Tienen seis, cuatro y dos años. Han perdido el derecho a la asistencia sanitaria porque su padre, junto a un familiar, entró en una sinagoga de Jerusalén para matar a cinco personas. Los tres niños nacieron y viven en Jerusalén, pero tendrán que pagar por los crímenes cometidos por su padre. La decisión de la Seguridad Social israelí es una más de las muchas con las que las autoridades del país castigan a los familiares de los autores de asesinatos por motivos políticos. No hay límites de edad ni de parentescos. Los niños también son culpables.
En este caso, es posible que la decisión no tenga repercusiones prácticas, porque los niños, junto a su madre, tendrán que dejar Jerusalén. Su madre ha visto revocado su derecho a residir en la ciudad. Nació en Cisjordania y consiguió el derecho a vivir en Jerusalén por su matrimonio. Con el marido muerto, su deportación a algún punto controlado por la Autoridad Palestina está ya decidida, según los medios israelíes.
Entre estas medidas de represalia, la más conocida es la demolición de las casas. El autor de un atentado ya está muerto en muchos casos, con lo que la venganza se extiende a sus parientes directos. Grupos israelíes de derechos humanos continúan intentando que el Tribunal Supremo ponga fin a esta práctica por ser ilegal, no ya contraria al artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, sino también a la propia legislación israelí.
Los gobiernos siempre justifican esta política de castigo colectivo trasladado a la unidad familiar por la necesidad de ajustar cuentas, demostrar que esta violencia no quedará impune o enviar un mensaje a los palestinos. Luego ante el tribunal no pueden sostener estos argumentos porque serían rechazados, y se dedican a sostener que se busca crear con estas medidas un efecto disuasorio inexistente en la práctica y que nunca se ha probado.
Cuando un israelí asesina a un palestino por razones políticas, su casa nunca es derribada. Hay dos varas de medir, pero aunque no existieran no habría posibilidades de tomar legalmente esta medida: ningún tribunal lo permitiría al suponer un castigo sobre unas personas (cónyuge o hijos) que no han cometido ningún delito. Pero hasta ahora el Tribunal Supremo israelí ha tolerado estas represalias contra palestinos. La discriminación por motivos raciales o políticos siempre es más fácil de imponer cuando los jueces colaboran con los políticos en la eliminación de derechos.
