El bipartidismo está muerto en España a causa de la voluntad de los votantes. No lo parece a veces cuando tantos medios sostienen que la mayoría de los problemas se solucionarían si el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo en todo, lo que nunca hicieron cuando dominaron la política durante décadas. Ser el principal partido de la izquierda o la derecha confiere un gran poder. No tanto como para hacer lo que quieras. Esta semana es uno de esos momentos en que resulta más patente. El PSOE ve cómo Unidas Podemos intenta sacar pecho en un tema por el que ha hecho muchas promesas, los desahucios. El PP se presenta con uno de sus proyectos estrella, del que llevaba hablando meses, y resulta que son los otros grupos de la oposición conservadora los que le sacuden con más fuerza. Les dieron con tanto brío que los partidos del Gobierno tuvieron la oportunidad de estirar las piernas y sacar la bolsa de palomitas.
El partido de Pablo Casado recibió además malas noticias de Bruselas. La Comisión Europea anunció que el proyecto presupuestario español «se ajusta globalmente» a las recomendaciones de la UE. También dijo que, en relación a la deuda pública, el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que otros países, tiene que ser «particularmente cuidadoso en cuanto a la estabilidad a medio plazo». Medio plazo quiere decir que de momento no hay que ponerse nerviosos, al menos durante el 2021.
La respuesta no es un sorpresa en estos tiempos de pandemia en los que la Comisión pretende que los gobiernos gasten lo que sea necesario, pero el PP había decidido creer en los Reyes Magos y pensar que la Comisión Europea se iba a ocupar de ponerle las cosas muy fáciles. Los eurodiputados del PP deberían leer más el Financial Times.
Peor fue el martes en el Congreso. El PP presentaba su famosa propuesta de un plan B jurídico para no tener que recurrir al estado de alarma en la pandemia. Estaba tan convencido de que era una buena idea que puso en la tribuna para defenderla a su portavoz, Cuca Gamarra. No pulsó antes la opinión de Vox y Ciudadanos y el resultado fue que Gamarra hizo el ridículo. «No sé quién le ha escrito su discurso, pero no sabe lo que ha dicho y no ha entendido nada», le dijo José María Sánchez, de Vox. Puestos a sobrarse, Sánchez, que es catedrático de Derecho, le recomendó que se volviera a la facultad. Edmundo Bal, de Ciudadanos, fue más correcto, pero no menos rotundo. El plan B no vale «ni como plan Z» y «al Tribunal Constitucional no le dura ni cinco segundos».
Gamarra se fue del hemiciclo con un suspenso de los que duelen en la asignatura de derechos fundamentales, pero la humillación es mayor para su director de estudios. Casado se ha pasado meses dando entrevistas en las que no ha parado de hablar de las virtudes de su propuesta de plan B para acabar descubriendo que sólo provoca risas o menosprecios en los únicos partidos que podían apoyarlo.
El PSOE tiene que aguantar otro de esos periodos en los que Unidas Podemos decide que necesita expresar su identidad diferenciada y salirse del guión que marca Moncloa. En el asunto de la reforma laboral, Podemos no hace mucho ruido, porque metería en problemas a la ministra Yolanda Díaz en Trabajo. En otros, necesita ponerse de puntillas para que se sepa que ser el segundo partido del Gobierno de coalición no significa tragar con todo. De ahí que haya presentado una enmienda a los presupuestos junto a ERC y Bildu para que la prohibición de los desahucios a personas «en situación de vulnerabilidad» se prolongue dos años más.
Algunos socialistas lo sabían desde el día anterior, lo que no quiere decir que les haya gustado. Que dos partidos que forman un Gobierno firmen juntos las enmiendas parciales a los presupuestos suena tan lógico como que hayan pactado antes las cuentas. Pero la lucha contra los desahucios fue una de las primeras banderas que Podemos enarboló al fundar el partido. Frente a algunos comentarios falsos del Gobierno, que decía que no se estaban produciendo durante la pandemia, la realidad es muy diferente.
La enmienda se parece demasiado a una herramienta para presionar al Gobierno desde fuera con la colaboración de otros dos grupos. Y, como siempre en política, ocurre que lo llamativo no es que alguien presente una iniciativa, sino cómo la venda. Pablo Iglesias lo hizo en Twitter con un mensaje que hace más daño al PSOE que a la derecha: «La paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo. Pero a nosotros no nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias». Por las mismas, podría haber dicho: no como otros.
Los otros no se van a quedar callados. «Les falta madurez para entender que los acuerdos están para cumplirlos», dijo el socialista José Zaragoza. Podemos «no sabe estar en un Gobierno de coalición», afirmó Idoia Mendia, líder del PSOE vasco. Fue más incisivo el nacionalista Aitor Esteban: «Algunos entienden la política más como postureo que como acción efectiva». Esteban tenía ganas de meter el dedo en el ojo a Podemos. Se sorprendió de que el partido de Iglesias no pudiera incluir el veto a los desahucios en el proyecto de presupuestos (una forma de llamarles débiles): «Me parece sorprendente la falta de fuerza de Podemos en el Gobierno».
En realidad, no le sorprende nada. Sólo quería dejarlo claro. El PNV aún está receloso por el interés de Iglesias en meter a EH Bildu en el pacto presupuestario.
El Gobierno de coalición sobrevivirá a esta discrepancia de sus integrantes. Los presupuestos son básicos para dar un año de tranquilidad al Gobierno, y quizá hasta toda la legislatura, alejando el riesgo de unas elecciones anticipadas. El problema reside en que vayan acumulándose obstáculos pequeños que terminen convirtiéndose en uno mayor. La crisis de la inmigración en Canarias y el conflicto del Sahara son otros dos asuntos de estos días en que es probable que los puntos de vista del PSOE y Podemos no coincidan. Si se dejan llevar por las pasiones, podrían soportar situaciones más dolorosas que los comentarios irónicos de Aitor Esteban.