En uno de los giros de trama más previsibles de la política española, la policía ha detenido el martes en Valencia a 24 personas, de las que ocho son políticos del PP,por su relación con los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, lo que viene a llamarse corrupción política. Por decirlo con otras palabras, hay organizaciones criminales de larga trayectoria que no han demostrado la persistencia y capacidad de las que ha hecho gala el PP valenciano en la última década.
Y sin embargo, sus dirigentes actuales en Madrid y en Valencia no se sienten afectados por esta ola de personas a las que abrazaron y elogiaron que ahora son detenidos y conducidos ante un juez. De la misma forma que tampoco se inmutaron cuando algunos de esos delincuentes robaban del dinero destinado a la cooperación con el Tercer Mundo (esos que en sus conversaciones telefónicas les llamaban «negratas»), robaban de los fondos públicos comprometidos para la visita de un Papa, o cargaban comisiones a las obras públicas para financiar el partido o sus gastos personales, o recibían regalos de lujo de los empresarios e intermediarios que se beneficiaban de su decisiones políticas.
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