primera vez de forma masiva en labores de seguridad. Comenzó entonces una carnicería que aún no se ha detenido. Durante su sexenio en el cargo, unas 60.000 personas murieron asesinadas, la mayoría a manos del narco, y hubo 27.000 desaparecidos.
Algunos éxitos en la detención de líderes de los cárteles tuvieron un reverso dramático. Las organizaciones criminales se hicieron más pequeñas y compitieron con violencia extrema para asegurarse el control de las rutas más rentables del envío de drogas a EEUU. Nacieron nuevos grupos como Los Zetas, fundado por exmilitares y expolicías, que tiñeron de sangre el norte del país. Se produjo un incremento dramático en las denuncias de torturas y asesinatos extrajudiciales cometidos por el Ejército. Human Rights Watch documentó 249 desapariciones de personas capturadas por militares que luego negaron haberlos detenido. La organización admitió que se trataba de un número muy inferior al real.
Calderón presumió en su intervención de Cartagena sobre cómo aumentó hasta 30.000 el número de agentes de la Policía Federal y se aseguró su limpieza con un sistema de «exámenes de control de confianza» que incluía el uso del polígrafo. Deberían haberlo extendido a la cúpula de su Gobierno.
El artífice de esa modernización fue alguien de la máxima confianza del presidente. Genaro García Luna, ministro de Seguridad Pública, ocupó ese cargo durante todo el mandato presidencial. Un año después de dejar el poder, la revista norteamericana Forbes puso su nombre en la lista de los diez políticos mexicanos más corruptos. Un importante narco había informado desde la cárcel que el exministro llevaba diez años en la nómina de los narcos. Él respondió que se trataba de «una campaña de desinformación».
Hoy García Luna está encerrado en una prisión norteamericana –fue detenido en Dallas en 2019– y su juicio se celebrará a finales de octubre. El que fue brazo derecho de Calderón está acusado de narcotráfico y de aceptar durante años sobornos millonarios de El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para permitir el envío de toneladas de cocaína a territorio de Estados Unidos.
Un invitado habitual del Partido Popular y de Vargas Llosa no ha aparecido esta semana en la convención. El expresidente argentino Mauricio Macri se ha quedado en su país y este viernes se ha empezado a entrever por qué. Un juez lo ha llamado a declarar como imputado para el 7 de octubre y le ha prohibido salir del país. Lo investiga por su relación con el espionaje ilegal a las familias de los fallecidos en el hundimiento de un submarino en el que murieron sus 44 tripulantes en 2017.
Lo último que le faltaba al PP era que se hubiera conocido su imputación mientras Casado le elogiaba con pasión durante la convención.
